Ley de Cantabria 9/2017, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

Fecha de Entrada en Vigor: 1 de Enero de 2018
Sección:1 - Disposiciones Generales
Emisor:Parlamento de Cantabria
Rango de Ley:Ley
 
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PARLAMENTO DE CANTABRIA
CVE-2017-11682 Ley de Cantabria 9/2017, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas.
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad
el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2º del Estatuto de Autonomía para Can-
tabria, promulgo la siguiente:
Ley de Cantabria 9/2017, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
PREÁMBULO
La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2018 establece deter-
minados objetivos de política económica, cuya consecución hace necesario la aprobación de
diversas medidas normativas que permitan una mejor y más e caz ejecución del programa
económico del Gobierno de Cantabria, en los distintos ámbitos en que aquel desenvuelve su
acción. Este es el n perseguido por la presente Ley que, al igual que en años anteriores, re-
coge las medidas de naturaleza tributaria que acompañan a la Ley de Presupuestos, así como
otras de diferente carácter que afectan a la actuación, gestión y organización de la Adminis-
tración Regional.
I
El Título I de la ley, bajo la rúbrica "Medidas Fiscales" se divide en dos capítulos. El primer
capítulo se re ere a las normas relacionadas con los tributos propios y recoge la creación,
modi cación y actualización de algunas de las Tasas de la Administración y de los organismos
públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de
diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Diputación Regional de Cantabria, conforme a la
potestad tributaria de la Comunidad Autónoma de Cantabria emanada de los artículos 133,
156 y 157 de la Constitución, desarrollada en el artículo 17 la Ley Orgánica 8/1980 de 22 de
septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y plasmada en el artículo 47 del
Estatuto de Autonomía de Cantabria.
Dentro de las tasas aplicables por la Consejería de Educación, de conformidad con el ar-
tículo 19 de la ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2017, que autoriza a las Administraciones Públicas a la reducción de la tasa de interinidad
hasta un noventa por ciento en el sector público docente, y teniendo en cuenta que la citada
tasa se sitúa en el ámbito del personal docente de Cantabria en el 35 por ciento, se ha conside-
rado necesario llevar a cabo en el año 2018 la convocatoria de procesos selectivos de personal
docente para cubrir un elevado número de plazas, entre 300 y 400.
Con motivo de este número elevado de plazas la previsión de aspirantes en dicho proceso
se prevé muy alta, entre 10.000 y 15.000 aspirantes, tomando como referencia tanto el último
proceso selectivo del Cuerpo de Secundaria del año 2016 en el que para 178 plazas se pre-
sentaron 5000 aspirantes o la última convocatoria autonómica para ampliar listas del Cuerpo
de Maestros en las especialidades de Educación Física, Pedagogía Terapéutica y Audición y
Lenguaje en el que se presentaron otros 5000 aspirantes, procediéndose a la modi cación de
la "2. Tasa por participación en procesos de selección para el acceso a cuerpos docentes".
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El artículo 57 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la redacción dada
por Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece
dentro de la ordenación de las enseñanzas, las enseñanzas artísticas superiores.
Tienen la condición de enseñanzas artísticas superiores, los estudios superiores de música
y de danza, las enseñanzas de arte dramático, las enseñanzas de conservación y restauración
de bienes culturales, los estudios superiores de diseño y los estudios superiores de artes plás-
ticas, entre los que se incluyen los estudios superiores de cerámica y los estudios superiores
del vidrio.
La ordenación reglamentaria de los estudios superiores, se ha realizado mediante el Real
Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con
las modi caciones efectuadas por el Real Decreto 21/2015, de 23 de enero.
Estos títulos están incluidos, a todos los efectos, en el nivel 2 del Marco Español de Cuali -
caciones para la Educación Superior y serán equivalentes al título universitario de grado. Junto
con la expedición del título, ha de realizarse la del Suplemento Europeo al Título.
Dado que a partir del año 2018, se comenzarán a expedir en Cantabria los Títulos Superio-
res de Diseño, es necesario, en consecuencia, incluir dentro de las tasas aplicables a la Con-
sejería de Educación, Cultura y Deporte, la que ampare la expedición de los Títulos Superiores
de cualquier modalidad y especialidad.
Esto hace necesario modi car, incluyendo dentro de la Tasa 1, aplicable a la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, la Tasa para expedición de los mencionados títulos.
El Título I de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, al regular las enseñan-
zas y su ordenación, incluye, entre otras las enseñanzas artísticas (capítulo VI) y las enseñan-
zas deportivas (capítulo VIII).
Entre las enseñanzas artísticas están incluidas elementales y profesionales de música y
danza, los grados medio y superior de artes plásticas y diseño y las enseñanzas artísticas su-
periores (estudios superiores de música y danza, arte dramático, conservación y restauración
de bienes culturales, estudios superiores de diseño y de artes plásticas, así como los de cerá-
mica y vidrio). Las enseñanzas deportivas se organizan tomando como base las modalidades
deportivas y, en su caso, sus especialidades de conformidad con el reconocimiento otorgado
por el Consejo Superior de Deportes.
La propia Ley Orgánica de Educación establece entre los requisitos de acceso a estas ense-
ñanzas la celebración de una prueba de acceso regulada y organizada por las Administraciones
Educativas.
En Cantabria, se imparten en la actualidad diversas modalidades de las enseñanzas depor-
tivas, enseñanzas profesionales de música y de danza, ciclos formativos de artes plásticas y
diseño y enseñanzas superiores de diseño.
Para todas ellas la Consejería de Educación, Cultura y Deporte debe regular y organizar las
pruebas que constituyen requisito de acceso que incluyen pruebas generales y especí cas que
suponen unos costes de diseño, organización y celebración que asume el Gobierno de Can-
tabria y deben repercutirse en los bene ciarios como sucede en otras enseñanzas sujetas a
pruebas de acceso (los grados superiores de formación profesional inicial y de artes plásticas y
diseño). Se excluyen de esta previsión las enseñanzas elementales de música y danza ya que
no dan lugar a la obtención de títulos y van dirigidas al alumnado de menor edad, siendo inte-
rés de la Consejería fomentar el acceso de los jóvenes a estas enseñanzas y el establecimiento
de una tasa para participar en la prueba de acceso pudiera limitar esta posibilidad. También se
excluyen las enseñanzas profesionales de música ya que el Decreto 16/2014 regula el precio
público correspondiente a la prueba de acceso en los Conservatorios de Cantabria.
Esto hace igualmente necesario modi car la denominación de la Tasa 4, aplicable a la Con-
sejería de Educación, Cultura y Deporte, y la inclusión en la misma de las enseñanzas cuya
prueba de acceso estará sometida a tasa.
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Se procede a la actualización de Tasas de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria y de sus Entes de Derecho Público elevando los tipos de cuantía ja hasta la cuantía
que resulte de la aplicación del coe ciente 1,5 por ciento al importe exigido para el ejercicio
2017.
En materia de tributos cedidos por el Estado, se modi ca el Decreto Legislativo 62/2008,
de 19 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Medidas Fiscales en
materia de tributos cedidos por el Estado, incorporando una intensa reforma scal que tiene
como principal objetivo impulsar el crecimiento económico equitativo de nuestra región, esto
es, que el desarrollo económico que pueda generarse sea compartido por el conjunto de los
ciudadanos de Cantabria.
La Comunidad Autónoma de Cantabria no ha sido ajena a las enormes vicisitudes gene-
radas por la crisis ni tampoco a las cada vez más fuertes exigencias en materia de control
presupuestario. Precisamente en esta línea, el Gobierno, en aras de cumplir con la disciplina
presupuestaria que le exigen las actuales circunstancias, ha comenzado un proceso de revisión
de los recursos tributarios de su competencia al objeto de adoptar las medidas necesarias para
el correcto cumplimiento de sus objetivos tanto de dé cit como de deuda, siempre partiendo
de la base del extraordinario esfuerzo que hasta ahora han venido haciendo los ciudadanos. El
objetivo nal por tanto no es otro que el de aprobar una reforma scal e ciente, justa y equi-
librada que coadyuve a combatir las desigualdades generadas en los últimos años.
Cantabria está iniciando un periodo de rmeza económico- nanciera que se traduce en un
incremento de su credibilidad ante los inversores. Son los esfuerzos realizados por todos los
ciudadanos en los últimos años los que sitúan a nuestra región ante mejores perspectivas.
Nuestro crecimiento económico se a anza y algunas grandes empresas empiezan a con ar
en nuestra región al elegirla como centro de trabajo. Es esta credibilidad y este crecimiento
económico lo que pretendemos potenciar con la reforma scal que se plantea para 2018, apro-
vechando para devolver a los ciudadanos una parte del esfuerzo que, durante los últimos años
han hecho.
En este sentido, en materia del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se rebaja míni-
mamente la boni cación de las adquisiciones mortis causa para los grupos I y II que pasa del
99 al 95 por ciento para aquellas bases imponibles individuales superiores a 60.000 euros, al
90 por ciento para aquellas superiores a 200.000 euros y se eleva al 100 por ciento para aque-
llas inferiores a 60.000, esto es, la gran mayoría de contribuyentes. En el mismo sentido se
procede a limitar hasta 50.000 euros la reducción del 100 por ciento en los seguros de vida y
hasta 300.000 la reducción de la vivienda habitual del causante garantizando en este caso una
boni cación mínima del 95 por ciento para los primeros 125.000 euros calculados de forma
individual. Por otra parte, se aumenta hasta 25.000 euros la reducción de la que disfrutan los
parientes colaterales de segundo grado, esto es, los hermanos, en las adquisiciones mortis
causa con el objetivo de establecer una tributación más equilibrada, coherente y justa.
Por primera vez desde que la Comunidad Autónoma tiene competencias normativas sobre
la materia se procede a regular el tipo de gravamen de las donaciones para los grupos I y II,
esto es, cónyuges, descendientes, adoptados, ascendientes, adoptantes y tutores legales al
objeto de aplicar unos tipos efectivos más actuales, justos y equilibrados que permitan llevar
a cabo estas operaciones sin especial menoscabo de las arcas públicas. Es por ello que se es-
tablece un tipo de 6por ciento para las donaciones hasta 50.000 euros, del 10 por ciento hasta
100.000, 20 por ciento hasta 400.000 y 30 por ciento por encima de esa cantidad.
En materia del Impuesto sobre el Patrimonio se mantiene el mínimo exento pero se regula
una nueva tabla para regular los tipos de gravamen de manera progresiva que permita aumen-
tar el esfuerzo scal a los contribuyentes con mayor capacidad económica.
Por lo que respecta al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, se equipara el tipo de gravamen de las transmisiones patrimoniales onerosas al
tipo reducido del Impuesto sobre el Valor Añadido, esto es, el 10 por ciento. El mismo tipo de
gravamen se aplicará a las concesiones administrativas. El tipo de gravamen aplicable a las
transmisiones patrimoniales de bienes muebles aumenta hasta el 8 por ciento.
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Especial importancia tiene la modi cación del apartado 5 del artículo 2 del Texto Refun-
extender las deducciones en el Impuesto de la Renta de las personas físicas a las personas
ex-acogedoras con las que conviva una persona mayor de edad que se hubiera tenido acogida
hasta la mayoría de edad, que se efectuaría con determinadas condiciones.
El motivo es que el acogimiento familiar es una relación que produce la plena participación
del menor en la vida de familia y lleva consigo para las personas acogedoras unas obligaciones
similares a las que se atribuyen a las personas que ostentan la patria potestad, (artículos 154
y 173 del Código Civil). Por ello, numerosas normas jurídicas se equiparan los efectos respecto
a las personas menores acogidas respecto a los que se producen respecto de los hijos e hijas.
Esto es lo que ocurre respecto a las deducciones scales en el impuesto de la renta de las
personas físicas.
Por este motivo, se extienden las deducciones a las personas que fueron acogedoras y que
continúan conviviendo con la persona que tuvieron acogida, a la que proporcionan los medios
adecuados para prepararla para su emancipación, sin romper el vínculo protector con la misma
tras cumplir la mayoría de edad. En este sentido cabe equiparar la protección scal en los
mismos términos que la prevista cuando existen hijos/as mayores de edad que conviven en el
domicilio familiar.
Las constantes modi caciones legales en materia de Tributos Cedidos por el Estado e Im-
puestos Propios de la Comunidad Autónoma aconsejan la prórroga, para el año 2018, de la
autorización para la elaboración de un texto refundido, autorización que fue concedida por la
Disposición Adicional Primera de la Ley de Cantabria 10/2012, de 26 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas.
La modi cación de las tasas y del resto de los tributos propios o cedidos cumple con los
principios exigidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas de la siguiente manera:
— Los principios de necesidad y e cacia, se cumplen en la medida que la iniciativa norma-
tiva debe estar justi cada por una razón de interés general, como es garantizar la prestación
de los diferentes servicios y la de procurar unos ingresos que permitan costear los gastos
generales.
— El principio de proporcionalidad, pues Los importes establecidos lo han sido siempre en
función y por debajo del coste del servicio y las deducciones en la cuantía adecuada que per-
mitan atender a los intereses generales.
— El principio de seguridad jurídica, pues la regulación se la realizado de manera coherente
con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, concretamente al am-
paro de la Ley 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la CCAA de Cantabria
y el principio de su ciencia nanciera establecido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por
la que se regulan las medidas scales y administrativas del nuevo sistema de nanciación de
las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
II
El Título II de la Ley, bajo la rúbrica "Medidas Administrativas", engloba una serie de medi-
das que afectan a la actuación, gestión, y organización de la Administración autonómica.
Se modi ca la Ley de Cantabria 1/2014, de 17 de noviembre, de Transporte de Viajeros
por Carretera, al objeto de establecer el marco normativo adecuado para proporcionar una
movilidad adecuada a los ciudadanos de la Comunidad Autónoma. La citada ley se re ere en
su artículo 3 a, entre otros, la satisfacción de la demanda de movilidad en condiciones de ca-
lidad, seguridad y comodidad de la población en general, con especial atención a los sectores
sociales menos favorecidos económicamente y a aquellos colectivos que presenten di cultades
de movilidad, así como a las zonas en las que por su densidad de población, lejanía o difícil
accesibilidad, el transporte público resulte necesario para promover la igualdad de oportunida-
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des. Asimismo, se establece como objetivo de la citada política de transportes una utilización
racional y medida de los recursos públicos que se destinen a inversiones y al fomento de los
transportes, debiéndose emplear en proyectos y actuaciones que ofrezcan la mayor viabilidad,
rentabilidad social y ambiental.
En Cantabria, la población de las zonas rurales, especialmente del interior, se distribuye
de manera dispersa, dándose la circunstancia de que existen numerosos municipios donde
la densidad de población, unida a la aludida diseminación, impiden establecer unos servicios
de transporte regular de viajeros de uso general con una ocupación mínima que asegure su
viabilidad social y económica. Por ello, existen pequeños núcleos de población que no pueden
disponer de servicios de transporte público que garanticen una adecuada movilidad de sus
habitantes.
Para paliar esta situación la Ley 1/2014, de 17 de noviembre, establece criterios normativos
que posibilitan la integración del servicio de transporte público regular de viajeros de uso ge-
neral y de uso especial, al objeto de mejorar la prestación del citado servicio en la Comunidad
Autónoma de Cantabria, optimizando y rentabilizando los recursos públicos. En este sentido,
la experiencia de integrar el transporte rural y el escolar, como ejemplo más característico del
transporte de uso especial, no es desconocida en otras partes del territorio nacional y en el
ámbito europeo.
Así, el artículo 32 de la indicada Ley 1/2014, de 17 de noviembre, prevé en su apartado 7
que excepcionalmente, en los servicios de transporte regular de uso especial contratados por
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se podrá autorizar que
dicho transporte de uso especial y el transporte de uso regular puedan prestarse de forma con-
junta, en los términos que reglamentariamente se establezcan y respetando, en todo caso, las
exigencias básicas en materia de contratación que establece la normativa vigente, de acuerdo
con los principios de objetividad y transparencia.
En de nitiva, con objeto de posibilitar el adecuado desarrollo reglamentario de este apar-
tado se considera necesario precisar los supuestos en los que resultará factible la integración
de tipos de transporte a la que se re ere, indicándose de esta manera a través de la modi ca-
ción promovida que la aludida integración será posible en dos supuestos: en los servicios de
transporte regular de uso especial contratados por la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Cantabria que discurran por itinerarios con trá cos no atendidos por servicios
regulares de uso general por no ser viable su establecimiento, o cuando estando dichos trá -
cos atendidos por servicios regulares de uso general no estuviera garantizada una adecuada
realización y continuidad de estos servicios.
En este sentido, se modi ca artículo 32.7 de la Ley de Cantabria 1/2014, de 17 de noviem-
bre, de Transporte de Viajeros por Carretera.
Se modi ca, asimismo, la Ley de Cantabria 1/2002, de 26 de febrero, del Comercio de Can-
tabria, estableciendo un plazo determinado para la tramitación de expedientes sancionadores
en materia de comercio, jándose el plazo de un año.
Se modi ca, igualmente, la Ley de Cantabria 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los
Consumidores y Usuarios, con objeto de garantizar y elevar el nivel de protección de los con-
sumidores y usuarios en los servicios de suministro de combustibles y carburantes de auto-
moción. Debe recordarse en este sentido que el Decreto 40/1998, de 30 de abril, que regula
la protección de los derechos de los consumidores y usuarios en el servicio de suministro de
combustibles y carburantes de automoción y calefacción no pudo contemplar, como no podía
ser de otra forma, la posibilidad de la existencia de instalaciones desatendidas, al ser el Real
Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, el que modi có el Reglamento de las instalaciones pe-
trolíferas e introdujo un nuevo tipo de servicio en las estaciones o unidades de servicio una
nueva clasi cación en función del sujeto que presta el servicio de suministro: las instalaciones
desatendidas.
Hasta la fecha no ha habido una necesidad imperiosa de adaptar la normativa de protec-
ción de los consumidores y usuarios en Cantabria, dada la escasa implantación en la región de
este tipo de instalaciones y al hecho de que el sector ha venido funcionando y respetando con
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normalidad los derechos reconocidos a los consumidores y usuarios. No obstante, las medi-
das adoptadas por el Gobierno de la Nación para intensi car la competencia en los mercados
de bienes y servicios y para elevar el crecimiento económico, entre las que destaca el Real
DecretoLey 4/2013 de 23 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del
crecimiento y de la creación de empleo, han supuesto un elevado interés empresarial en este
tipo instalaciones desatendidas.
En consecuencia, como se señalaba, para garantizar y elevar el nivel de protección de los
consumidores y usuarios de estos servicios se procede a la modi cación de la Ley de Canta-
bria 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los Consumidores y Usuarios. La nalidad de la
modi cación es que todas las instalaciones de venta al público al por menor de gasolinas y ga-
sóleos de automoción o calefacción dispongan en la propia instalación, mientras permanezcan
abiertas y en servicio, de personal debidamente formado y cuali cado que realice el servicio,
permitiéndose, no obstante, la existencia de instalaciones desatendidas cuando se cumplan los
requisitos legalmente previstos.
Por ello, se introduce una Disposición Adicional Segunda en la Ley de Cantabria 1/2006,
de 7 de marzo, de Defensa de los Consumidores y Usuarios, pasando la Disposición Adicional
Única a ser la Disposición Adicional Primera, incorporándose una nueva disposición adicional
segunda.
Se modi ca igualmente la Ley de Cantabria 5/1999, de 24 de marzo, de Ordenación del Tu-
rismo de Cantabria, a n de eliminar el sellado de las listas de precios por la Dirección General
competente en materia de turismo.
En el ejercicio de la actividad turística, la experiencia demuestra que la comunicación de
precios máximos a la administración conlleva la carga, para los titulares de los estableci-
mientos turísticos, de comunicar a la Administración los precios de los servicios cada vez que
incorporan nuevos productos, cambian el precio de los mismos e incluso cuando se modi can
los tipos del Impuesto sobre el Valor Añadido. Por otro lado, esta carga, desde el momento en
que los precios son libres y los comunicados a la Administración son los máximos, no garantiza
que los precios expuestos y cobrados a los clientes se correspondan con los comunicados a la
Administración.
La reforma efectuada, además de liberar de cargas administrativas a los titulares de los es-
tablecimientos turísticos mediante la señalada eliminación del sellado de precio, no lleva con-
sigo ninguna merma en la necesaria protección de los derechos de información de los clientes
de tales establecimientos, pues se aprovecha la ocasión para ahondar en la protección de tales
derechos, cuya tutela se perfecciona a través de una mayor precisión de las obligaciones de los
titulares de estos establecimientos en materia de publicidad de precios.
En este sentido, con el n de asegurar un turismo de calidad, se hace necesario que se
proporcione información a los clientes sobre los precios ciertos, no permitiéndose la existencia
de un régimen de publicidad basado en precios máximos. La supresión del sellado de precios
por la Administración conlleva la necesidad de modi car también los tipos infractores que san-
cionan su incumplimiento.
Se modi ca la Ley de Cantabria 2/2014, de 26 de noviembre, de Abastecimiento y Sa-
neamiento de Aguas de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en orden a prestar un mejor
servicio a los ciudadanos y lograr una mejor coordinación con el resto de Administraciones con
competencias en materia de abastecimiento de agua y saneamiento.
Se modi can los artículos 4.3, 5.2 y 7.4 de la Ley, para permitir que los convenios de
colaboración para delegar o encomendar competencias en materia de saneamiento y abas-
tecimiento entre administraciones, tengan una duración mayor que la establecida en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El artículo 49 del citado texto legal limita la duración máxima de los convenios a 4 años,
pudiendo acordarse una prórroga de cuatro años adicionales. Pero esa limitación tiene una
salvedad en el propio precepto, como es el que la normativa sectorial prevea un plazo superior.
Por ello, una norma sectorial con rango de Ley, como es la Ley 2/2014, de 26 de noviembre,
puede establecer un plazo superior a 4 años.
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Se incluye un plazo máximo inicial de 10 años, con la posibilidad de suscribir prórrogas de
10 años de forma sucesiva, en tanto se continúe con la prestación del servicio en la forma
pactada.
La necesidad de ampliar la duración de los convenios radica en que su objeto es la cesión de
infraestructuras que requieren de grandes inversiones para su explotación y mantenimiento. Si
el plazo no es lo su cientemente amplio, no resulta viable la realización de las inversiones. Por
ello se establece que la vigencia de los convenios se extienda de forma su cientemente pro-
longada en el tiempo, al menos mientras se mantenga la correcta prestación de los servicios
de abastecimiento y saneamiento.
Se modi ca el artículo 43.4 de la Ley de Cantabria 2/2014, de 26 de noviembre, para per-
mitir que la revisión del volumen de garantía asignado a un municipio pueda realizarse no solo
una vez cada 4 años, sino también cuando concurran circunstancias sobrevenidas e imprevis-
tas que hagan necesario incrementar dicho volumen.
La redacción inicial de la Ley permitía revisar el volumen de garantía asignado una vez cada
4 años, a petición del sujeto pasivo. Pero en la práctica se ha revelado que es preciso exibi-
lizar ese límite, pues pueden darse de forma inesperada circunstancias que hagan necesario
revisar ese volumen de garantía. En todo caso la revisión queda condicionada a la exigencia de
informe favorable del órgano competente en materia de abastecimiento y saneamiento.
Se incluye una Disposición Adicional Sexta, para posibilitar la utilización de métodos estan-
darizados, certi cados y reconocidos internacionalmente, cuando ello sea necesario para que
la Administración pueda determinar la carga contaminante que constituye la base imponible
del canon de agua residual industrial.
De este modo, se pretende dotar de mayor e cacia y seguridad a la Administración y a los
sujetos pasivos en la gestión de ese tributo.
Se modi ca la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales
en el siguiente sentido:
— En el artículo 29, se añade la precisión de que los requisitos para la obtención de la renta
social básica han de cumplirse en el momento de la solicitud y mantenerse durante el tiempo
de duración de la prestación, para dar más seguridad jurídica a la regulación y prevenir la
presentación de solicitudes con anterioridad al cumplimiento de requisitos como la edad o la
residencia.
En el requisito de la residencia efectiva que se contempla en la letra b) de este apartado,
se establece que la ausencia del territorio de la Comunidad Antónima de Cantabria por más de
90 días implica pérdida de la residencia efectiva. Se introduce esta medida para con gurar de
forma más detallada este requisito, y precisar sus condiciones, dado que el concepto de resi-
dencia efectiva no está descrito en la Ley de Derechos y Servicios Sociales ni se puede aplicar
por referencia a otras normas jurídicas.
— En el artículo 35.2, se mejora la redacción del apartado para facilitar la comprensión
de los supuestos en que se debe apreciar minoración del número de integrantes de la unidad
perceptora.
— En el artículo 36, apartados 2 y 3, se han agrupado en un solo apartado las distintas cau-
sas de suspensión de la prestación, para simpli car la regulación, dado que las consecuencias
son similares para todas las causas.
En el apartado 5 de este artículo se introduce una excepción en el precepto que excluye la
posibilidad de declarar la suspensión cautelar cuando existan personas menores de edad, para
el supuesto de imposibilidad de determinar el cumplimiento de requisitos por causa imputables
a la persona interesada. Esta modi cación obedece al propósito de incentivar la colaboración
de las personas titulares, y evitar que la protección de las personas menores de edad pueda
invocarse para amparar una total cooperación por parte de las personas perceptoras.
— Se modi ca el artículo 37, que regula la reanudación de la prestación, que regula con
mayor precisión esta circunstancia. En primer lugar, se determina que la reanudación se pro-
ducirá a instancia de parte, en consonancia con el hecho de que la suspensión de la prestación
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se produce por causas que dependen de la voluntad de la persona titular y generalmente de
duración indeterminada, por lo que resulta congruente que la reanudación sea instada por
ella misma. De esta forma podrá agilizarse el procedimiento, ya que si así es solicitado, las
actuaciones para reanudar la prestación podrán iniciarse tan pronto desaparezcan las causas
de suspensión.
Por otra parte, se establecen dos salvedades a la regulación existente sobre el devengo de
la prestación en los supuestos de reanudación de la renta. En el caso de que la reanudación
se deba a la nalización de una actividad laboral o del cobro de prestaciones periódicas, la
renta se devengará en el mes siguiente a la nalización de la actividad o prestación, salvo que
la cuantía percibida por estos conceptos fuera inferior a la renta social básica, en cuyo caso
la renta se devengará desde el día siguiente a la nalización de aquéllas, aplicándose en este
caso el criterio general.
En esta modi cación se han tenido en cuenta criterios de equidad para no otorgar un trato
desigual a las personas perceptoras que, dejando de percibir ingresos salariales o de otro
tipo, comenzaban a cobrar la renta con carácter inmediato pudiendo tener una duplicidad de
ingresos.
La segunda salvedad hace referencia a los supuestos de reanudación de la prestación por
retorno a la Comunidad Autónoma, en que se limita el abono de la renta correspondiente al
período de ausencia, sin que se pueda devengar cantidad alguna por los días que excedan del
diez por ciento del año natural, de forma que se evite que el abono de la renta en ausencias
prolongadas desvirtúe el objetivo de la prestación, que es el de subvenir a las personas en sus
necesidades básicas en el ámbito de la Comunidad Autónoma, pero no apoyar las estancias o
el ejercicio de actividades fuera de su ámbito territorial.
— La letra e) del artículo 38 se modi ca por motivos de mejora de la regulación, para de nir
de forma más adecuada y precisa los supuestos que harían decaer el cumplimiento de requi-
sitos y por tanto deberían considerarse causas de extinción de la renta. En el caso concreto,
se determina como causa de extinción el "haber percibido ingresos que en cuantía mensual
superen la cantidad que tiene jada como renta social básica", pues no sólo la actividad labo-
ral, a la que se circunscribe la regulación actual, puede ser fuente de ingresos, sino que éstos
pueden deberse a otras circunstancias.
— La letra b) del artículo 44 se modi ca para mejorar la regulación de las unidades percep-
toras diferenciadas que, compartiendo alojamiento, estuvieran unidas por determinados vín-
culos de parentesco, siempre que durante un año anterior al empadronamiento en el domicilio
compartido constituyeran unidades perceptoras. Estas unidades tienen carácter de excepción
respecto a los supuestos generales que consideran como una unidad los casos de varias perso-
nas que comparten alojamiento y que están unidas por estos mismos vínculos de parentesco.
Con la modi cación propuesta se añade la exigencia haber constituido unidades familiares
económicamente independientes durante los doce meses anteriores a la convivencia, a n de
asegurar que la renta cumpla únicamente su carácter social de apoyo a personas o familias que
no pueden sufragar sus necesidades básicas.
— Se modi ca el apartado 3 del artículo 52, en el que se suprime la obligatoriedad de incluir
la relación de personas que hubieran incurrido en impago de precio público en la certi cación
de las cantidades percibidas de las personas bene ciarias por las entidades titulares de servi-
cios sociales, que han de remitirse mensualmente a la Consejería competente. Esta modi ca-
ción obedece a razones de economía en la tramitación, sustituyendo la periodicidad establecida
en la ley, por la que se je por la Administración y que ésta considere más adecuada para el
funcionamiento e ciente tanto de la propia Administración como de los centros y servicios.
— Se modi ca el apartado 2 c) del artículo 59, eliminando asimismo de la obligación de
remisión de la certi cación, la relación de las personas que han incurrido en impago del pre-
cio público, en consonancia con la modi cación expuesta en el apartado anterior respecto al
artículo 52.3.
— Se modi can los apartados 4 y 5 del artículo 60, relativo a la duración de los conciertos,
que recogen los supuestos de cambio de titular de un concierto por motivos de subrogación
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legal, que actualmente opera automáticamente, en el apartado 4, y por motivos de cesión
voluntaria de derechos, en el caso del apartado 5.
En el apartado 4, se añade la obligatoriedad de tramitar una addenda modi cativa del con-
cierto a los solos efectos de hacer constar el cambio de entidad titular del concierto.
En el apartado 5, se hace depender de la formalización de un nuevo concierto con el cesio-
nario, la producción frente a la Administración concertante de los efectos de la cesión a terce-
ros de los derechos y obligaciones derivados del concierto.
Se pretende superar la inde nición de la norma actual, clari cando el instrumento jurídico
que procede tramitar en función de los supuestos planteados, proponiendo la suscripción de
una addenda modi cativa cuando la subrogación procede de situaciones que afectan a la em-
presa o de la cesión únicamente del negocio jurídico del concierto.
— En el artículo 90, se modi ca la regulación de la autoría de las infracciones administrati-
vas en materia de Servicios Sociales, centrándola en las personas físicas o jurídicas titulares o
gestoras de los centros y servicios sociales y en las personas que desempeñen la dirección de
los centros o servicios en el ámbito de sus funciones, a la vez que se elimina la consideración
del personal trabajador de los centros y servicios como posible sujeto activo de las infraccio-
nes. No se modi ca la autoría de las personas usuarias.
De esta forma, se pretende mejorar la regulación del precepto, para vincular los títulos
de imputación de las infracciones con la efectiva responsabilidad que se asume respecto al
respeto a los derechos y bienes jurídicos protegidos de las personas usuarias por parte de las
personas gestoras y titulares y por quienes desempeñen la dirección y del cumplimiento de las
obligaciones que se asumen en las diferentes normas reguladoras, tanto de la autorización y
funcionamiento de los centros, como en la acreditación
La supresión de la posibilidad de imputación del personal trabajador como infractor, se
fundamenta en la intención de eliminar duplicidades en la exigencia de responsabilidad por los
hechos que cometan en el desempeño de sus funciones, dado que ya responden por incumpli-
mientos laborales de conformidad con los convenios colectivos que fueran aplicables, a tenor
de lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.
En consonancia con la modi cada determinación de responsabilidades del artículo 90, se
modi can asimismo los enunciados de los apartados 1 de los artículos 91, 92 y 93, que de-
terminan las autorías de las infracciones leves, graves y muy graves respectivamente, así
como de los artículos 95 y 96, que tratan de la imposición de las sanciones y de las sanciones
accesorias.
— Para mejora de la regulación y de la sistemática de estos preceptos se añade una letra f)
al apartado 1 del artículo 91, y se modi can los artículos 92.2.m) y 93.1.h), en los que se tipi-
can como infracción los incumplimientos de requisitos para que los centros y servicios puedan
funcionar y estar acreditados, graduándose su gravedad en función de los efectos, considerán-
dose leves cuando no exista riesgo para la salud o integridad física de las personas usuarias,
graves en caso de que sí se produzca este riesgo y muy graves cuando se cause perjuicio a la
salud o integridad física de las personas usuarias.
— La modi cación del artículo 99, que regula los órganos competentes para la resolución
de los procedimientos sancionadores en el ámbito de la Ley de Cantabria 2/2007, pretende
adecuar las competencias sancionadoras a las actuaciones que los diferentes órganos del Go-
bierno llevan a cabo en materia de centros y servicios sociales. Es procedente que, conforme
a la normativa actual, el órgano directivo competente en materia de inspección de servicios
sociales sea el competente para sancionar las infracciones de los responsables de los centros y
servicios ya que las infracciones tipi cadas lo son en la esfera de la con guración de los centros
y servicios y del funcionamiento de los mismos, y por tanto constatables por la Inspección de
Servicios Sociales, conforme a las normas de autorización, acreditación y registro de centros y
servicios, ámbitos competenciales relacionados entre sí y cuyas competencias se atribuyen al
mismo órgano. No obstante, respecto a las infracciones cometidas por las personas usuarias,
se prevén en la Ley una serie de sanciones que afectan a las relaciones con el órgano directivo
de la Administración que tiene atribuida la gestión de los servicios sociales, en tanto estas
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sanciones consisten en traslados de centros, suspensión y pérdida de derechos y prestaciones,
aspectos que afectan a la relación de los usuarios con el Instituto Cántabro de Servicios Socia-
les, organismo concedente de dichas prestaciones en el Sistema Público de Servicios Sociales.
En este sentido actualmente esta competencia a que nos referimos es objeto de la delegación
de competencias efectuada por resolución de la Directora General de Políticas Sociales en la
Dirección del Instituto Cántabro de Servicios Sociales de fecha de 23 de junio de 2017, publi-
cada en Boletín O cial de Cantabria de 14 de julio de 2017.
— Se modi ca el artículo 100, al objeto de establecer un plazo de caducidad del procedi-
miento sancionador de un año, que sustituya al actual de tres meses por remisión a la norma-
tiva básica. Con ello se pretende facilitar una instrucción con garantías, que pueda efectuar
todas las actuaciones de un procedimiento inquisitivo en los que, por la índole de las infraccio-
nes y de los centros o servicios en los que se cometen, con frecuencia exigen actuaciones con
una pluralidad de personas, para lo que a menudo es necesario un período más extenso. Esta
modi cación se introduce al amparo de lo dispuesto en el artículo 21. 2. de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el
cual dispone que este plazo (para noti carse la resolución expresa no podrá exceder de seis
meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en
el Derecho de la Unión Europea.
— Se introduce una Disposición Transitoria que permita la aplicación de las modi caciones
de la Ley de Cantabria 2/2007 que afectan a la regulación de la renta social básica a las pres-
taciones ya concedidas y a los expedientes que se encuentran en tramitación, a n de que la
regulación sea homogénea para todas las personas perceptoras, asegurando un tratamiento
igualitario.
Se modi ca la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, en
el siguiente sentido:
Se modi ca el párrafo primero del apartado 3 del artículo 32, sustituyendo la referencia a
los importes especi cados, que se correspondían con los jados en el anterior Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por una referencia genérica al importe
establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. Los límites económicos jados inicial-
mente en la Ley de Subvenciones estaban vinculados a los jados para la contratación pública
y mientras que ésta se ha ido modi cando, no ha sucedido lo mismo en la normativa regula-
dora de las subvenciones, dejando a la interpretación de cada órgano gestor si los límites de
mínimos se podían ver superados por los jados por la Ley de Contratos. Con esta redacción
se pretende otorgar mayor seguridad jurídica.
Se modi ca la Ley de Cantabria 15/2006, de 24 de octubre, de Juego de Cantabria, con el
n de modernizar y adaptar determinados procedimientos especí cos del Sector del Juego a
las nuevas tendencias regulatorias señaladas en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación
del juego, así como en la nueva legislación que regula el procedimiento administrativo.
En primer lugar, se modi ca el artículo 5 de la Ley de Cantabria 15/2006, de 24 de octubre,
para conferir rango legal al anterior "Registro de Prohibidos", que ahora pasará a denominarse
"Registro de Interdicciones de Acceso al Juego". Dicha modi cación se realiza como conse-
cuencia de las nuevas directrices acordadas en el Consejo de Políticas del Juego, así como
en desarrollo de lo previsto en la "Estrategia de Juego Responsable en España", dotando a
la Administración de instrumentos más ágiles y e caces para la protección de los colectivos
especialmente vulnerables del sector como son los menores y los jugadores patológicos. Así,
en aras de mejorar la seguridad jurídica que otorga dicho registro, se procederá a un posterior
desarrollo reglamentario del mencionado registro en el que se detalle la organización y funcio-
namiento del mismo.
La segunda modi cación es la relativa al artículo 40, que regula el procedimiento sanciona-
dor en materia de juego, para adecuarlo a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como a la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, estableciendo un plazo de
resolución y noti cación para este tipo de procedimientos de seis meses.
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Se crea el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Seguridad y Vigilancia.
Según la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado, las Comunidades Autónomas cuyos Estatutos no prevean la creación de Cuerpos de Poli-
cía también podrán ejercer las funciones de vigilancia y protección a que se re ere el artículo
148.1.22 de la Constitución solicitando del Gobierno de la Nación la adscripción de Unidades
del Cuerpo Nacional de Policía o mediante la rma de acuerdos de cooperación especí ca con
el Estado.
La Comunidad Autónoma de Cantabria ha realizado convenios de cooperación con el Estado
en determinados ámbitos, como el de la Administración de Justicia, pero ante la insu ciencia
de medios para ejercer la competencia en materia de vigilancia y protección de sus edi cios e
instalaciones viene contratando un sistema de vigilancia privada que garantice la custodia de
los edi cios.
Todo ello, se lleva a cabo mediante una actuación coordinada entre los miembros de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los agentes de vigilancia de la Comunidad Autónoma y los
vigilantes de seguridad privada contratados por el Gobierno, delimitando su intervención con el
adecuado respeto a sus respectivas funciones en el marco establecido legalmente, reforzando
y complementando las tareas de seguridad de los inmuebles con las funciones de seguridad
pública que como autoridad tiene encomendada las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
No obstante lo anterior, la aprobación de normas que han ido regulando y delimitando las
funciones de los vigilantes de seguridad privada hace necesario crear un Cuerpo de Seguridad
y Vigilancia en esta Administración de Cantabria que ejerza funciones de vigilancia y protección
pasiva de los edi cios e instalaciones de los edi cios administrativos sedes de las Conseje-
rías que integran la Comunidad Autónoma y que incorpore nuevas competencias que han ido
apareciendo en materia de seguridad, tanto por la evolución propia de la tecnología como por
la globalización en la vida de nuestros ciudadanos, y que actualmente no son asumidas por
ningún cuerpo existente en la Administración Autonómica.
Ahondando en las nuevas necesidades puestas de mani esto en el párrafo anterior, cada
vez se demanda más por parte de los servicios de las Consejerías la supervisión, informe y
asesoramiento en materia de instalaciones contra robos y actos vandálicos o antisociales, en-
caminados a la protección del patrimonio de la Comunidad Autónoma.
Por otro lado, y teniendo en cuenta las otras competencias de esta Dirección General, se
considera importante implicar a determinados funcionarios de forma activa en los planes de
emergencia de los edi cios de uso administrativo de la Comunidad Autónoma, implementando
ejercicios y simulacros, colaborando en su seguimiento, evaluación y actualización.
La colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sigue siendo primordial
en esta Administración, y por ello, acciones tales como la elaboración y puesta en funciona-
miento de planes de seguridad, evaluación y análisis de riesgos de los miembros del Consejo
de Gobierno, personal e instalaciones "críticas" conjuntamente con dichas Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad debe constituir el núcleo principal de actuación de los funcionarios que accedan
al Cuerpo que se crea.
La creación del nuevo Cuerpo posibilitará también reforzar las labores de colaboración con
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las investigaciones relacionadas con la re-
cuperación de bienes del patrimonio de la Comunidad Autónoma en los supuestos de pérdida,
hurto o robo.
Otra de las funciones que se pretende que desarrolle este nuevo Cuerpo consiste en la cola-
boración con la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de Función
Pública para la detección, en el ámbito competencial de la Seguridad, de aquellos elementos o
circunstancias que supongan riesgos para la seguridad de los trabajadores.
Y nalmente, la apuesta decidida de esta Administración por disponer de una Central Re-
ceptora de Alarmas (C.R.A.) con un software y hardware, adaptado a las nuevas tecnologías,
que permita la interactuación entre los diferentes sistemas y cumpla los requisitos que se
recogen en la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada,
ha conllevado una formación y habilitación de personal para que atienda la sala de control de
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esa CRA lo que implica la aplicación de unos procedimientos y protocolos de veri cación, utili-
zando, todos o algunos de los procedimientos técnicos o humanos establecidos en el Capítulo
II de la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma
en el ámbito de la seguridad privada, comunicando seguidamente, al servicio policial corres-
pondiente, las alarmas reales producidas.
Se introduce una disposición adicional en la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre,
de personal estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
para permitir el acceso a la carrera profesional del personal interino de larga duración en tér-
minos equivalentes al personal jo que actualmente tiene reconocido dicho complemento, esto
es, el personal funcionario y estatutario de instituciones sanitarias del Servicio Cántabro de
Salud, de acuerdo con lo previsto en el vigente Acuerdo por el que se regulan el sistema de ca-
rrera profesional y los criterios generales para el desarrollo profesional del personal estatutario
de las instituciones sanitarias del Servicio Cántabro de Salud, adoptado por la Mesa Sectorial
de Personal Instituciones Sanitarias el 10 de julio de 2006 y aprobado por el Consejo de Go-
bierno el 3 de agosto de 2006. Con idéntico propósito, se procede igualmente a la derogación
de un precepto del mencionado texto legal. En este sentido, vista la cláusula 4, del apartado
1 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de
1999, que gura como Anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999,
relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP y la Sentencias del Tribunal Supremo
de 30 de junio de 2014 y de 8 de marzo de 2017, se entiende que, al margen del resultado
nal de los procesos judiciales actualmente pendientes, procede añadir un precepto a la Ley de
Cantabria 9/2010, de 3 de diciembre, especialmente si tenemos en cuenta que constituye que
el principal obstáculo del reconocimiento en vía administrativa del grado de carrera profesional
al personal interino. En efecto, varios de los preceptos de dicha norma legal impiden expre-
samente el acceso a la carrera profesional al personal interino, razón por la que su pací co
reconocimiento en vía administrativa exige disipar cualquier incertidumbre jurídica al respecto,
estableciendo además una fecha de efectos en cuanto a la percepción del complemento.
De este modo, el personal interino -que tenía vedada la percepción del importe equivalente
al complemento de carrera profesional en virtud de la suspensión que operaba sobre el anti-
guo artículo 15.ter del Acuerdo por el que se regulan el sistema de carrera profesional y los
criterios generales para el desarrollo profesional del personal estatutario de las instituciones
sanitarias del Servicio Cántabro de Salud (artículo 29.once de la Ley de Cantabria 1/2017, de
24 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año
2017)-, pasará a percibir tal complemento con efectos de 1 de enero de 2018. En este sentido,
debe tenerse en cuenta la aplicación combinada de dos criterios consignados en la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo. De una parte, el Alto Tribunal exige que se trate de personal es-
tatutario interino de larga duración, entendiendo por tal, aquél que lleve más de cinco años de
relación de prestación de servicios en la misma plaza u otra de contenido funcional equivalente
en el mismo servicio de salud (STS de 30 de junio de 2014, cuyo contenido se reitera en la STS
de 30 de marzo de 2017). Del mismo modo, debe tenerse en cuenta que la reciente STS de 8
de marzo de 2017 reconoce la misma equiparación con el personal funcionario interino de larga
duración, por lo que debe entenderse el concepto de interinidad en los amplios términos del
artículo 10 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado
La Disposición Adicional Tercera de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamien-
tos Urbanos, deja a criterio de las Comunidades Autónomas el establecimiento o no de la
obligación de depositar a disposición de las respectivas Administraciones Autonómicas o del
ente público designado al efecto, las cantidades que, en concepto de anza de los contratos de
arrendamiento que se celebren, se presten de conformidad con lo preceptuado en el artículo
36 de la citada Ley.
Asimismo, el Título V de la Ley 5/1993 de 6 de mayo, de Presupuestos Generales de la
Diputación Regional de Cantabria para 1993, estableció la exigencia de la constitución de las
anzas correspondientes a arrendamientos de inmuebles sitos en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Cantabria en la Tesorería General de la Diputación Regional de Cantabria.
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Ante este marco normativo expuesto se introduce una modi cación en el régimen del de-
pósito de las anzas de arrendamientos de inmuebles previstas en la legislación sobre arren-
damientos urbanos, dentro de la línea de supresión de cargas administrativas y siguiendo la
línea de otras comunidades, como el Principado de Asturias, la Comunidad Foral de Navarra o
La Rioja. Se libera a los ciudadanos de la obligación de depositar estas cantidades en la Teso-
rería de la Comunidad Autónoma de Cantabria, al entender que forman parte de una relación
privada entre particulares y que se había convertido desde los años noventa en un mecanismo
atípico de obtención de liquidez para las administraciones.
El artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, por la que se regula la participación de los ciudadanos en el
procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, prevé la realización
de una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se
recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente
afectados por la futura norma. No obstante, el apartado 4 del citado artículo establece que
podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en
este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración Gene-
ral del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones
dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que
lo justi quen, así como cuando la propuesta normativa no tenga un impacto signi cativo en la
actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos
parciales de una materia, circunstancias estas últimas, que se dan en el presente caso.
Por último, se hace constar expresamente que las medidas administrativas practicadas se
adecuan a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas y,
en particular, a los principios de necesidad y e cacia, en ningún caso se restringen o minoran
derechos de los ciudadanos y siendo el instrumento más adecuado para la consecución del n
perseguido y no comportado incremento del gasto no previsto presupuestariamente.
TÍTULO I
Medidas scales
Capítulo I
Tributos propios
Tasas.
Artículo 1. Modi cación de las tasas aplicables por la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, establecidas por Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios
Públicos de la Diputación Regional de Cantabria.
Uno. Se modi ca la Tasa "1. Tasa para expedición de Títulos académicos y Certi cados aca-
démicos" incluyendo dentro de la Tasa la tarifa por expedición de Títulos Superiores.
El cuadro de tarifas queda de la siguiente manera:
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&HUWLILFDGRGH$SWLWXG/2*6(
Dos. Se modi ca la "2. Tasa por participación en procesos de selección para el acceso a
cuerpos docentes." de las aplicables por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que-
dando como sigue:
"2. Tasa por participación en procesos de selección para el acceso a cuerpos docentes
Hecho imponible. Constituye el hecho imponible la participación en procesos de selección
para el acceso de cuerpos docentes, convocados por la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte.
Sujeto pasivo. Serán sujetos pasivos las personas físicas que soliciten la participación en
tales procesos de selección.
Exenciones. Estarán exentos del pago de esta tasa:
— Quienes se encuentren en situación legal de desempleo, estando inscritos como de man-
dantes de empleo con al menos un mes de antelación a la fecha de publicación de la convoca-
toria del proceso selectivo.
— Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo
acompañar a la solicitud certi cado acreditativo de tal condición.
— Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido daños
físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante
sentencia judicial rme o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal
condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el
cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.
— Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus
hijos o hijas; para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de protección
a favor de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o cualquier
otra en la que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas.
Devengo. La tasa se devengará en el momento de presentar la solicitud de participación en
los procesos de selección.
Tarifas. Las cuotas de la tasa se ajustarán a las tarifas siguientes:
— Procesos de selección para cuerpos docentes del Grupo "A1": 45 euros.
— Procesos de selección para cuerpos docentes del Grupo A2": 45 euros."
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Tres. Se modi ca la Tasa 4 de las aplicables por la Consejería de Educación, Cultura y De-
porte pasando a denominarse "Tasa de inscripción en las pruebas de acceso a la formación
profesional de grado superior, las enseñanzas deportivas, las enseñanzas profesionales de
danza, los ciclos de artes plásticas y diseño y las enseñanzas superiores de diseño.", quedando
la tasa como sigue:
"4. Tasa de inscripción en las pruebas de acceso a la formación profesional de grado su-
perior, las enseñanzas deportivas, las enseñanzas profesionales de danza, los ciclos de artes
plásticas y diseño y las enseñanzas superiores de diseño.
Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la inscripción en las convocato-
rias de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior de formación profesional
inicial, a enseñanzas deportivas, a enseñanzas profesionales de danza, a ciclos de artes plás-
ticas y diseño y a enseñanzas superiores de diseño en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos de la tasa quienes soliciten la inscripción para realizar
las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior de formación profesional inicial,
a enseñanzas deportivas, a enseñanzas profesionales de danza, a ciclos de artes plásticas y
diseño y a enseñanzas superiores de diseño del Gobierno de Cantabria.
Devengo. La tasa se devengará en el momento de presentar la solicitud de inscripción.
Exenciones a los miembros de familias numerosas. A los miembros de familias numerosas
les serán de aplicación las exenciones y boni caciones que en cada momento se establezcan
por la legislación reguladora de protección familiar.
Forma de pago. La tasa se abonará en un solo pago en el momento de su devengo.
Tarifas. Las cuotas de la tasa se ajustarán a las tarifas siguientes:
— Pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior de formación profesional inicial,
a enseñanzas deportivas, a enseñanzas profesionales de danza y a ciclos de artes plásticas y
diseño: 27,86 euros.
Pruebas de acceso a enseñanzas superiores de diseño: 34,83 euros."
Artículo 2. Actualización de Tasas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria y de sus Entes de Derecho Público.
1. Con carácter general se elevan, a partir de 1 de enero de 2018, los tipos de cuantía ja
de las Tasas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y sus Entes de
Derecho Público hasta la cuantía que resulte de la aplicación del coe ciente 1,5 por ciento al
importe exigido para el ejercicio 2017.
Se exceptúan de lo previsto en el párrafo anterior, las tasas de nueva creación o cuyos tipos
y/o tarifas hayan sido creados y/o modi cados expresamente por la presente ley.
El importe de las tasas actualizadas, a partir de 1 de enero de 2018, se relaciona en el
Anexo I de esta ley.
2. Se consideran tipos de cuantía ja aquellos que no se determinan por un porcentaje de
la base.
Tributos cedidos
Artículo 3. Modi cación del Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de tributos cedidos por
el Estado.
Uno. Se modi ca el apartado 5 del artículo 2 del Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de
tributos cedidos por el Estado, que tendrá la siguiente redacción:
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"5. Por acogimiento familiar de menores.
Los contribuyentes que reciban a menores en régimen de acogimiento familiar simple o per-
manente, siempre que hayan sido previamente seleccionados al efecto por una entidad pública
de protección de menores y que no tengan relación de parentesco alguna, ni adopten durante
el periodo impositivo al menor acogido, podrán deducir:
a) 240 euros con carácter general, o
b) El resultado de multiplicar 240 euros por el número máximo de menores que haya aco-
gido de forma simultánea en el periodo impositivo. En todo caso, la cuantía de la deducción no
podrá superar 1.200 euros.
En el supuesto de acogimiento de menores por matrimonios, parejas de hecho o parejas
que convivan de forma permanente en análoga relación de afectividad a las anteriores sin
haber registrado su unión, el importe de la deducción se prorrateará por partes iguales en la
declaración de cada uno de ellos si optaran por tributación individual.
Esta deducción será igualmente aplicable a las personas ex-acogedoras con las que conviva
una persona mayor de edad que se hubiera tenido acogida hasta la mayoría de edad, siempre
que la convivencia no se haya interrumpido y que la convivencia se dé bajo la aprobación y la
supervisión de la entidad pública de protección de menores.
En este último caso, la deducción está sujeta a los mismos requisitos que permiten la apli-
cación del mínimo por descendientes por los/las hijos/as mayores de edad que conviven en el
domicilio familiar."
Dos. Se modi ca el artículo 4 del Decreto Legislativo 62/08, de 19 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidos por el
Estado, que queda redactado como sigue:
"Artículo 4. Tipo de gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 47.1.b) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre,
por la que se regula el sistema de nanciación de las Comunidades Autónomas de régimen
común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modi can determinadas normas tributarias,
la base liquidable del Impuesto será gravada conforme a la siguiente escala:
%DVHOLTXLGDEOH &XRWDtQWHJUD 5HVWR%DVH
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7LSR
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Tres. Reducciones autonómicas en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Se modi ca el artículo 5 del Decreto Legislativo 62/08, de 19 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidos por el
Estado, quedando redactado de la siguiente forma:
De acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.a) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por
la que se regula el sistema de nanciación de las Comunidades Autónomas de régimen común
y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modi can determinadas normas tributarias, y en
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orden a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre,
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la base liquidable se determinará aplicando en
la base imponible las reducciones establecidas en este artículo.
1. En las adquisiciones «mortis causa», incluidas las de los bene ciarios de pólizas de se-
guros de vida, la base liquidable se obtendrá aplicando en la base imponible la reducción que
corresponda de las incluidas en los grupos siguientes:
a) Grupo I (adquisiciones por descendientes y adoptados menores de veintiún años):
50.000, más 5.000 euros por cada año de menos de veintiuno que tenga el causahabiente.
b) Grupo II (adquisiciones por descendientes y adoptados de veintiún años o más, cónyu-
ges y ascendientes y adoptantes): 50.000.
c) Grupo III (adquisiciones por colaterales de segundo y tercer grado y por ascendientes y
descendientes por a nidad):
— Colaterales de segundo grado por consanguinidad: 25.000 euros.
— Resto de grupo III: 8.000 euros.
d) Grupo IV (adquisiciones por colaterales de cuarto grado o de grados más distantes y por
extraños): no se aplica ninguna reducción por razón de parentesco.
A efectos de la aplicación de las reducciones de la base imponible reguladas en este artí-
culo, se asimilarán a los descendientes incluidos en el Grupo II a aquellas personas llamadas a
la herencia y pertenecientes a los Grupos III y IV, vinculadas al causante al incapacitado como
tutores legales judicialmente declarados.
Igualmente, se asimilan a los cónyuges los componentes de las parejas de hecho inscritas
conforme a lo establecido en la Ley de Cantabria 1/2005, de 16 de mayo, de parejas de hecho
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Se aplicará, además de las que pudieran corresponder en función del grado de parentesco
con el causante, una reducción 50.000 euros a las personas que tengan la consideración legal
de personas con discapacidad, con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 e
inferior al 65 por 100, de acuerdo con el baremo a que se re ere artículo 367 del texto refun-
de 30 de octubre; la reducción será de 200.000 euros para aquellas personas que, con arreglo
a la normativa anteriormente citada, acrediten un grado de discapacidad igual o superior al
65 por 100.
2. Con independencia de las reducciones anteriores, se aplicará una reducción del 100 por
100 a las cantidades percibidas por los bene ciarios de contratos de seguros sobre la vida,
cuando su parentesco con el contratante fallecido sea el de cónyuge, ascendiente, descen-
diente, adoptante o adoptado. En los seguros colectivos o contratados por las empresas a favor
de sus empleados se estará al grado de parentesco entre el asegurado fallecido y el bene cia-
rio. El límite de esta reducción será de 50.000 euros.
3. En los casos en los que en la base imponible de una adquisición «mortis causa», que
corresponda a los cónyuges, descendientes o adoptados de la persona fallecida, estuviese in-
cluido el valor de una empresa individual, de un negocio profesional incluidos los relacionados
con la producción y comercialización en el sector ganadero, agrario o pesquero, o participacio-
nes en entidades a los que sea de aplicación la exención regulada en el apartado octavo del
artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, o de derechos
de usufructo sobre los mismos, para obtener la base liquidable se aplicará en la imponible, con
independencia de las reducciones que procedan con arreglo a los apartados anteriores, otra
del 99 por ciento del mencionado valor, siempre que la adquisición se mantenga durante los
cinco años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que falleciese el adquirente dentro
de este plazo.
En los supuestos del párrafo anterior, cuando no existan descendientes o adoptados, la
reducción será de aplicación a las adquisiciones por ascendientes, adoptantes y colaterales,
hasta el cuarto grado y con los mismos requisitos recogidos anteriormente. En todo caso, el
cónyuge supérstite tendrá derecho a la reducción del 99 por ciento.
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Por último, en estos mismos supuestos de adquisición mortis causa de una empresa o ne-
gocio profesional señalados en este artículo, cuando no existan familiares adquirentes hasta el
cuarto grado, y con los mismos requisitos recogidos en el precepto, los adquirentes que man-
tengan la adquisición tendrán igualmente derecho a la reducción del 99 por ciento.
En el caso de no cumplirse los requisitos a que se re ere el presente apartado, deberá
pagarse la parte del impuesto que se hubiere dejado de ingresar como consecuencia de la
reducción practicada y los intereses de demora.
4. En las adquisiciones por causa de muerte que correspondan al cónyuge, a los descen-
dientes, a los ascendientes o a los colaterales del causante, puede aplicarse a la base imponi-
ble una reducción del 95 por ciento del valor de la vivienda habitual del causante, con un límite
de 125.000 por cada sujeto pasivo.
A efectos de la aplicación de la reducción establecida en la presente sección, tiene la consi-
deración de vivienda habitual la vivienda que cumple los requisitos y se ajusta a la de nición
establecidos en la normativa reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas,
sin perjuicio de que puedan considerarse como vivienda habitual, conjuntamente con esta
vivienda, un trastero y hasta dos plazas de aparcamiento, pese a no haber sido adquiridos
simultáneamente en unidad de acto, si están ubicados en el mismo edi cio o complejo urba-
nístico y si en la fecha de la muerte del causante se hallaban a su disposición, sin haberse
cedido a terceros.
Los parientes colaterales del causante, para poder disfrutar de la reducción establecida en
el apartado 1, han de ser mayores de sesenta y cinco años y han de haber convivido con el
mismo como mínimo los dos años anteriores a su muerte.
El disfrute de nitivo de la reducción establecida en la presente sección queda condicionado
al mantenimiento de la vivienda en el patrimonio del adquirente durante los cinco años si-
guientes a la muerte del causante, salvo que el adquirente fallezca en este plazo.
5. Cuando en la base imponible correspondiente a una adquisición "mortis causa" del cón-
yuge, descendientes o adoptados de la persona fallecida se incluyeran bienes comprendidos en
los apartados uno, dos o tres del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre
el Patrimonio, en cuanto integrantes del Patrimonio Histórico Español o del Patrimonio Histórico
o Cultural de las Comunidades Autónomas, se aplicará, asimismo, una reducción del 95 por 100
de su valor, con los mismos requisitos de permanencia señalados en los apartados 3 y 4.
6. En el caso de no cumplirse el requisito de permanencia al que se re eren los apartados
anteriores, deberá pagarse la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar como con-
secuencia de la reducción practicada y los intereses de demora.
7. Si unos mismos bienes en un período máximo de diez años fueran objeto de dos o más
transmisiones "mortis causa" a favor de descendientes, en la segunda y ulteriores se deducirá
de la base imponible, además, el importe de lo satisfecho por el impuesto en las transmisiones
precedentes. Se admitirá la subrogación de los bienes cuando se acredite fehacientemente.
8. En el caso de obligación real de contribuir, las reducciones aplicables serán las estable-
cidas en el apartado 1.
9. En los casos de transmisión de participaciones ínter vivos, a favor de familiares hasta el
cuarto grado, de una empresa individual, de un negocio profesional, incluidos los relacionados
con la producción y comercialización en el sector ganadero, agrario o pesquero, o de participa-
ciones en entidades del donante a los que sea de aplicación la exención regulada en el apar-
tado octavo del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio,
se aplicará una reducción en la base imponible para determinar la liquidable del 99 por ciento
del valor de adquisición, siempre que concurran las condiciones siguientes:
a) Que el donante tuviese sesenta y cinco o más años o se encontrase en situación de in-
capacidad permanente, en grado de absoluta o gran invalidez.
b) En cuanto al donatario, deberá mantener lo adquirido y tener derecho a la exención en
el Impuesto sobre el Patrimonio durante los cinco años siguientes a la fecha de la escritura
pública de donación, salvo que falleciera dentro de este plazo.
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Asimismo, el donatario no podrá realizar actos de disposición y operaciones societarias
que, directa o indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de la
adquisición.
Dicha obligación también resultará de aplicación en los casos de adquisiciones "mortis
causa" a que se re ere el apartado 3 de este artículo.
En estos mismos supuestos de adquisición inter vivos de una empresa o negocio profesional
señalados en este artículo, cuando no existan familiares adquirentes hasta el cuarto grado, y
con los mismos requisitos recogidos en el precepto, los adquirentes que mantengan la adqui-
sición tendrán igualmente derecho a la reducción del 99 por ciento.
En el caso de no cumplirse los requisitos a que se re ere el presente apartado, deberá
pagarse la parte del impuesto que se hubiere dejado de ingresar como consecuencia de la
reducción practicada y los intereses de demora.
10. La reducción en la base imponible será de un 95 por ciento, siempre que se mantengan
las condiciones señaladas en las letras a) y b) del punto anterior, para las donaciones a favor
del cónyuge, descendientes o adoptados, de los bienes comprendidos en los apartados uno,
dos y tres del artículo 4º. de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio,
en cuanto integrantes del Patrimonio Histórico Español o del Patrimonio Histórico o Cultural de
las Comunidades Autónomas.
El incumplimiento de los requisitos exigidos llevará consigo el pago del impuesto dejado de
ingresar y los correspondientes intereses de demora.
11. En las aportaciones realizadas al patrimonio protegido de las personas con discapaci-
dad, regulado en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección Patrimonial de las Per-
sonas con Discapacidad y de Modi cación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y
de la Normativa Tributaria, se aplicará una reducción del 100 por ciento de la base imponible,
a la parte que, por exceder del importe máximo jado por la ley para tener la consideración
de rendimientos del trabajo personal para el contribuyente con discapacidad, quede sujeta al
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. El importe de la base imponible sujeto a reducción
no excederá de 100.000 euros.
La aplicación de la presente reducción queda condicionada a que las aportaciones cumplan
los requisitos y formalidades establecidos por la citada Ley 41/2003, de 18 de noviembre.
12. Se aplicará una reducción del 100 por ciento a las adquisiciones patrimoniales "mortis
causa" que se produzcan como consecuencia de la reversión de bienes aportados a patrimo-
nios protegidos al aportante en caso de extinción del patrimonio por fallecimiento de su titular.
Cuatro. Tarifa en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Se modi ca el artículo 6 del Decreto Legislativo 62/08, de 19 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidos por el
Estado, quedando redactado de la siguiente forma:
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre,
por la que se regula el sistema de nanciación de las Comunidades Autónomas de régimen
común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modi can determinadas normas tributa-
rias, y en orden a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 28/1987, de 18
de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la cuota íntegra del impuesto se
obtendrá aplicando a la base liquidable, calculada según lo dispuesto en el apartado anterior,
la escala siguiente:
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2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la cuota íntegra del impuesto sobre
sucesiones y donaciones en las transmisiones lucrativas entre vivos a favor de contribuyentes
de los grupos I y II que de ne el artículo 2 se obtiene como resultado de aplicar a la base
liquidable la siguiente escala:

%DVHOLTXLGDEOH
+DVWDHXURV
&XRWDtQWHJUD
(XURV
5HVWREDVHOLTXLGDEOH
+DVWDHXURV
7LSRDSOLFDEOH
3RUFHQWDMH
   
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   
  HQDGHODQWH 
3. Las donaciones y demás transmisiones "inter vivos" equiparables que se otorguen por
un mismo donante a un mismo donatario dentro del plazo de tres años, a contar desde la
fecha de cada una, se considerarán como una sola transmisión a los efectos de la liquidación
del impuesto. Para determinar la cuota tributaria se aplicará a la base liquidable de la actual
adquisición el tipo medio correspondiente a la base liquidable teórica del total de las adquisi-
ciones acumuladas.
Lo dispuesto en el apartado anterior, a efectos de la determinación de la cuota tributaria,
será igualmente aplicable a las donaciones y demás transmisiones "inter vivos" equiparables
acumulables a la sucesión que se cause por el donante a favor del donatario, siempre que el
plazo que medie entre ésta y aquéllas no exceda de tres años.
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A estos efectos, se entenderá por base liquidable teórica del total de las adquisiciones
acumuladas la suma de las bases liquidables de las donaciones y demás transmisiones "inter
vivos" equiparables anteriores y la de la adquisición actual."
Cinco. Boni caciones autonómicas en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Se modi ca el artículo 8 del Decreto Legislativo 62/08, de 19 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidos por el
Estado, que queda con la siguiente redacción:
"1. Se establece una boni cación autonómica del 90 por ciento de la cuota tributaria en las
adquisiciones "mortis causa" de los contribuyentes incluidos en los Grupos I y II del artículo
20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Se exceptúan de esto, las bases imponibles individuales inferiores a 100.000 euros, que goza-
rán de una boni cación del 100 por ciento.
2. A los efectos de la aplicación de las boni caciones autonómicas de la cuota tributaria
reguladas en este artículo, se asimilarán a los descendientes incluidos en el Grupo II a aquellas
personas llamadas a la herencia y pertenecientes a los Grupos III y IV, vinculadas al causante
incapacitado como tutores legales judicialmente declarados.
Se asimilan a los cónyuges, a los efectos de aplicación de esta boni cación autonómica de
la cuota tributaria, las parejas de hecho inscritas conforme a lo establecido en la Ley de Can-
tabria 1/2005, de 16 de mayo, de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
3. Se crea una boni cación autonómica del 99 por ciento en la cuota tributaria en la dona-
ción de vivienda que vaya a constituir la residencia habitual del donatario, realizada a descen-
dientes y adoptados, hasta los primeros 200.000 euros del valor real de la vivienda donada.
En el caso de donación de un terreno para construir una vivienda que vaya a constituir la
residencia habitual del donatario, la boni cación sobre la cuota tributaria será de la misma
cuantía porcentual que en el caso de donación de vivienda y se aplicará sobre los primeros
60.000 euros del valor real del terreno donado.
Cuando una misma vivienda o terreno se done por los ascendientes a más de uno de sus
descendientes o adoptados, éstos deberán reunir individualmente las condiciones establecidas
para cada boni cación autonómica.
En el caso de donación de una participación "pro indiviso" de la vivienda o del terreno, la
boni cación se prorrateará en proporción al valor real de la participación transmitida respecto
al valor real total de la vivienda o del terreno.
La boni cación será aplicable siempre que concurran todas las condiciones siguientes:
a) Se hará constar en el documento público en el que se formalice la donación de la vi-
vienda, que ésta constituirá la residencia habitual del donatario o donatarios. En el caso de
la donación de terreno, se exigirá igualmente que quede constancia de que dicho terreno se
utilizará exclusivamente para la construcción de la vivienda que constituirá la residencia ha-
bitual del donatario o donatarios. No se aplicará la boni cación si no consta dicha declaración
en el documento, ni tampoco se aplicará cuando se produzcan recti caciones del documento
que subsanen su omisión, una vez pasados tres meses desde la formalización de la donación.
b) El patrimonio preexistente del donatario no podrá superar la cifra correspondiente al
primer tramo de la escala establecida en el artículo 22 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre,
del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
c) El donatario deberá tener una renta familiar inferior a 4 veces el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual. A estos efectos se determinará el nivel de renta por
la agregación de la diferencia entre base imponible general y el importe del mínimo personal
y familiar más la base imponible del ahorro de la última declaración del IRPF, de todos los
componentes de la unidad familiar del donatario que haya debido presentarse a la fecha de
realización de la donación.
d) La vivienda o el terreno donados deberán estar situados en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
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e) En el caso de donación de terreno para la construcción de la vivienda, ésta deberá ha-
berse nalizado en el plazo de dos años desde la formalización de la donación, debiendo apor-
tarse por el bene ciario, a efectos de acreditación, la correspondiente cédula de habitabilidad o
licencia de primera ocupación. Se podrá prorrogar el plazo de entrega de esta documentación
cuando la demora en su aportación pueda atribuirse a retrasos en su tramitación imputables a
la Administración que sea competente.
f ) La vivienda donada, o construida sobre el terreno donado, deberá permanecer en el pa-
trimonio del donatario durante los cinco años siguientes a la donación, e igualmente deberá
constituir su residencia habitual durante ese mismo periodo, salvo que fallezca en ese plazo o
concurran circunstancias que necesariamente exijan el cambio de vivienda, tales como sepa-
ración matrimonial, traslado laboral, obtención de primer empleo o de empleo más ventajoso
u otras análogas.
g) La donación de la vivienda, o del terreno, deberá hacerse en su integridad sin posibilidad
de reserva de derechos reales sobre la misma por parte del donante.
h) La boni cación de la cuota se podrá aplicar por el mismo donatario en la donación de una
única vivienda o terreno para construirla.
4. Se crea una boni cación autonómica del 99 por ciento, de la cuota tributaria en la dona-
ción de la vivienda que vaya a constituir la residencia habitual del donatario, realizada a favor
del cónyuge o pareja de hecho inscrita conforme a la Ley 1/2005, de 16 de mayo, de parejas
de hecho de la Comunidad Autónoma, cuando la donación se produzca como consecuencia de
un proceso de ruptura matrimonial o de la ruptura de la convivencia de hecho, hasta los pri-
meros 200.000 euros de valor real de la vivienda donada.
En los mismos supuestos de ruptura matrimonial o convivencia de hecho, cuando lo que se
done sea un terreno para construir una vivienda que vaya a constituir la residencia habitual
del donatario, la boni cación sobre la cuota tributaria será del 99 por ciento hasta los primeros
60.000 euros del valor real del terreno donado.
La boni cación será aplicable siempre que concurran todas las condiciones establecidas en
los epígrafes b, d, e, f, g y h del apartado número 2 de este artículo, además de las siguientes:
a) La donación se formalizará en instrumento público, o en el convenio regulador de las
relaciones futuras del matrimonio o pareja de hecho inscrita, que deberá ser aprobado judicial-
mente, y en ambos supuestos se hará constar:
— Que el donatario no tiene otra vivienda de similar o superior super cie, en el territorio
de la Comunidad Autónoma.
— Que la vivienda donada, o la que se construya sobre el terreno donado, constituirá su
residencia habitual.
No se aplicará la boni cación si no constan dichas declaraciones en el documento, ni tam-
poco se aplicarán cuando se produzcan recti caciones en el documento transcurridos tres
meses desde la formalización de la donación en instrumento público, o desde la noti cación de
la sentencia por la que se apruebe el Convenio Regulador de las relaciones futuras del matri-
monio o pareja de hecho inscrita.
b) El donatario deberá tener una renta inferior a 4 veces el Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples (IPREM) anual. A estos efectos se determinará el nivel de renta por la
agregación de la diferencia entre base imponible general y el importe del mínimo personal y
familiar, más la base imponible del ahorro de la última declaración del IRPF de los componentes
de la unidad familiar del donatario que haya debido presentarse a la fecha de realización de
la donación.
En ningún caso se computarán para la determinación de la renta del donatario los ingresos
obtenidos por el donante ni por los hijos mayores de 18 años de edad.
5. Se establece una boni cación autonómica del 99 por ciento de la cuota tributaria hasta
los primeros 100.000 euros donados, en la donación de metálico realizada a descendientes,
adoptados, cónyuges o pareja de hecho inscrita conforme a la Ley 1/2005 de 16 de mayo, de
parejas de hecho de la Comunidad Autónoma, destinada a la adquisición de la vivienda que
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vaya a constituir la residencia habitual del donatario, cuando en estos dos últimos supuestos,
la donación se produzca como consecuencia de un proceso de ruptura matrimonial o de la
ruptura de la convivencia de hecho.
En los mismos supuestos, se boni cará el 99 por ciento de la cuota tributaria hasta los
primeros 30.000 euros en el caso de que el metálico objeto de donación se destine a la adqui-
sición del terreno para construir una vivienda que vaya a constituir la residencia habitual del
donatario.
La boni cación será aplicable siempre que concurran todas las condiciones siguientes:
a) El patrimonio preexistente del donatario no podrá superar la cifra correspondiente al
primer tramo de la escala establecida en el artículo 22 de la Ley 29/1987 del Impuesto de
Sucesiones y Donaciones.
b) El donatario deberá tener una renta familiar inferior a 4 veces el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual. A estos efectos se determinará el nivel de renta por
la agregación de la diferencia entre la base imponible general y el importe del mínimo perso-
nal y familiar más la base imponible del ahorro de la última declaración del IRPF, de todos los
componentes de la unidad familiar del donatario que haya debido presentarse a la fecha de
realización de la donación.
Cuando la donación se produzca a favor del cónyuge o pareja de hecho inscrita, en ningún
caso se computarán para la determinación de la renta del donatario los ingresos obtenidos por
el donante ni por los hijos mayores de 18 años de edad.
c) La vivienda o el terreno deberán estar situados en el territorio de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria.
d) La vivienda adquirida, o construida sobre el terreno adquirido, con el metálico donado
deberá permanecer en el patrimonio del donatario durante los cinco años siguientes a la do-
nación del metálico, e igualmente deberá constituir su residencia habitual durante ese mismo
periodo, salvo que fallezca en ese plazo o concurran circunstancias que necesariamente exijan
el cambio de vivienda, tales como separación matrimonial, traslado laboral, obtención de pri-
mer empleo o de empleo más ventajoso u otras análogas.
e) El origen de los fondos donados en metálico habrá de estar justi cado y manifestarse su
origen en el documento público en el que se formalice la donación y su aplicación a la adquisi-
ción de la vivienda que constituirá la residencia habitual del donatario, o del terreno para cons-
truirla, debiendo presentarse copia de dicho documento junto con la declaración del impuesto.
No se aplicará la boni cación si no consta dicha declaración en el documento público, ni
tampoco se aplicará cuando se produzcan recti caciones del documento que subsanen su omi-
sión una vez pasados tres meses desde la formalización de la donación.
f ) La compra de la vivienda que vaya a ser la residencia habitual consecuencia de donación
de metálico, deberá efectuarse en el plazo de los seis meses posteriores a la formalización de
la donación. En el caso de adquisición de terreno para la construcción de la vivienda, esta de-
berá haberse nalizado en el plazo de dos años desde la formalización de la donación debiendo
aportarse por el bene ciario antes de la conclusión del citado plazo de dos años la correspon-
diente cédula de habitabilidad o licencia de primera ocupación. Se podrá prorrogar el plazo de
entrega de esta documentación cuando la demora en su aportación pueda atribuirse a retrasos
en su tramitación imputables a la Administración que sea competente.
g) La limitación de los primeros 100.000 y 30.000 euros donados se aplicará tanto si se
tratase de una única donación como si, en el caso de donaciones sucesivas, proviniesen del
mismo ascendiente o de diferentes ascendientes.
h) La boni cación de la cuota se podrá aplicar por el mismo donatario en la donación de
metálico para la adquisición de una única vivienda o terreno para construirla.
6. Se crea una boni cación del 99 por ciento de la cuota tributaria hasta los primeros
100.000 euros donados, en las donaciones de metálico a descendientes y adoptados para la
puesta en marcha de una actividad económica o para la adquisición de una ya existente o de
participaciones en determinadas entidades, con los requisitos que a continuación se enumeran.
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Los requisitos a cumplir son los siguientes:
a) La donación se formalizará en escritura pública, en la que se hará constar expresamente
que el dinero donado se destinará por el donatario a la creación o adquisición de su empresa
individual o de su negocio profesional, o a la adquisición de participaciones sociales.
b) La edad máxima del donatario será de treinta y seis años.
c) La adquisición de la empresa individual, negocio profesional, o de las participaciones
sociales deberá realizarse en el plazo de seis meses desde la formalización de la donación.
d) En el caso de adquisición de empresa, esta deberá ajustarse a la de nición de PYME
conforme a la normativa comunitaria en la materia.
e) Cuando el metálico donado se emplee en adquirir participaciones, éstas corresponderán a
entidades a las que sea de aplicación la exención regulada en el apartado octavo del artículo 4º
de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. El donatario deberá ejercer
de forma efectiva funciones de dirección en la empresa cuyas participaciones se adquieran.
f ) La limitación en cuanto a los primeros cien mil euros donados se aplicará tanto si se tra-
tase de una única donación como en el caso de donaciones sucesivas, proviniesen del mismo
ascendiente o de diferentes ascendientes.
g) Durante el plazo de cinco años deberá mantenerse el domicilio social y scal de la enti-
dad creada o participada en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria. En el caso
de modi carse el domicilio scal o social, el bene ciario deberá comunicarlo al órgano tribu-
tario competente de la Comunidad Autónoma en el plazo de treinta días hábiles desde que se
produzca la incidencia.
h) El donatario deberá mantener lo adquirido y tener derecho a la exención en el Impuesto
sobre el Patrimonio durante los cinco años siguientes a la fecha de la escritura pública de dona-
ción, y no realizar ningún acto que directa o indirectamente pueda dar lugar a una minoración
sustancial de lo adquirido, salvo que fallezca en ese plazo.
La boni cación será del 100 por cien hasta los primeros doscientos mil euros donados, para
aquellas empresas que, cumpliendo todos los requisitos anteriores, experimenten, durante los
doce meses siguientes a la constitución o adquisición de la empresa o negocio, o a la adquisi-
ción de las participaciones en la entidad, un incremento de su plantilla media total con respecto
de la plantilla media de los doce meses anteriores y dicho incremento se mantenga durante un
período adicional de otros veinticuatro meses.
7. A efectos de la aplicación de las boni caciones autonómicas establecidas en de este ar-
tículo, se estará al concepto de vivienda habitual regulado en la normativa del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas.
En caso de no cumplirse todos los requisitos que se exigen para la aplicación de las boni-
caciones autonómicas reguladas en los apartados anteriores del presente artículo, deberá
satisfacerse la parte del impuesto que se hubiera dejado de ingresar como consecuencia de la
boni cación practicada y los intereses de demora correspondientes.
8. El sujeto pasivo gravado por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones tendrá derecho
a deducirse la tasa por Valoración previa de inmuebles objeto de adquisición o transmisión
en los casos en que adquiera, mediante actos o negocios jurídicos, intervivos o por causa de
muerte, bienes valorados por el perito de la Administración.
Las condiciones para poder deducirse la tasa son las siguientes:
a) Que la tasa haya sido efectivamente ingresada y no proceda la devolución de ingreso
indebido, de acuerdo con lo regulado en el artículo 12 de la Ley de Cantabria 9/1992, de 18
de diciembre.
b) Que coincida el sujeto pasivo de la tasa y del Impuesto objeto de declaración o declara-
ción-liquidación.
c) Que, en relación con la tributación por el impuesto que proceda, el valor declarado res-
pecto del bien o bienes objeto de valoración, sea igual o superior al atribuido por el perito de
la Administración en la actuación sujeta a la tasa.
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d) Que el Impuesto a que se sujete la operación realizada con el bien valorado sea ges-
tionado por la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y le corresponda su
rendimiento.
e) Que la operación sujeta al impuesto haya sido efectivamente objeto de declaración o
declaración-liquidación de la deuda correspondiente, dentro del periodo de vigencia de la va-
loración sujeta a la tasa.
f ) Que la deuda de la operación sujeta al impuesto sea igual o superior a la tasa pagada."
Seis. Tipo de gravamen aplicable en las Transmisiones Patrimoniales Onerosas de bienes
inmuebles.
1. Se modi ca el apartado 2 del artículo número 9 del Decreto Legislativo 62/08, de 19 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de
Tributos cedidos por el Estado, que queda con la siguiente redacción:
"2. Con carácter general, en la transmisión de bienes inmuebles, así como en la constitu-
ción y en la cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto en los derechos
reales de garantía, se aplicará el tipo del 10 por ciento.
A los sujetos pasivos, cuya base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas del periodo inmediatamente anterior a la realización del hecho imponible, antes de las
reducciones por mínimo personal y familiar, sea inferior a 30.000 euros se les aplicará un tipo
del 8 por ciento para los precitados hechos imponibles."
2. Se modi ca la letra c) del apartado 3 del artículo número 9 del Decreto Legislativo 62/08,
de 19 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en ma-
teria de Tributos cedidos por el Estado, que queda con la siguiente redacción:
"c) Tener, en la fecha de adquisición del bien inmueble, menos de treinta años cumplidos.
Cuando como resultado de la adquisición de la propiedad la vivienda pase a pertenecer pro
indiviso a varias personas, reuniendo unas el requisito de edad previsto en esta letra y otras
no, se aplicará el tipo reducido sólo a los sujetos pasivos que lo reúnan, y en proporción a
su porcentaje de participación en la adquisición. Si la adquisición se realizara con cargo a la
sociedad de gananciales, siendo uno de los cónyuges menor de treinta años y el otro no, se
aplicará el tipo del 7´5 por ciento."
3. Se modi ca el apartado 4 del artículo 9 del Decreto Legislativo 62/08, de 19 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de Tributos
cedidos por el Estado, que queda con la siguiente redacción:
"4. Se ja un tipo reducido del 5 por ciento para las adquisiciones de viviendas que vayan
a ser objeto de inmediata rehabilitación. El tipo reducido será aplicable siempre que concurran
todas las condiciones siguientes:
a) En el documento público en el que se formalice la compraventa se hará constar que la
vivienda va a ser objeto de inmediata rehabilitación. No se aplicará el tipo reducido si no consta
dicha declaración en el documento, ni tampoco se aplicará cuando se produzcan recti caciones
del documento que subsanen su omisión, una vez pasados tres meses desde la formalización
de la compraventa.
b) La edi cación objeto de compraventa debe mantener el uso de vivienda tras la rehabi-
litación.
c) El coste total de las obras de rehabilitación será como mínimo del 15 por ciento del precio
de adquisición de la vivienda que conste en escritura.
A los efectos de este artículo son obras de rehabilitación de viviendas las siguientes:
a) Obras de reconstrucción de las viviendas, que comprendan obras de consolidación o tra-
tamiento de elementos estructurales, fachadas o cubiertas.
b) Obras de adecuación estructural que proporcionen a la edi cación condiciones de se-
guridad constructiva, de forma que quede garantizada su estabilidad y resistencia mecánica.
c) Obras de refuerzo o adecuación de la cimentación así como las que afecten o consistan
en el tratamiento de pilares o forjados.
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d) Obras de ampliación de la super cie construida, sobre y bajo rasante.
e) Obras de reconstrucción de fachadas y patios interiores.
f ) Obras de supresión de barreras arquitectónicas y/o instalación de elementos elevadores,
incluidos los destinados a salvar barreras arquitectónicas para su uso por personas con disca-
pacidad.
g) Obras de albañilería, fontanería y carpintería para la adecuación de habitabilidad de la
vivienda que la proporcionen condiciones mínimas respecto a su super cie útil, distribución
interior, aislamiento acústico, servicios higiénicos u otros servicios de carácter general.
h) Obras destinadas a la mejora y adecuación de la envolvente térmica de la vivienda, de
instalación o mejora de los sistemas de calefacción, de las instalaciones eléctricas, de agua,
climatización y protección contra incendios.
i) Obras de rehabilitación energética destinadas a la mejora del comportamiento energético
de la vivienda reduciendo su demanda energética, al aumento del rendimiento de los sistemas e
instalaciones térmicas o a la incorporación de equipos que utilicen fuentes de energía renovables.
Se entiende por inmediatas aquellas obras de rehabilitación que se nalicen en un plazo
inferior a dieciocho meses desde la fecha de devengo del impuesto. En el plazo máximo de los
treinta días posteriores a la nalización de los dieciocho meses a los que se re ere el párrafo
anterior, el sujeto pasivo deberá presentar la licencia de obras, las facturas, los justi cantes de
pago y demás documentación oportuna derivada de la rehabilitación, que acredite el cumpli-
miento de los requisitos exigidos en el presente artículo, con desglose por partidas que acre-
diten que el importe de las obras es igual o superior al 15 por ciento del precio de adquisición
de la vivienda, en la Dirección General competente en materia de Vivienda, que resolverá si
las obras a las que se re era la documentación presentada se adecuan a las descritas en los
apartados anteriores.
El incumplimiento de la obligación de presentar la documentación reseñada en el plazo
establecido o la falta de adecuación de las obras realizadas declarada por la Dirección General
competente en materia de vivienda, determinarán la pérdida del derecho al tipo reducido.
La aplicación del tipo reducido estará condicionada a que los importes satisfechos por la
rehabilitación sean justi cados con factura y abonados mediante tarjeta de crédito o débito,
transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a
las personas o entidades que realicen las obras o presten los servicios. En ningún caso, darán
derecho a practicar esta deducción las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero de
curso legal en efectivo."
4. Se modi ca el apartado 7 del artículo 9 del Decreto Legislativo 62/08, de 19 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de Tributos
cedidos por el Estado, que queda con la siguiente redacción:
"7. A los efectos de aplicación de los tipos reducidos regulados en este artículo, se asimilan
a los cónyuges, las parejas de hecho inscritas conforme a lo establecido en la Ley 1/2005, de
16 de mayo, de parejas de hecho, de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Por su parte, los tipos reducidos establecidos en el presente artículo, exceptuando el esta-
blecido en el apartado 5, sólo serán aplicables para la adquisición de viviendas que no superen
un valor real de 300.000 euros. En las adquisiciones de viviendas con valor real por encima
de dicha cifra, el tramo de valor real comprobado que excediese de 300.000 euros tributará al
tipo de gravamen que corresponda".
5. Se añade un apartado 11 al artículo 9 del Decreto Legislativo 62/08, de 19 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de Tributos ce-
didos por el Estado, que queda con la siguiente redacción:
"11. En las operaciones sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados que sean realizadas entre entidades perteneciente al sector público
regional íntegramente participadas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria, se aplicará una boni cación del 99 por 100 sobre la cuota tributaria obtenida aplicando
la tarifa del impuesto siempre que el sujeto pasivo sea una de las precitadas entidades".
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Siete. Tipo de gravamen aplicable a las concesiones administrativas.
Se modi ca el artículo 10 del Decreto Legislativo 62/08, de 19 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidos por el
Estado, que queda con la siguiente redacción:
"Artículo 10. Tipos de gravamen aplicables a las concesiones administrativas.
El otorgamiento de concesiones administrativas, así como la constitución o cesión de de-
rechos reales que recaigan sobre las mismas, excepto en el caso de constitución de derechos
reales de garantía, y en los actos o negocios administrativos equiparados a ellas, tributará al
tipo del 10 por ciento."
Ocho. Tipo de gravamen aplicable a las Transmisiones Patrimoniales Onerosas de bienes
muebles.
Se modi ca el artículo 11 del Decreto Legislativo 62/08, de 19 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidos por el
Estado, que queda con la siguiente redacción:
"Artículo 11. Tipos de gravamen aplicables a la transmisión onerosa de bienes muebles.
De acuerdo con lo previsto en el 49.1.a) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que
se regula el sistema de nanciación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciu-
dades con Estatuto de Autonomía y se modi can determinadas normas tributarias, y en orden
a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 11.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto so-
bre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, la cuota tributaria en la modalidad de Transmisiones
Patrimoniales Onerosas se obtendrá aplicando sobre la base liquidable los tipos de gravamen
previstos en este artículo.
Con carácter general, se aplicará el tipo del 8 por ciento en la transmisión de bienes mue-
bles y semovientes, así como la constitución y cesión de derechos reales sobre los mismos,
excepto los derechos reales de garantía."
Nueve. Tipo autonómico del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
Se modi ca el artículo 18 del Decreto Legislativo 62/08, de 19 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidos por el
Estado, que queda con la siguiente redacción:
"Artículo 18. Tipos de gravamen aplicables a los medios de transporte incluidos en los epí-
grafes del apartado 1 del artículo 70 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
Especiales.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la
que se regula el sistema de nanciación de las Comunidades Autónomas de régimen común
y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modi can determinadas normas tributarias, se
ja en el 9,75 por 100 el tipo impositivo aplicable a los medios de transporte incluidos en el
epígrafe 3º del artículo 70.1 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales,
en el 15 por 100 el tipo impositivo aplicable a los epígrafes 4º y 9º y en el 12 por 100 el tipo
impositivo del epígrafe 5º."
Diez. Actos Jurídicos Documentados. Tipos de Gravamen.
1. Se modi ca apartado 9 en el artículo 13 del Decreto Legislativo 62/08, de 19 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de Tributos
cedidos por el Estado, que queda con la siguiente redacción:
"9. Los tipos reducidos establecidos en los apartados anteriores del presente artículo, excep-
tuando el establecido en el apartado 7, sólo serán aplicables para la adquisición de viviendas que
no superen un valor real de 300.000 euros. En las adquisiciones por encima de dicha cifra, el tramo
de valor real que supere los 300.000 euros tributará al tipo de gravamen del 1,5 por ciento."
2. Se modi ca apartado 10 en el artículo 13 del Decreto Legislativo 62/08, de 19 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de Tributos
cedidos por el Estado, que queda con la siguiente redacción:
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"10. Tipo impositivo reducido para los documentos notariales que formalicen la adquisición
o constitución de derechos reales sobre inmuebles destinados a usos productivos situados en
polígonos industriales o parques empresariales desarrollados mediante actuaciones integradas
o sistemáticas dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria que vayan a constituir el domi-
cilio scal o centro de trabajo de una empresa:
a) Los documentos notariales que formalicen la adquisición o constitución de derechos
reales sobre inmuebles destinados a usos productivos situados en polígonos industriales o
parques empresariales desarrollados mediante actuaciones integradas o sistemáticas dentro
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que vayan a constituir el domicilio scal o centro de
trabajo de una empresa, así como las declaraciones de obra nueva sobre dichos inmuebles,
tributarán al tipo reducido del 0,5 por ciento siempre que el obligado tributario sea la empresa
que se establezca en el polígono y experimente, durante el año de establecimiento, que ha de
ser el inmediatamente siguiente a la adquisición del inmueble o el segundo como máximo si se
constituyó un derecho real sobre el mismo, un incremento de empleo de, al menos un 10 por
ciento, de su plantilla media del año anterior. En el caso de ser una empresa de nueva creación
bastará con que se produzca un aumento neto de empleo.
b) Si la empresa anterior genera más de 100 empleos directos durante los dos primeros
años de desarrollo de su actividad el tipo de gravamen será del 0,1 por ciento. Para ello la
empresa podrá autoliquidarse al tipo reducido previa presentación de declaración jurada seña-
lando que se va a cumplir tal requisito. En caso de incumplimiento, la Administración Tributa-
ria, en el ejercicio de sus competencias, podrá girar nueva liquidación, con el tipo de gravamen
correspondiente y con los recargos, intereses y, en su caso, sanciones, que procedan.
c) No será de aplicación el precitado tipo reducido en los casos establecidos en el apartado
7 de este artículo."
TÍTULO II
Medidas administrativas
Artículo 4. Modi cación de la Ley de Cantabria 2/2014, de 26 de noviembre, de Abasteci-
miento y Saneamiento de Aguas de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Uno. Se modi ca el artículo 4.3 de la Ley de Cantabria 2/2014, de 26 de noviembre, de
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que queda
con la siguiente redacción:
"3. La Comunidad Autónoma podrá delegar o encomendar sus competencias en los Muni-
cipios u otras Entidades, o recurrir a cualquier otro instrumento de cooperación en el caso de
que ello contribuya a mejorar la e cacia en la gestión de las competencias que se le atribuyen
en relación con el abastecimiento y el saneamiento. Los acuerdos o convenios adoptados con
tal n deberán tener una duración determinada, pudiendo las partes pactar una vigencia inicial
de hasta 10 años. La vigencia inicial se podrá prolongar mediante acuerdo de las partes por
sucesivos períodos de 10 años, en tanto se continúe con la prestación del servicio en la forma
pactada."
Dos. Se modi ca el artículo 5.2 de la Ley de Cantabria 2/2014, de 26 de noviembre, de
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que queda
con la siguiente redacción:
"2. Los Municipios podrán delegar o encomendar sus competencias en la Administración
autonómica o en otras Entidades, o utilizar cualquier otro instrumento de cooperación para
su ejercicio, cuando ello contribuya a mejorar la e cacia en la gestión de las competencias
que les correspondan en materia de abastecimiento y saneamiento. Los acuerdos o convenios
adoptados con tal n deberán tener una duración determinada, pudiendo las partes pactar una
vigencia inicial de hasta 10 años. La vigencia inicial se podrá prolongar mediante acuerdo de
las partes por sucesivos períodos de 10 años, en tanto se continúe con la prestación del ser-
vicio en la forma pactada."
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Tres. Se modi ca el artículo 7.4 de la Ley de Cantabria 2/2014, de 26 de noviembre, de
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que queda
con la siguiente redacción:
"4. El órgano autonómico con competencias en materia de abastecimiento y saneamiento
podrá acordar el uso conjunto de todas o parte de las infraestructuras de interés autonómico,
a que se re ere el artículo 6 de esta Ley con otros Entes públicos o privados. A tal efecto, se
rmarán los oportunos convenios de colaboración. Los convenios deberán tener una duración
determinada, pudiendo las partes pactar una vigencia inicial de hasta 10 años. La vigencia
inicial se podrá prolongar mediante acuerdo de las partes por sucesivos períodos de 10 años,
en tanto se continúe con la prestación del servicio en la forma pactada."
Cuatro. Se modi ca el párrafo c) del apartado 2 del artículo 25 de la Ley de Cantabria
2/2014, de 26 de noviembre, de abastecimiento y saneamiento de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, que queda con la siguiente redacción:
"c) El consumo de agua para usos agrícolas, forestales o ganaderos siempre que no exista
contaminación de carácter especial en naturaleza o cantidad por abonos, pesticidas o mate-
ria orgánica, comprobada por los servicios de inspección de la administración competente de
acuerdo con criterios establecidos al efecto.
No obstante, se entenderá que se produce afección al medio y, por tanto, no quedarán
exentos del pago del canon los usos anteriores, cuando se efectúen vertidos a los sistemas de
saneamiento públicos o a cualquier medio acuático.
Los usos agrarios, ganaderos y forestales son los correspondientes a las actividades clasi -
cadas en la sección A, divisiones 01 Y 02, de la Clasi cación nacional de actividades económi-
cas, aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasi cación
Nacional de Actividades Económicas 2009 (CENAE 2009). Excepto prueba en contrario, los
usos agrarios, ganaderos y forestales a los que se re ere el párrafo anterior serán los efectua-
dos por los sujetos pasivos que realicen dichas actividades y guren inscritos en el Registro de
Explotaciones Ganaderas o Agrarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. "
Cinco. Se modi ca el apartado 3 del artículo 25 de la Ley de Cantabria 2/2014, de 26 de
noviembre, de abastecimiento y saneamiento de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que
queda con la siguiente redacción:
"3. Se encuentran exentos del pago del componente jo de la cuota tributaria del canon
de agua residual doméstica de su vivienda habitual aquellos sujetos pasivos en concepto de
contribuyentes que se encuentren en alguna de las situaciones siguientes:
a) Perceptores de la renta social básica.
b) Perceptores de pensiones no contributivas de jubilación o invalidez.
c) Perceptores de subsidio por desempleo, Renta Activa de Inserción, subvención del PRE-
PARA, o ayuda económica de acompañamiento del programa activa.
d) Perceptores de ayuda a la dependencia, con capacidad económica de la unidad familiar
igual o inferior a 1,5 veces el IPREM.
La exención será aplicada de o cio por la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria en la liquidación del tributo, para lo que recabará de los archivos y registros de ca-
rácter o cial los datos que permitan conocer los sujetos pasivos incluidos en dichas situaciones,
excepto el apartado c), que deberá ser solicitada. Para este caso, será necesaria la solicitud
de la exención mediante el modelo 740 de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria,
aportando documentación que acredite que el sujeto pasivo se encuentra en tal situación."
Seis. Se modi ca el párrafo segundo del artículo 27.2 de la Ley de Cantabria 2/2014, de
26 de noviembre, de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, que queda con la siguiente redacción:
"2. El componente jo, que grava la posibilidad de consumir agua, consistirá en una can-
tidad expresada en euros que recaerá sobre cada sujeto pasivo y que se liquidará proporcio-
nalmente en los correspondientes períodos impositivos conjuntamente con el componente
variable.
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Este componente jo de la cuota tributaria será de 26,12 euros por abonado o sujeto pasivo
al año.
En el caso de que el suministro se realizase de manera colectiva a comunidades de propie-
tarios, comunidades de bienes u otras entidades similares, tendrán la condición de abonados a
efectos de la aplicación de la parte ja de la cuota, cada una de las viviendas, establecimientos
o locales que las integren, además de la propia comunidad o entidad si ésta dispusiera de al-
gún punto de suministro."
Siete. Se modi ca el artículo 28 de la Ley de Cantabria 2/2014, de 26 de noviembre, de
Abastecimiento y Saneamiento de aguas de la Comunidad Autónoma de Cantabria, queda con
la siguiente redacción:
"Artículo 28. Tipo de gravamen.
1. El tipo de gravamen aplicable al componente variable de la cuota se expresa en euros por
metro cúbico y se ja de acuerdo con los siguientes parámetros:
a) Régimen general: 0,50 euros por metro cúbico.
b) Se minorará en un 70 por ciento a las personas incluidas en alguna de las situaciones
previstas en el artículo 25.3.
c) Cuando se trate del aprovechamiento de aguas mineromedicinales o termales por parte
de balnearios autorizados, se minorará en un 90 por ciento el tipo de gravamen general.
2. La aplicación del tipo de gravamen reducido se aplicará de o cio por la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria a aquellas personas físicas que, siendo sujetos pasivos
en concepto de contribuyentes del canon del agua residual doméstica, se encuentren incluidas
en alguna de las situaciones señaladas en el artículo 25.3 de la presente Ley, a excepción del
supuesto recogido en la letra c) de dicho artículo.
3. No será de aplicación el tipo de gravamen boni cado a que se re ere el presente artículo
a aquellos usuarios cuyo consumo trimestral exceda de 35 m3 de agua, excepto en los supues-
tos recogidos en el apartado 1 c) del presente artículo".
Ocho. Se modi ca el artículo 43.4 de la Ley de Cantabria 2/2014, de 26 de noviembre, de
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que queda
con la siguiente redacción:
"4. Para el cálculo de la parte ja de la tasa, la determinación del volumen de garantía de
suministro, tanto en el caso de agua potable como de agua bruta, requerirá la previa solicitud
del sujeto pasivo en los términos previstos reglamentariamente.
A estos efectos, la garantía de suministro se concreta, en el caso del agua potable, en el
máximo volumen que el sujeto pasivo prevé consumir en un trimestre natural. Tratándose de
agua bruta, el volumen de garantía viene determinado por el máximo volumen que el sujeto
pasivo tiene previsto consumir en un período de un año.
El órgano competente en materia de abastecimiento y saneamiento de la Administración
autonómica asignará el volumen de garantía solicitado en atención a la capacidad técnica y
operativa que las infraestructuras correspondientes tienen para asegurar el suministro, así
como de la disponibilidad del recurso y de la legislación que resulte de aplicación en cada caso.
El volumen asignado podrá revisarse una vez cada cuatro años a petición del sujeto pasivo.
No obstante, podrá solicitarse la revisión sin que haya transcurrido ese plazo, cuando sobre-
vengan circunstancias excepcionales o imprevistas de incremento de demanda que hagan ne-
cesaria su modi cación o revisión. La solicitud deberá estar debidamente fundamentada por el
sujeto pasivo, requiriéndose con carácter previo a su estimación, informe preceptivo favorable
del Servicio Técnico competente en la materia."
Nueve. Se incluye una Disposición Adicional Sexta en la Ley de Cantabria 2/2014, de 26 de
noviembre, de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria, con la siguiente redacción:
"Disposición Adicional Sexta. La determinación de carga contaminante que constituye la
base imponible del canon de agua residual industrial regulado en el artículo 31 de la presente
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Ley, se realizará siguiendo los métodos que reglamentariamente se determinen. En tanto y
cuanto no puedan ser aplicados los anteriores, por las características propias del vertido o por
cualquier otra circunstancia sobrevenida, serán de aplicación aquellos métodos estandariza-
dos, certi cados y reconocidos internacionalmente."
Artículo 5. Modi cación de la Ley de Cantabria 2/2012, de 30 de mayo, de Medidas Adminis-
trativas, Económicas y Financieras para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios
Públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Se modi ca el artículo 14 la Ley de Cantabria 2/2012, de 30 de mayo, de Medidas Adminis-
trativas, Económicas y Financieras para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios
Públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, añadiendo un apartado 4, con la siguiente
redacción:
"4. Los topes salariales, recogidos en el apartado 1 de este artículo, se irán actualizando de
acuerdo con los incrementos que sean aprobados en la normativa correspondiente.".
Artículo 6. Modi cación de la Ley de Cantabria 1/2014, de 17 de noviembre, de Transporte
de Viajeros por Carretera.
Se modi ca el apartado 7 del artículo 32 de la Ley de Cantabria 1/2014, de 17 de noviem-
bre, de Transporte de Viajeros por Carretera, que queda redactado en los siguientes términos:
"7. Excepcionalmente, en los servicios de transporte regular de uso especial contratados
por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Cantabria que discurran por iti-
nerarios con trá cos no atendidos por servicios regulares de uso general por no ser viable su
establecimiento o, aún estando dichos trá cos atendidos por servicios regulares de uso general
no estuviera garantizada una adecuada realización y continuidad de estos servicios, se podrá
autorizar que dicho transporte de uso especial y el transporte de uso general puedan prestarse
de forma conjunta, en los términos que reglamentariamente se establezcan y respetando, en
todo caso, las exigencias básicas en materia de contratación que establece la normativa vi-
gente, de acuerdo con los principios de objetividad y transparencia".
Artículo 7. Modi cación de la Ley de Cantabria 1/2002, de 26 de febrero, del Comercio de
Cantabria.
Se modi ca el artículo 82 de la Ley de Cantabria 1/2002, de 26 de febrero, del Comercio de
Cantabria, en los siguientes términos:
"Artículo 82. Procedimiento sancionador.
1. La imposición de sanciones habrá de sujetarse a las normas básicas en materia de pro-
cedimiento administrativo común.
2. El plazo máximo en el que debe noti carse la resolución expresa de un procedimiento
sancionador en materia de comercio será de un año contado desde la fecha del acuerdo de
iniciación."
Artículo 8. Modi cación de la Ley de Cantabria 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los
Consumidores y Usuarios.
Se modi ca la Ley de Cantabria 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los Consumidores
y Usuarios, introduciendo una disposición adicional segunda, pasando la actual disposición
adicional única a ser la disposición adicional primera.
"Disposición adicional segunda. Instalaciones de venta al público al por menor de gasolinas
y gasóleos de automoción.
1. Al objeto de garantizar los derechos de los consumidores y usuarios, todas las instala-
ciones de venta al público al por menor de gasolinas y gasóleos de automoción o calefacción
dispondrán en la propia instalación, mientras permanezcan abiertas y en servicio, de personal
debidamente formado y cuali cado que realice ese servicio.
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2. Con el n de garantizar el suministro de carburante en zonas aisladas se establece un
régimen especial que permitirá que la instalación sea desasistida en los casos en que se cum-
plan todos y cada uno de los siguientes requisitos:
a) Que las ventas de la citada instalación no superen los 400.000 litros/año.
b) Que la instalación radique en un ámbito rural y en un municipio cuyo padrón no exceda
de 1.200 habitantes.
c) Que guarde una distancia mínima respecto de otras estaciones de servicio, y que ésta
sea de, al menos, de 15 km. por cualquier carretera que las comunique.
d) Que tenga comunicación permanente con un centro de atención al cliente.
e) Que conste un servicio de vídeo-vigilancia durante las 24 horas.
f ) Que disponga de un sistema automático de extinción de incendios.
3. En caso de que el suministro deba realizarse directamente por el consumidor, se indicará
esta circunstancia de forma visible con la palabra "autoservicio" o "desatendida», cuanto no
hay personal afecto a la instalación, en su caso, haciendo constar en cada aparato suministra-
dor las instrucciones necesarias para su manejo".
Artículo 9. Modi cación de la Ley de Cantabria 5/1999, de 24 de marzo, de Ordenación del
Turismo de Cantabria.
Se modi can el apartado a) del artículo 21, el artículo 46, el apartado 5 del artículo 56 y el
apartado 9 del artículo 57, que quedan redactados como sigue:
Uno. El apartado a) del artículo 21 queda redactado del siguiente modo:
"a) Poner en conocimiento del público interesado, con carácter previo a su contratación, los
precios nales aplicables a todos los servicios".
Dos. El artículo 46 queda redactado del siguiente modo:
"Artículo. 46. Régimen y publicidad de los precios.
1. Los precios de los servicios prestados por las empresas turísticas serán libres y estarán
siempre a disposición del público.
2. En las listas de precios, publicidad u oferta comercial de los servicios que se ofrezcan
deberá incluirse el precio nal completo, incluidos los impuestos, al menos en castellano y en
moneda de curso legal.
Dichos precios serán ciertos y completamente determinados, no permitiéndose la existen-
cia de un régimen de publicidad basado en precios máximos.
3. Las listas de precios de todos los servicios que ofrezcan deberán anunciarse en lugar
claramente visible y de fácil lectura para el público, haciendo constar separadamente y con
su ciente claridad cada uno de los servicios y conceptos, de tal forma que posibilite que el
usuario tome una decisión antes de la contratación de un servicio turístico.
En todo caso se deberá dar especial publicidad del precio nal en el caso de reclamos y
promociones de manera que sea inmediatamente visible para un cliente que accede al estable-
cimiento sin necesidad de consulta el listado general de precios.
4. Los servicios turísticos se ajustarán al régimen de libertad de precios, pudiendo jarse
y modi carse por las empresas sin más obligación que hacerlos públicos para garantizar su
previo conocimiento por los clientes.
5. No podrá reclamarse el pago de servicios no solicitados previamente por el cliente o de
los cuales no se haya informado de su precio nal.
6. Las restricciones sobre medios de pago deberán anunciarse en lugar claramente visible
y de fácil lectura para el público".
Tres. El apartado 5 del artículo 56 queda redactado del siguiente modo:
"5. La falta de información previa del precio nal completo de alguno de los servicios cobra-
dos o el cobro de servicios no solicitados".
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Cuatro. El apartado 9 del artículo 57 queda redactado del siguiente modo:
"9. La falta de exhibición de listas de precios en lugar claramente visible y de fácil lectura
para el público o la percepción de precios superiores a los anunciados o contratados".
Artículo 10. Modi cación de la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y
Servicios Sociales.
Uno. Se modi ca el apartado 1 del artículo 29, que queda redactado en los siguientes tér-
minos:
"1. Podrán ser titulares del derecho a la renta social básica, en las condiciones previstas en
la presente Ley, aquellas personas que reúnan los requisitos que se establecen a continuación,
que habrán de cumplir en la fecha de presentación de la solicitud y mantener durante todo el
tiempo de duración de la prestación:
a) Carecer la unidad perceptora, en los términos en los que ésta se de ne en el artículo 44
de esta Ley, de recursos económicos su cientes para hacer frente a las necesidades básicas,
entendiéndose por tales recursos, a los efectos de esta Ley, los que no alcancen los porcenta-
jes a que se re ere el apartado 1 del artículo 32.
b) Tener residencia legal en España así como estar empadronadas y tener residencia efec-
tiva en algún municipio de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Dichos requisitos deberán
igualmente haber concurrido de manera ininterrumpida durante los doce meses inmediata-
mente anteriores a la fecha de su solicitud. A efectos de esta Ley, la ausencia del territorio de
la Comunidad Autónoma de Cantabria por tiempo superior a 90 días implica la pérdida de la
residencia efectiva.
A los efectos de la obtención de la renta social básica, tendrán también la consideración de
residencia efectiva para el cumplimiento del presente requisito, los períodos siguientes:
1.º El tiempo transcurrido en España en establecimientos o centros de régimen cerrado, ya
sean penitenciarios o de tratamiento terapéutico o rehabilitador.
2.º El tiempo de residencia en otra Comunidad Autónoma, cuando se trate de personas que
vinieran percibiendo una prestación de similar naturaleza en aquélla, de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo b) del apartado 2 del presente artículo.
3.º No precisarán el requisito de residencia efectiva en la Comunidad Autónoma las persona
emigrantes cántabras retornadas en los términos que de ne el Estatuto de Autonomía para
Cantabria.
c) Ser mayor de veintitrés años de edad y menor de sesenta y cinco. También podrán ser
bene ciarias las personas que, sin cumplir este requisito, se encuentren en alguna de las si-
guientes circunstancias:
1.º Ser mayor de dieciocho y menor de veintitrés años y hallarse en alguno de los siguien-
tes casos:
— Orfandad absoluta.
— Tener a su cargo personas menores de edad o personas en situación de dependencia
reconocida legalmente.
2.º Ser mayor de sesenta y cinco años y tener a su cargo personas menores de edad o
personas en situación de dependencia reconocida legalmente.
d) En el caso de tratarse de personas sin empleo que estén en edad laboral, estar inscritos
como demandantes de empleo, con la excepción de las personas perceptoras de pensiones pú-
blicas por invalidez, de aquellas que no puedan tener la condición de demandantes de empleo
a tenor de las normas reguladoras de los Servicios Públicos de Empleo, y de las personas que
se encuentren en los supuestos que se determinen reglamentariamente."
Dos. Se modi ca el apartado 2 del artículo 35, que queda redactado como sigue:
"2. La ausencia temporal de la vivienda o alojamiento habitual de algún miembro de la uni-
dad perceptora se entenderá como minoración del número de miembros cuando se prolongue
por plazo igual o superior a tres meses continuados, salvo en el supuesto previsto en el párrafo
c) artículo 44".
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Tres. Se modi ca el artículo 36 que quedará redactado de la siguiente forma:
"Artículo 36. Suspensión del derecho.
1. La prestación de la Renta Social Básica podrá ser suspendida temporalmente, previa
audiencia de la persona interesada, mediante resolución motivada que jará el plazo de sus-
pensión.
2. La prestación se suspenderá por pérdida temporal de requisitos. Cuando la causa de
suspensión sea la percepción de nuevos ingresos derivados de una actividad laboral de du-
ración inferior a seis meses, para que pueda acordarse la suspensión tendrán que concurrir
las siguientes circunstancias: que dichos ingresos sean iguales o superiores a la cuantía de
la Renta Social Básica, que dicha actividad sea superior a un mes o que el cómputo de los
días trabajados efectivamente, en el caso de contratos de trabajo por días, sumen un total de
treinta días durante un período de tres meses; en todo caso, los efectos de la suspensión se
producirán por un tiempo equivalente al de la duración de la actividad laboral.
3. La suspensión del pago de la Renta Social Básica se mantendrá mientras persistan las
circunstancias que hubieran dado lugar a la misma y no podrá extenderse por un período con-
tinuado superior a seis meses, transcurrido el cual el derecho a la prestación se extinguirá.
4. Se podrá proceder a la suspensión cautelar del pago de la prestación por la Dirección del
Instituto Cántabro de Servicios Sociales cuando se hubieran detectado en la unidad perceptora
indicios de una situación que implique la pérdida de alguno de los requisitos exigidos para el
reconocimiento o mantenimiento de la prestación o el incumplimiento de alguna de las obliga-
ciones de las personas titulares recogidas en el artículo 30, resolviéndose acerca del manteni-
miento, suspensión o extinción del derecho a la prestación en el plazo máximo de dos meses.
5. Cuando en la unidad perceptora existieran personas menores de edad, no se procederá
a la suspensión cautelar, salvo que exista imposibilidad de determinar el cumplimiento de los
requisitos por causas imputables a la propia persona titular. Asimismo, se adoptarán las me-
didas necesarias para evitar el riesgo de desprotección de los menores, dando traslado a los
órganos competentes en materia de protección de menores."
Cuatro. Se modi ca el artículo 37, que quedará redactado como sigue:
"Artículo 37. Reanudación de la prestación.
1. Cuando desaparezcan las causas de suspensión del derecho se procederá a instancia de
parte a comprobar si persisten los requisitos exigidos para mantener la Renta Social Básica
y, en su caso, a establecer la cuantía que corresponda y a regularizar el importe a percibir,
detrayéndose del mismo las cuantías ya abonadas en el período en que hubiera procedido la
suspensión.
2. La prestación se devengará a partir del día siguiente al de la fecha en que hubieran de-
caído las causas que motivaron la suspensión, con las siguientes salvedades:
a) Cuando la reanudación se produzca por nalización de actividad laboral o de otras pres-
taciones periódicas, la renta se devengará el día uno del mes siguiente al de dicha naliza-
ción, salvo que los ingresos obtenidos en el último mes de actividad o de percepción de otras
prestaciones fueran inferiores a la cuantía de la renta social básica jada, en cuyo caso ésta
se devengará a partir del día siguiente al de la nalización de las actividades o prestaciones
anteriores.
b) Si la reanudación se produce por retorno a la Comunidad Autónoma de Cantabria, en
ningún caso se devengará cantidad alguna por los días que, excediendo el 10 por ciento del
año natural permitidos, hayan permanecido fuera de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
aunque no hayan perdido el requisito de residencia efectiva, y siempre que no proceda la ex-
tinción de la prestación."
Cinco. Se modi ca la letra e) del artículo 38, que quedará redactado como sigue:
"e) Haber percibido ingresos que en cuantía mensual superen la cantidad que tiene jada
como renta social básica mensual y hacerlo por tiempo superior a seis meses."
Seis. Se modi ca la letra b) del artículo 44, que queda redactada de la siguiente forma:
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"b) Dos o más personas que viven juntas en una misma vivienda o alojamiento, cuando es-
tén unidas entre sí por matrimonio u otra forma de relación análoga a la conyugal, por consan-
guinidad o a nidad hasta el segundo grado, o por tutela. Se considerarán unidades percepto-
ras diferenciadas las integradas por aquellas personas que, aún compartiendo alojamiento con
personas a las que estuvieran unidas por consanguinidad o a nidad hasta el segundo grado
o por tutela, hubieran constituido unidades familiares económicamente independientes du-
rante al menos los doce meses inmediatamente anteriores a la convivencia, para lo que debe-
rán acreditar que durante dicho período contaban con medios económicos propios su cientes
que permitieran dicha independencia. Esta condición de unidad perceptora diferenciada podrá
mantenerse únicamente durante los doce meses siguientes a la fecha de empadronamiento en
el domicilio compartido."
Siete. Se modi ca la letra a) del apartado 1 del artículo 45, con la siguiente redacción:
"a) Los rendimientos procedentes del trabajo por cuenta propia, ajena o del patrimonio que
posea. En el caso de trabajadores por cuenta propia se computarán en todo caso como ingreso
mínimo la cuantía correspondiente a la cuota mensual de cotización satisfecha a la Seguridad
Social, en el caso de que los rendimientos declarados no alcancen esa cuantía."
Ocho. Se modi ca el apartado 2 del artículo 45, que quedará redactado en los siguientes
términos:
"2. Quedarán excluidas del cómputo de rendimientos las prestaciones, de carácter periódico
o no, cuya nalidad sea el acceso de los miembros de la unidad perceptora a la educación,
la formación profesional, el empleo, la sanidad, la vivienda, el transporte o la cobertura de
situaciones de urgente necesidad, las prestaciones económicas para las personas acogedoras
y las que se concedan en el marco del sistema de protección a la infancia y la adolescencia,
previstas respectivamente en los artículos 83 y 84 de la Ley de Cantabria 8/2010, de 23 de
diciembre, de Garantía de derechos y atención a la infancia y la adolescencia, la percepción por
parte de las personas menores de edad existentes en la unidad de convivencia de prestaciones
económicas del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, así como las cantidades
retenidas por resolución judicial o convenio regulador en concepto de pensión compensatoria
o de alimentos. Tampoco se incluirán en este cómputo las prestaciones familiares de la Segu-
ridad Social por hijo a cargo menor de 18 años y las que se concedan por causa de nacimiento
o adopción de hijo."
Nueve. Se modi ca el párrafo 2º de la letra c) del apartado 3 del artículo 45, con la si-
guiente redacción:
"2.º El inmueble sobre el que un miembro de la unidad perceptora ostente la propiedad y
esté gravado con un derecho de usufructo a favor de un tercero, siempre que el usufructo se
hubiera constituido por medio de herencia, legado o donación y no redunde ningún tipo de
rendimiento a favor del solicitante de esta prestación."
Diez. Se modi ca el apartado 3 del artículo 52 que quedará redactado en los siguientes
términos:
"3. Una vez efectuada la liquidación de las estancias o del servicio concertado, la entidad
titular del servicio, dentro de los primeros diez días naturales del mes siguiente al que co-
rresponda la liquidación, remitirá a la Consejería competente en materia de servicios sociales
certi cación de las cantidades percibidas de las personas bene ciarias, en la que se expresarán
todos los conceptos cuyo abono corresponda a la Administración de la Comunidad Autónoma."
Once. Se modi ca la letra c), del apartado 2 del artículo 59, que queda redactado como
sigue:
"c) Remitir a la Consejería competente, una vez efectuada la liquidación de las estancias
o del servicio concertado, y dentro de los primeros diez días naturales del mes siguiente al
que corresponda la liquidación efectuada, certi cación de las cantidades percibidas de las
personas bene ciarias, en la que se expresarán todos los conceptos cuyo abono corresponda
a la Administración de la Comunidad Autónoma; y remitir, con la periodicidad que se je por
la Administración, los expedientes relativos a las reclamaciones económicas por usuarios que
hayan incurrido en impago del precio público."
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Doce. Se modi can los apartados 4 y 5 del artículo 60, que quedan redactados de la si-
guiente forma:
"4. Si la entidad concertante se fusionara con otra u otras, o se produjera su absorción o
cualquier otra forma de subrogación legal en sus derechos y obligaciones, el concierto conti-
nuará con la entidad subrogada en las mismas condiciones que se jaron en el mismo, siempre
que la nueva entidad reúna los requisitos para concertar establecidos en el artículo 57 de esta
Ley. En estos supuestos se tramitará una addenda modi cativa del concierto a los solos efec-
tos de hacer constar el cambio de entidad titular del concierto. En caso de que no se cumpla
alguno de estos requisitos, la Administración resolverá el concierto en el plazo de seis meses
desde que tuvo conocimiento de la subrogación, con aplicación de la medida establecida en el
apartado 2 de este artículo.
5. La cesión a terceros de los derechos y obligaciones derivados del concierto no surtirá
efectos frente a la Administración concertante hasta la formalización del nuevo concierto con el
cesionario, previa comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo
57."
Trece. Se añade un apartado 6 al artículo 62 que queda redactado en los siguientes térmi-
nos:
"6. A los efectos previstos en los apartados anteriores, la Administración publicará anual-
mente la información de las plazas que, con carácter estimativo, considera necesarias para la
cobertura del servicio de atención a las personas en las distintas Zonas de Servicios Sociales."
Catorce. Se modi ca el artículo 90, que quedará redactado de la siguiente forma:
"Artículo 90. Infracciones y sujetos infractores.
1. Constituyen infracciones administrativas en materia de servicios sociales las acciones u
omisiones de los diferentes sujetos responsables tipi cadas y sancionadas en este capítulo.
2. Las infracciones se clasi can en leves, graves y muy graves.
3. Serán responsables de las infracciones las personas físicas y jurídicas a las que sean
imputables las acciones u omisiones constitutivas de infracciones tipi cadas en esta ley a título
de dolo o culpa.
4. Cuando las personas autoras de las infracciones sean varias conjuntamente, estas res-
ponderán de forma solidaria de las infracciones que se cometan y de las sanciones que se
impongan.
5. Particularmente tendrán la consideración de sujetos responsables:
a) Las personas físicas o jurídicas titulares o gestoras de los centros y servicios sociales.
b) Las personas que desempeñen la dirección y el personal trabajador de los centros o ser-
vicios, todos ellos en el ámbito de sus funciones.
d) Las personas usuarias de los centros y servicios o perceptoras de prestaciones, así como
quienes ostenten su representación legal."
Quince. Se modi ca el artículo 91 que queda redactado como sigue:
"Artículo 91. Infracciones leves.
1. Las personas físicas o jurídicas titulares o gestoras de centros y servicios sociales, quie-
nes desempeñen la dirección y el personal trabajador de los centros o servicios, en el ámbito
de sus funciones, podrán incurrir en las siguientes infracciones leves:
a) Vulnerar los derechos legalmente reconocidos a las personas usuarias de servicios socia-
les relativos al conocimiento del reglamento interno del servicio, al acceso a un sistema de re-
cepción y resolución de quejas y sugerencias, a la comunicación a la persona usuaria del precio
del servicio y la contraprestación que ha de satisfacer y a la tenencia de objetos personales.
b) No disponer, para los servicios en los que así se exija reglamentariamente, de un registro
de las personas usuarias o no tenerlo debidamente actualizado.
c) No proceder a la implantación o correcta ejecución de cualesquiera de los programas de
los servicios sociales establecidos en esta Ley, en las normas reguladoras de los requisitos de
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los centros y servicios sociales y en la Cartera de Servicios Sociales del Sistema Público de
Servicios Sociales, siempre que no constituya infracción grave o muy grave.
d) Mantener los locales, instalaciones, mobiliario o enseres con de ciencias en su estado de
conservación o funcionamiento, en su limpieza e higiene, sin que se derive de ello riesgo para
la integridad física o la salud de las personas usuarias.
e) Prestar una asistencia inadecuada a las personas usuarias, siempre que no se les causen
perjuicios de carácter grave.
f ) Incumplir la normativa reguladora de los requisitos que deban cumplir los servicios o
los centros para poder funcionar o estar acreditados, cuando del incumplimiento no se derive
riesgo para la integridad física o salud de las personas usuarias, y siempre que los hechos no
estén tipi cados como constitutivos de falta grave o muy grave.
g) Incumplir las entidades gestoras la obligación de prevenir la comisión de infracciones
previstas en este apartado por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vin-
culación.
2. Las personas usuarias de los centros y servicios, o perceptoras de prestaciones, así como
quienes ostenten su representación legal, podrán cometer las siguientes infracciones leves:
a) Incumplir las normas, requisitos, procedimientos, y condiciones establecidas para las
prestaciones y servicios.
b) Destinar las prestaciones que les hayan sido concedidas a una nalidad distinta de aque-
lla que motivó su concesión.
c) Alterar las normas de convivencia y respeto mutuo creando situaciones de malestar en
el centro.
d) Utilizar inadecuadamente las instalaciones y medios del centro o perturbar las activida-
des del mismo.
e) Promover y participar en altercados, riñas o peleas de cualquier tipo."
Dieciséis. Se modi ca el artículo 92 que queda con la siguiente redacción:
"Artículo 92. Infracciones graves.
1. Las personas físicas o jurídicas titulares o gestoras de centros y servicios sociales, quie-
nes desempeñen la dirección y el personal trabajador de los centros o servicios, en el ámbito
de sus funciones, podrán incurrir en las siguientes infracciones graves:
a) Impedir el acceso en condiciones de igualdad a las personas destinatarias de los servicios
sociales.
b) Incumplir la obligación de elaborar el programa individual de intervención de las perso-
nas usuarias a que se re ere el artículo 83.1 de esta Ley, o elaborarlo o aplicarlo incumpliendo
la normativa que se establezca al efecto.
c) Impedir el ejercicio de la libertad individual para el ingreso, permanencia y salida de un
centro, salvo lo establecido al efecto por la legislación vigente para las personas menores y las
incapacitadas.
d) Someter a las personas usuarias de los servicios a maltratos físicos o psíquicos, siempre
que no causen un perjuicio muy grave.
e) Mantener los locales, instalaciones, mobiliario o enseres con de ciencias en su estado,
funcionamiento, limpieza o higiene derivándose de ello riesgo para la integridad física o la
salud.
f ) No proporcionar a las personas usuarias de los servicios residenciales una atención es-
pecializada e integral, de forma continuada y acorde con los requerimientos de su programa
individual de intervención.
g) No respetar los derechos de las personas usuarias de los centros y servicios sociales
relativos a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, al ejercicio de la práctica religiosa,
y al mantenimiento de la relación con su entorno familiar y social.
h) Incumplir o alterar el régimen de precios del servicio.
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i) Cambiar la titularidad de un centro o realizar una modi cación sustancial sin disponer de
la autorización que resulte preceptiva conforme a esta Ley y sus normas de desarrollo.
j) Cesar en la prestación de un servicio social autorizado sin haberlo comunicado a la Con-
sejería competente en materia de servicios sociales.
k) Falsear los datos necesarios para la obtención de las autorizaciones administrativas o la
acreditación, en especial los relativos a la personalidad y al carácter social o mercantil de la
entidad; los concernientes a las características materiales, de equipamiento y de seguridad;
los concernientes a las condiciones de edi cación, emplazamiento y acondicionamiento de los
centros; los relativos a los requisitos de titulación y ratios del personal de atención y dirección;
y por último, los relativos al cumplimiento de los estándares de calidad exigidos en cada caso.
l) No someterse o impedir u obstaculizar las actuaciones de comprobación y evaluación de
las condiciones de concesión de las autorizaciones y de la acreditación.
m) Incumplir la normativa reguladora de los requisitos que deban cumplir los servicios o
los centros para poder funcionar o estar acreditados, cuando de ello se derive riesgo para la
integridad física o la salud de las personas usuarias.
n) Incumplir las normas relativas a la cuali cación profesional y a las ratios de personal
exigibles a los centros y a los servicios para poder funcionar y estar acreditados.
ñ) Obstruir la acción de la inspección de servicios sociales.
o) La omisión de actuación que provoque un perjuicio grave a las personas usuarias.
p) Incumplir las entidades gestoras la obligación de prevenir la comisión de infracciones pre-
vistas en este apartado por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación.
2. Las personas usuarias de los centros y servicios, o perceptoras de prestaciones, así como
quienes ostenten su representación legal podrán incurrir en las siguientes infracciones graves:
a) Alterar las normas de convivencia de forma habitual creando situaciones de malestar y
perjuicio en el centro.
b) No comunicar la ausencia del centro cuando ésta tenga una duración superior a veinti-
cuatro horas e inferior a cinco días.
c) Utilizar en las habitaciones aparatos y herramientas no autorizados, que puedan suponer
riesgo para la integridad física o la seguridad de las personas.
d) La sustracción de bienes o cualquier clase de objetos propiedad del centro, del personal
o de cualquier persona usuaria."
Diecisiete. Se modi ca el artículo 93, que queda redactado de la siguiente forma:
"Artículo 93. Infracciones muy graves.
1. Las personas físicas o jurídicas titulares o gestoras de centros y servicios sociales, quie-
nes desempeñen la dirección y el personal trabajador de los centros o servicios, en el ámbito
de sus funciones, podrán incurrir en las siguientes infracciones muy graves:
a) Realizar actuaciones constitutivas de servicios sociales sin la preceptiva autorización.
b) Someter a las personas usuarias de los servicios a cualquier tipo de inmovilización o res-
tricción física o farmacológica incumpliendo los requisitos de existencia de peligro inminente
para la seguridad física de aquéllas o de terceras personas, prescripción profesional en el plazo
de veinticuatro horas o comunicación a los familiares y al Ministerio Fiscal que establece el
párrafo s) del artículo 6 de esta Ley.
c) Someter a las personas usuarias de los servicios a maltratos físicos o psíquicos que les
cause un perjuicio muy grave.
d) Ejercer coacciones o amenazas, así como cualquier otra forma de presión grave sobre el
personal trabajador del centro y el inspector, las personas denunciantes, usuarias o familiares
de éstas.
e) La omisión de actuación que provoque un perjuicio muy grave a las personas usuarias.
f ) Prestar servicios sociales ocultando su naturaleza al objeto de eludir la aplicación de la
legislación vigente en la materia.
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g) Superar el límite de ocupación de las personas usuarias respecto de las plazas auto-
rizadas, instalar camas u otros muebles para dormir en un espacio inadecuado para utilizar
como dormitorio, destinar plazas autorizadas para personas sin dependencia a personas que
se encuentran en esta situación o efectuar nuevos ingresos de personas residentes después de
haberse noti cado una resolución administrativa de cierre.
h) Incumplir la normativa reguladora de los requisitos mínimos que deben cumplir los ser-
vicios o los centros para poder funcionar o estar acreditados cuando el incumplimiento cause
perjuicio a la salud o integridad física de las personas usuarias.
i) La negativa absoluta a la acción de los servicios de inspección.
j) Incumplir el deber de con dencialidad de los datos personales, familiares o sociales de
las personas usuarias de los servicios sociales.
k) Incumplir la entidad gestora la obligación de prevenir la comisión de las infracciones
previstas en este apartado por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o
vinculación.
2. Las personas usuarias de los centros y servicios sociales, o perceptoras de prestaciones,
así como quienes ostenten su representación legal, podrán incurrir en las siguientes infraccio-
nes muy graves:
a) La agresión física o los malos tratos graves a otros usuarios o usuarias, al personal del
centro o a cualquier persona que se encuentre en sus dependencias.
b) Falsear u ocultar declaraciones o aportar datos inexactos en relación con la condición de
persona usuaria que sean determinantes del reconocimiento del derecho o prestación, cuando
no se hubiera tenido derecho a tal reconocimiento de no mediar la infracción cometida.
c) La demora injusti cada de tres meses en el pago de las estancias.
d) No comunicar la ausencia del centro cuando ésta tenga una duración igual o superior a
cinco días."
Dieciocho. Se modi ca el artículo 95 que queda con la siguiente redacción:
"Artículo 95. Sanciones administrativas.
1. Las personas físicas o jurídicas titulares o gestoras de centros y servicios sociales y quie-
nes desempeñen la dirección de los centros o servicios serán sancionadas con:
a) Por infracciones leves: amonestación por escrito o multa de trescientos a seis mil euros.
b) Por infracciones graves: multa de seis mil euros con un céntimo hasta dieciocho mil euros.
c) Por infracciones muy graves: multa de dieciocho mil euros con un céntimo hasta seis-
cientos mil euros.
2. El personal trabajador de los centros y servicios sociales serán sancionado con:
a) Por infracciones leves: apercibimiento o multa hasta 300 euros.
b) Por infracciones graves: multa de 301 a 3.000 euros.
c) Por infracciones muy graves: multa de 3.001 a 6.000 euros.
3. Las infracciones cometidas por las personas bene ciarias de los servicios, centros y
prestaciones, así como quienes ostenten su representación legal, darán lugar a la imposición
de las siguientes sanciones:
a) Por infracciones leves: amonestación verbal o por escrito.
b) Por infracciones graves:
1.º Traslado obligatorio de carácter de nitivo o temporal por un período máximo de seis
meses a otro centro que designe la Dirección del Instituto Cántabro de Servicios Sociales.
2.º Suspensión de los derechos de la persona usuaria o perceptora de prestaciones por un
tiempo no superior a seis meses.
c) Por infracciones muy graves:
1.º Suspensión de los derechos de persona usuaria o perceptora de prestaciones por un
período de seis meses a dos años.
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2.º Pérdida de nitiva de la condición de persona bene ciaria de los servicios, centros o
prestaciones.
4. En el caso de que la infracción la hubiera cometido quien ostente la representación legal
de una persona usuaria incapacitada legalmente se le impondrá una sanción de hasta diecio-
cho mil euros."
Diecinueve. Se modi ca el artículo 96, que queda redactado de la siguiente forma:
"Artículo 96. Sanciones accesorias.
1. En las infracciones muy graves cometidas por las personas físicas o jurídicas titulares o
gestoras de centros y servicios sociales, y por quienes desempeñen la dirección de los centros
o servicios podrán acumularse como sanciones las siguientes:
a) La inhabilitación de quienes ejerzan la dirección de los centros o servicios por un período
de entre uno y cinco años.
b) La prohibición de obtener subvenciones por un período de entre uno y cinco años.
c) La suspensión temporal, total o parcial, del servicio por un período máximo de un año.
d) El cese de nitivo, total o parcial del servicio, que llevará implícita la revocación de la
autorización administrativa correspondiente y, en su caso, de la acreditación.
e) La inhabilitación para concertar con la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria por un período de entre uno y cinco años.
f ) La pérdida de la acreditación concedida por un período de entre uno y cinco años.
2. Una vez rmes en vía administrativa, las sanciones se anotarán en el Registro de Entida-
des, Centros y Servicios Sociales."
Veinte. Se modi ca el artículo 99, que queda redactado como sigue:
"Artículo 99. Órganos competentes.
1. El órgano competente para iniciar el expediente sancionador será la Dirección General
competente en materia de inspección de servicios sociales por las infracciones cometidas por
las personas físicas o jurídicas titulares o gestoras de los centros y servicios sociales, por
quienes desempeñen la dirección y por el personal trabajador de los centros o servicios, y la
Dirección del Instituto Cántabro de Servicios Sociales por las infracciones cometidas por las
personas usuarias de centros y servicios sociales o bene ciarias de prestaciones o por sus
representantes legales.
2. Las sanciones por infracciones leves y graves se impondrán, en cada caso, por el mismo
órgano que haya iniciado el procedimiento sancionador conforme a lo dispuesto en el apartado
anterior, y las sanciones muy graves serán impuestas por la persona titular de la Consejería
competente en materia de servicios sociales.
3. En el supuesto de acumulación de infracciones leves y/o graves con muy graves en un
mismo procedimiento, será competente para la imposición de todas las sanciones la persona
titular de la Consejería de la Consejería competente en materia de servicios sociales.
Veintiuno. Se modi ca el artículo 100, que quedará redactado como sigue:
Artículo 100. Procedimiento sancionador.
1. El procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en esta Ley será el esta-
blecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
2. El plazo máximo para resolver el procedimiento será de un año desde el acuerdo de ini-
ciación hasta la noti cación expresa de la resolución.
3. En cualquier momento del procedimiento sancionador cuando los órganos competentes
estimen que los hechos también pudieran ser constitutivos de ilícito penal, se pondrán en co-
nocimiento del Ministerio Fiscal, acordándose la suspensión del procedimiento por el órgano
competente para su iniciación hasta que recaiga resolución judicial."
Artículo 11. Modi cación de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones
de Cantabria.
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Se modi ca el párrafo primero del apartado 3 del artículo 32 de la Ley de Cantabria 10/2006,
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, que queda redactado de la siguiente forma:
"3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías jadas por la Ley de
Contratos del Sector Público para el contrato menor, la persona bene ciaria deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del
compromiso para la ejecución de la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo
que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado
su ciente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera
realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención."
Artículo 12. Modi cación de la Ley de Cantabria 15/2006, de 24 de octubre, de Juego de
Cantabria.
Uno. Se modi ca el artículo 5 de la Ley de Cantabria 15/2006, de 24 de octubre, de Juego
de Cantabria, que queda redactado como sigue:
"Artículo 5. Los Registros del sector del juego.
1. Dependientes de la Consejería competente en materia de juego se constituirán los si-
guientes Registros de ámbito autonómico:
a) Registro de Juego de Cantabria, que contendrá los datos relativos a las personas físicas
o jurídicas que se dediquen a la explotación económica del juego y las apuestas, fabricantes,
locales autorizados para la práctica de juegos, máquinas de juego, autorizaciones de explota-
ción y otros datos de interés relativos a las actividades de juego, así como cuantos cambios de
titularidad y demás modi caciones se produzcan en estos datos.
El Registro de Juego tendrá carácter público y la inscripción en el mismo será requisito in-
dispensable para el desarrollo de actividades de juego en Cantabria.
Quedan exentas de la inscripción en el Registro de Juego aquellas empresas o entidades
que, no siendo su actividad principal la explotación de juegos, lleven a cabo sorteos a través
de combinaciones aleatorias con nes publicitarios. Quedan igualmente exentas de inscripción
aquellas fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro que celebren sorteos o rifas con el n
de obtener fondos para la realización de sus nes.
b) Registro de Interdicciones de Acceso al Juego, en él se inscribirá la información necesaria
para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a solicitar que les sea prohibida la entrada en
casinos y demás establecimientos de juego donde deban aplicarse sistemas de control de ad-
misión, porque así se prevea especí camente en los reglamentos correspondientes, así como
las prohibiciones judiciales.
La Consejería competente en materia de juego inscribirá en este Registro a:
1.º Las personas que voluntariamente hubieran solicitado que les sea prohibido el acceso
al juego.
2.º Las personas que por sentencia judicial rme tengan prohibido el acceso al juego o se
hallen incapacitadas legalmente.
El contenido del Registro de Interdicciones de Acceso al Juego no tiene carácter público,
quedando limitada la comunicación de los datos contenidos en el mismo, única y exclusiva-
mente a las nalidades previstas en esta Ley.
La información de este registro se comunicará periódicamente a los establecimientos de
juego con la nalidad de impedir el acceso al juego de las personas inscritas en el mismo.
2. El tratamiento de los datos de carácter personal en los cheros y registros a los que se
re ere el apartado anterior, destinados exclusivamente para los nes establecidos en esta Ley,
no requerirá del consentimiento de sus titulares, de acuerdo con lo previsto en la legislación
estatal de protección de datos de carácter personal.
3. Reglamentariamente se determinará el régimen jurídico, organización y funcionamiento
de los registros a los que se re ere el presente artículo. Los registros no incluirán más datos
que los estrictamente necesarios para el cumplimiento de las nalidades previstas para los
mismos en esta Ley."
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Dos. Se modi ca el artículo 14 de la Ley de Cantabria 15/2006, de 24 de octubre, de Juego
de Cantabria, que pasa a tener la siguiente redacción:
"Artículo 14. Salones de Juego.
1. Son salones de juego los establecimientos en los que, de forma especí ca, se instalan y
explotan máquinas de tipo B. De igual forma podrán contar con máquinas de tipo D o recrea-
tivas con premio en especie.
2. La super cie y aforo de estos salones se regulará reglamentariamente, así como el nú-
mero máximo de máquinas que pueden instalarse.
3. La autorización tendrá una duración de diez años.
4. La distancia mínima entre salones de juego será de 500 metros, tomando como referen-
cia el recorrido peatonal más corto entre las puertas de acceso a los mismos.
El régimen de distancias podrá ser modi cado por Decreto del Consejo de Gobierno de la
comunidad Autónoma de Cantabria, de conformidad con el artículo 8."
Tres. Se modi ca la letra e) del apartado 1 del artículo 28 de la Ley de Cantabria 15/2006,
de 24 de octubre, de Juego de Cantabria, que pasa a tener la siguiente redacción:
"e) Las personas que hayan sido incluidas por la Consejería competente en materia de
juego en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego."
Cuatro. Se modi ca el artículo 40 de la Ley de Cantabria 15/2006, de 24 de octubre, de
Juego de Cantabria, quedando redactado como sigue:
"Artículo 40. Procedimiento sancionador.
1. Los expedientes sancionadores que se incoen y resuelvan por infracciones previstas en
esta ley, se tramitarán por el procedimiento establecido en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No obstante, no le será
de aplicación el procedimiento simpli cado.
2. El procedimiento sancionador deberá ser resuelto y noti cado en el plazo de seis meses
desde su iniciación, salvo que se den las posibles causas de interrupción o suspensión previstas
en la legislación básica sobre régimen jurídico y procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas vigente."
Cinco. Se introduce en la Ley de Cantabria 15/2006, de 24 de octubre, de Juego de Can-
tabria una nueva disposición transitoria denominada "Disposición transitoria sexta, que queda
redactada como sigue:
"Disposición transitoria sexta. Salones de Juego.
1. Quedan exceptuados del cumplimiento de las distancias previstas en el artículo 14.4, los
salones de juego con autorización vigente a la entrada en vigor de la presente Ley, quedando
exentos del cumplimiento de dicho requisito en las sucesivas renovaciones de la autorización.
2. El régimen de distancias jado en la presente Ley no será de aplicación a los expedien-
tes de consulta previa de viabilidad, regulados en el artículo 61 del Decreto 23/2008, de 6 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de máquinas recreativas y de azar, que hayan sido
solicitados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley."
Seis. Se introduce en la Ley de Cantabria 15/2006, de 24 de octubre, de Juego de Cantabria
una nueva Disposición Final denominada Disposición Final Tercera, "Modi cación de denomi-
nación " y se renumera la Disposición Final Tercera, que pasará a ser Disposición Final Cuarta,
"Entrada en vigor", que quedan redactadas como sigue:
"Disposición nal tercera. Modi cación de denominación.
Todas las referencias efectuadas al "Registro de Prohibidos" en la legislación especí ca de la
Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de juego se entenderán realizadas al "Registro
de Interdicciones de Acceso al Juego".
Disposición nal cuarta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOC."
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Artículo 13. Creación del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Seguridad y Vigilancia de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Se crea el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Seguridad y Vigilancia de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria Grupo C, Subgrupo C1, Administración Especial.
Artículo 14. Modi cación de la Ley 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública.
Se adiciona un nuevo Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Seguridad y Vigilancia en el apar-
tado 1, b) del artículo 26 de la Ley 4/1993, de 10 de marzo, de la Función Pública, que queda
redactado como sigue:
"b) Cuerpos de Administración especial:
1º Cuerpo Facultativo Superior.
2º Cuerpo de Letrados.
3º Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas de Cantabria.
4º Cuerpo Técnico de Finanzas de Cantabria.
5º Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios.
6º Cuerpo de Técnicos Auxiliares.
7º Cuerpo de Técnicos Auxiliares del Medio Natural.
8º Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Seguridad y Vigilancia.
9º Cuerpo de Agentes del Medio Natural.
10º Cuerpo de Agentes de Seguridad."
Artículo 15. Modi cación de la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de personal
estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Se añade una disposición adicional undécima la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de per-
sonal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria con la
siguiente redacción:
"Disposición adicional undécima. Con efectos de 1 de enero de 2018 y vigencia inde nida,
lo dispuesto en los artículos 56 y 61.2. e) de la presente Ley resultará de aplicación al per-
sonal interino de instituciones sanitarias del Servicio Cántabro de Salud, siempre que haya
prestado servicios con vinculo de derecho administrativo durante cinco años en las institucio-
nes sanitarias del Servicio Cántabro de Salud en la misma plaza u otra de contenido funcional
equivalente".
Artículo 16. Supresión de la obligación del depósito de anzas por arrendamiento de ncas
urbanas en la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria no será depositaria de las
cantidades que en concepto de anza se constituyan como consecuencia de los contratos de
arrendamientos de ncas urbanas que se destinen a viviendas o a usos distintos de viviendas.
Artículo 17. Modi cación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico de Cantabria.
Uno. Se modi ca el artículo 27, que queda redactado en los siguientes términos:
"Artículo 27. Contenido de los Proyectos.
1. Los Proyectos Singulares de Interés Regional contendrán un grado de detalle equivalente
al de los Planes Parciales y Proyectos de Urbanización e incorporarán, como mínimo, además
de la documentación requerida por la legislación básica estatal, las siguientes determinaciones:
a) Descripción de la localización del Proyecto y del ámbito territorial de incidencia del
mismo.
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b) Administración pública, entidad o persona jurídica o física promotora.
c) Memoria justi cativa y descripción detallada de la ordenación y de las características
técnicas del Proyecto.
d) Referencia a las previsiones contenidas en el planeamiento territorial y urbanístico apli-
cable, si las hubiere, y propuestas de las medidas de articulación o adecuación que procedan.
e) Análisis de los impactos que la actuación produce sobre el territorio afectado y medidas
correctoras que se proponen.
f ) Plazos de inicio y terminación de las obras, con determinación, en su caso, de las fases
en que se divida su ejecución.
g) Estudio económico y nanciero justi cativo de la viabilidad del Proyecto, así como, en su
caso, identi cación de las fuentes de nanciación y medios con que cuente el promotor para
hacer frente al coste de ejecución del Proyecto.
2. Los Proyectos Singulares de Interés Regional constarán de los documentos y planos ne-
cesarios para re ejar con claridad y precisión sus determinaciones.
3. En el caso de actuaciones de iniciativa particular, los Proyectos deberán contener, ade-
más, los compromisos del promotor para el cumplimiento de las obligaciones que se deriven
del Proyecto y la constitución de las garantías precisas para asegurarlo. En tales supuestos, co-
rresponde al promotor formular los distintos documentos que hayan de integrar los Proyectos.
4. Cuando el promotor del Proyecto Singular sea una entidad del sector público sujeta al
Derecho privado, se entenderá que se garantiza adecuadamente la ejecución de las obras de
urbanización cuando la inversión se recoja en sus presupuestos de explotación y capital, de
conformidad con lo establecido en la legislación presupuestaria que le sea de aplicación."
Dos. Se modi ca el artículo 29, que queda redactado en los siguientes términos:
"Artículo 29. Procedimiento de aprobación y efectos.
1. El procedimiento de aprobación de un Proyecto Singular de Interés Regional constará de
una aprobación inicial, una aprobación provisional y una aprobación de nitiva.
2. La aprobación inicial se otorgará por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio, una
vez producida la declaración de interés regional a que se hace referencia en el artículo anterior.
3. Aprobado inicialmente el Proyecto, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio lo
someterá a información pública durante veinte días y, simultáneamente y por el mismo plazo,
a audiencia de los municipios afectados. Transcurrido dicho plazo y a la vista del resultado del
trámite de audiencia, la Comisión, previa solicitud de cuantos informes tenga por conveniente,
aprobará provisionalmente el Proyecto y lo trasladará al Consejero competente en materia de
ordenación territorial. Antes de su aprobación provisional el Proyecto deberá haber obtenido el
instrumento de evaluación ambiental previsto en la legislación sectorial.
4. Corresponde al Gobierno de Cantabria, a propuesta del Consejero competente en ma-
teria de ordenación territorial, la aprobación de nitiva del Proyecto. El acuerdo de aprobación
de nitiva se publicará en el «Boletín O cial de Cantabria».
5. Transcurrido el plazo de seis meses desde la presentación del Proyecto sin que haya re-
caído acuerdo expreso, se entenderá desestimado por silencio administrativo.
6. Los Proyectos Singulares de Interés Regional vincularán y prevalecerán sobre los instru-
mentos de planeamiento urbanístico de los municipios a los que afecten, que deberán reco-
gerlos en su primera modi cación o revisión. La incorporación de las previsiones del proyecto
al planeamiento a través de una modi cación puntual no serán tenidas en cuenta a los efectos
del cómputo de los incrementos previstos en el art. 82.3.
7. El acuerdo de aprobación del Proyecto implicará la declaración de utilidad pública y la
necesidad de ocupación a efectos expropiatorios, teniendo el promotor la condición de be-
ne ciario. Corresponde a la Administración Autonómica la sustanciación del expediente de
expropiación, pudiendo seguirse el previsto en la Ley de Expropiación Forzosa o aplicar el
procedimiento de tasación conjunta conforme al procedimiento que reglamentariamente se
establezca.
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8. El promotor deberá ceder al Gobierno de Cantabria, libre de cargas, el cinco por ciento
del aprovechamiento medio del sector, sectores o unidad de actuación que constituyan el ám-
bito de equidistribución.
9. Los actos de edi cación necesarios para la ejecución de los Proyectos Singulares de In-
terés Regional que corresponda realizar al promotor se realizarán sobre la base y con arreglo
al proyecto o los proyectos técnicos que concreten las obras o instalaciones que en cada caso
sean precisas. Dichos proyectos técnicos, cuando tengan por objeto la ejecución de Proyectos
Singulares de Interés Regional promovidos por la propia Comunidad Autónoma o por empresas
públicas autonómicas o, en todo caso, cuando se ubiquen en más de un término municipal,
serán remitidos a los ayuntamientos afectados, para su conocimiento e informe previo, que de-
berá evacuarse en el plazo de un mes, y se aprobarán por la Comisión Regional de Ordenación
del Territorio y Urbanismo. En tales casos, no estarán sujetos a la obtención de previa licencia
municipal, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones tributarias.
10. En todo lo no previsto, se estará a lo dispuesto en esta Ley, según proceda, para la
aprobación del planeamiento urbanístico."
Tres. Se modi ca el artículo 122, que quedará redactado en los siguientes términos:
"Artículo 122. Criterios y requisitos para delimitar unidades de actuación.
1. Las unidades de actuación se delimitarán teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a) Que por sus dimensiones y características de la ordenación permitan el cumplimiento
conjunto de los deberes de cesión y urbanización derivados del planeamiento de que se trate.
b) Que hagan posible la distribución equitativa de los bene cios y cargas derivados de la
urbanización.
c) Que tengan entidad su ciente para justi car técnica y económicamente la autonomía de
la actuación.
2. No podrán delimitarse unidades de actuación que tengan entre sí diferencias de aprove-
chamiento superiores al 15 por 100 del aprovechamiento medio del correspondiente Sector,
excepto cuando el sistema de gestión sea el de expropiación forzosa y sea innecesaria la re-
parcelación de conformidad con el artículo 136. b) de esta Ley.
3. Los sistemas generales localizados en el suelo urbano no consolidado y en el urbanizable
delimitado podrán ser adscritos a aquellas unidades de actuación que tengan un aprovecha-
miento superior al medio del Sector correspondiente para su obtención y nanciación con
cargo a las mismas, aunque dichos sistemas generales no estén físicamente incluidos en la
unidad de que se trate."
Cuatro. Se modi ca el artículo 130, que queda redactado en los siguientes términos:
"Artículo 130. Supuestos expropiatorios.
1. La expropiación forzosa como instrumento de gestión urbanística se aplicará en los si-
guientes supuestos:
a) Para la obtención aislada de terrenos destinados a sistemas generales y demás dotacio-
nes públicas y cuando no esté previsto otro procedimiento de los enumerados en los artículos
142 y 143 de esta Ley.
b) Para la regularización de ncas, formación de manzanas y demás actuaciones aisladas
en que convenga suprimir elementos constructivos preexistentes.
c) Para cuando se haya establecido este sistema en actuaciones integradas en unidades
de actuación, ya sea para ejecutar una unidad de actuación completa o una fase o etapa de
urbanización de una unidad de actuación.
d) Como instrumento adicional al servicio de los urbanizadores en los sistemas de actuación
de base privada en los términos y con las condiciones reguladas en el capítulo VI de este título.
e) Para la constitución y ampliación de los patrimonios públicos de suelo.
f ) Por incumplimiento de la función social de la propiedad.
g) En todos los demás supuestos legalmente establecidos.
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2. En el supuesto del párrafo a) del apartado 1 anterior y, en general, cuando la expropia-
ción esté prevista en el planeamiento respecto de terrenos no susceptibles de edi cación y
aprovechamiento privado y que no hayan de ser objeto de cesión obligatoria por no resultar
posible la distribución de bene cios, la inactividad de la Administración en el inicio del expe-
diente expropiatorio facultará a los propietarios a hacer uso de las previsiones del apartado 3
del artículo 87 de esta Ley.
3. En los supuestos mencionados en el apartado anterior y, en general, en todos aquellos
en los que la expropiación no se utiliza como sistema de ejecución de unidades de actuación,
el coste de las expropiaciones podrá ser repercutido sobre los propietarios que resulten espe-
cialmente bene ciados por la actuación, mediante la imposición de contribuciones especiales.
4. El ejercicio de la potestad expropiatoria se ajustará a lo dispuesto en esta Ley y le será de
aplicación la legislación general del Estado en lo referente a la jación de justiprecio, reversión
de terrenos expropiados, inscripción en el Registro de la Propiedad y, en general, en todo lo
que constitucionalmente corresponde a la competencia estatal."
Artículo 18. Modi cación de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de
Cantabria.
Se modi ca el apartado c) del artículo 143 de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octu-
bre, de Finanzas de Cantabria, que pasa a tener la siguiente redacción:
"c) Los gastos menores de cinco mil euros (5.000,00) cuyo pago se realice mediante el
procedimiento especial de anticipo de caja ja regulado en el artículo 76 de esta Ley."
Artículo 19. Modi cación de la Ley de Cantabria 5/2014, de 26 de diciembre, de Vivienda
Protegida de Cantabria.
Uno. Se modi ca el artículo 3 de la Ley de Cantabria 5/2014, de 26 de diciembre, de Vi-
vienda Protegida de Cantabria, que pasa a tener la siguiente redacción:
"Artículo 3. Propietarios y usuarios.
1. Podrán ser propietarios de las viviendas protegidas:
a) Las personas físicas que las adquieran mortis causa o que en el momento de su adquisi-
ción, inter vivos, reúnan las condiciones para ser usuarias de ellas.
b) Las Administraciones Públicas y cualesquiera organismos públicos y entidades de Dere-
cho Público o Privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas.
c) Las fundaciones y las asociaciones declaradas de utilidad pública.
d) Las asociaciones, organizaciones no gubernamentales y demás entidades privadas, sin
ánimo de lucro, inscritas en el registro de asociaciones de Cantabria, que desarrollen su acti-
vidad en ayuda a colectivos vulnerables que precisen de tutela especial.
e) El resto de personas jurídicas privadas.
2. Únicamente las personas físicas podrán ser usuarias de las viviendas protegidas.
3. También podrán ser cesionarios, usufructuarios y arrendatarios los sujetos comprendidos
en las letras b), c), d) y e) del apartado 1, para destinarlas al alojamiento de personas perte-
necientes a colectivos vulnerables que precisen de tutela especial."
Dos. Se modi ca el artículo 4 de la Ley de Cantabria 5/2014, de 26 de diciembre, de Vi-
vienda Protegida de Cantabria, que pasa a tener la siguiente redacción:
Artículo 4. Requisitos de los usuarios de viviendas protegidas.
1. Los usuarios de las viviendas protegidas deberán cumplir además de los requisitos eco-
nómicos y personales que se establezcan, los siguientes:
a) Carecer de una vivienda en propiedad.
b) No ostentar la titularidad de un derecho real de goce o disfrute vitalicio sobre una vi-
vienda.
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c) Estar debidamente inscritos en el Registro de demandantes de viviendas protegidas de
Cantabria.
2. Excepcionalmente podrán ser usuarios de las viviendas quienes no cumpliendo las con-
diciones establecidas en los apartados a) y b) anteriores, se encuentren en alguno de los
siguientes supuestos:
a) Haber sido privados del derecho a usar la vivienda como consecuencia de sentencia rme
de separación, divorcio o nulidad matrimonial, siempre que se encuentren al corriente de pago
de las pensiones alimenticias y compensatorias.
b) Que la vivienda esté sujeta a expediente de expropiación forzosa.
c) Que la vivienda esté afectada por actuaciones de emergencia o remodelaciones urbanas
que hayan implicado la pérdida del uso de la vivienda.
d) Que se encuentren en situación de emergencia habitacional o en cualquier otra situación
de vulnerabilidad que precise de tutela especial.
3. El Gobierno mediante decreto establecerá los requisitos económicos de los usuarios de
las viviendas, niveles de renta y, en su caso, los coe cientes de ponderación.
4. El Gobierno mediante decreto podrá regular otras situaciones excepcionales que justi -
quen exonerar a los usuarios de las viviendas del cumplimiento de los requisitos establecidos
en los apartados 1.a) y 1.b) de este artículo.
5. Las normas que establezcan los requisitos económicos de los usuarios de las viviendas
podrán determinar la ponderación de los ingresos familiares aplicando coe cientes en función
del número de miembros de la unidad familiar, la edad, existencia de personas con discapa-
cidad en la misma y otros factores que se estimen oportunos, teniendo en cuenta criterios de
progresividad en su determinación.
Tres. Se modi ca el artículo 5 de la Ley de Cantabria 5/2014, de 26 de diciembre, de Vi-
vienda Protegida de Cantabria que pasa a tener la siguiente redacción:
"Artículo 5. Destino y ocupación de las viviendas protegidas.
1. Las viviendas protegidas deberán destinarse a domicilio habitual y permanente de sus
propietarios o de los titulares de los negocios jurídicos que, habiendo sido autorizados, con-
eren a su titular el derecho a establecer en la vivienda su domicilio habitual y permanente.
2. La ocupación de las viviendas protegidas deberá efectuarse en el plazo de seis meses a
contar desde su adquisición salvo que medie autorización para no ocupar temporalmente la
vivienda. Dicho plazo se contará a partir de la fecha de noti cación de la cali cación de nitiva
cuando se trate de viviendas promovidas para uso propio.
3. Es domicilio habitual aquel que es ocupado de forma efectiva por sus usuarios. Se en-
tenderá que existe habitualidad cuando la vivienda permanezca ocupada más de seis meses
seguidos en el término de un año, salvo que medie autorización para no ocupar temporalmente
la vivienda.
4. Es domicilio permanente aquel que constituye la residencia de su usuario.
5. La vivienda no perderá el carácter de domicilio permanente por el hecho de que cualquier
miembro de la familia o unidad de convivencia ejerza en ella una profesión u o cio, siempre que
dicha actividad sea compatible con el uso residencial y se cumplan las condiciones y requisitos
que se establezcan. El inicio del ejercicio de la actividad se comunicará en el plazo de un mes a
la dirección general competente en materia de vivienda mediante una declaración responsable.
6. La declaración responsable a la que se re ere el apartado anterior no exime a la persona
interesada de recabar los restantes permisos, licencias o autorizaciones contemplados en la
normativa aplicable.
7. Las viviendas protegidas no pueden subarrendarse total o parcialmente, salvo en el su-
puesto previsto en el apartado 3 del artículo 3, ni destinarse a segunda residencia o a otros
usos incompatibles con la vivienda."
Cuatro. Se modi ca el artículo 17 de la Ley de Cantabria 5/2014, de 26 de diciembre, de
Vivienda Protegida de Cantabria, que pasa a tener la siguiente redacción:
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"Artículo 17. Promoción de viviendas protegidas.
1. Pueden ser promotores de viviendas protegidas las Administraciones públicas o sus en-
tidades de Derecho público o privado vinculadas o dependientes de ellas y las personas físicas
o jurídicas privadas que no se encuentren incursas en inhabilitación para promover viviendas
protegidas.
2. Las viviendas protegidas pueden ser de promoción pública o privada.
3. Son de promoción pública aquellas viviendas que sean promovidas sin ánimo de lucro
por una administración pública o por entidades de derecho público vinculadas o dependientes
de ella.
4. Son de promoción privada las viviendas promovidas por una persona física o jurídica
distinta de las señaladas en el apartado anterior.
5. La promoción de viviendas protegidas conlleva la obligación del promotor de ejecutar
las obras que se ordenen por el órgano competente en materia de vivienda para la reparación
de los vicios o defectos de la construcción que se mani esten en los cinco años siguientes a la
cali cación de nitiva, sin perjuicio de lo previsto en la legislación civil aplicable."
Artículo 20. Modi cación Ley de Cantabria 3/2006, de 18 de abril, de Patrimonio de la Co-
munidad Autónoma de Cantabria.
Se modi ca el artículo 70 de la Ley de Cantabria 3/2006, de 18 de abril, de Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Cantabria de Finanzas de Cantabria, que pasa a tener la siguiente
redacción:
"Artículo 70. Concepto.
1. Los bienes y derechos patrimoniales de la Administración General de la Comunidad Au-
tónoma de Cantabria cuya afectación o explotación no se juzgue previsible podrán ser cedidos
gratuitamente, para la realización de nes de utilidad pública o interés social de su competen-
cia, al Estado, a otras Comunidades Autónomas, a entidades locales, a entidades del sector
público regional, a asociaciones declaradas de utilidad pública, a fundaciones, a asociaciones,
organizaciones no gubernamentales y demás entidades privadas, sin ánimo de lucro, que no
estando declaradas de utilidad pública, estén inscritas en el registro de asociaciones de Can-
tabria.
2. Igualmente, estos bienes y derechos podrán ser cedidos a Estados extranjeros y organi-
zaciones internacionales, cuando la cesión se efectúe en el marco de tratados internacionales
o convenios rmados por España.
3. La cesión podrá tener por objeto la propiedad del bien o derecho o sólo su uso. En ambos
casos, la cesión llevará aparejada para el cesionario la obligación de destinar los bienes al n
expresado en el correspondiente acuerdo. Adicionalmente, esta transmisión podrá sujetarse a
condición, término o modo, que se regirán por lo dispuesto en el Código Civil.
4. Cuando la cesión tenga por objeto la propiedad del bien o derecho sólo podrán ser cesio-
narios el Estado, otras Comunidades Autónomas, las entidades locales o entidades del sector
público regional.
5. Si la cesión tuviera por objeto sólo el uso del bien, el cesionario quedará obligado, du-
rante el plazo de duración de la misma, a su conservación y mantenimiento, y asumirá por
subrogación el pago de las obligaciones tributarias que le afecten.
6. Las cesiones de uso de bienes y derechos tendrán una duración de diez años prorroga-
bles, previa petición del cesionario con anterioridad al vencimiento de cada plazo, salvo que en
el acuerdo de la cesión se establezca otro plazo inferior."
Artículo 21. Modi cación de Ley de Cantabria 5/2001, de 19 de noviembre, de Museos de
Cantabria.
Se añade una disposición adicional tercera a la Ley de Cantabria 5/2001 de 19 de noviem-
bre, de Museos de Cantabria, con la siguiente redacción:
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"Disposición adicional tercera. Protección del patrimonio cultural.
Los museos de titularidad autonómica legalmente constituidos, los museos de titularidad
pública o privada que se integraren en el sistema de museos de Cantabria y aquellos otros que
siendo de titularidad pública o privada, se declaren de interés autonómico, tendrán la protec-
ción que la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria establece para
los bienes de interés cultural. Esta medida es aplicable tanto a las colecciones museográ cas y
patrimonio mueble de carácter cultural en ellos custodiado como al inmueble que los alberga."
Artículo 22. Modi cación de la Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio
Cultural de Cantabria:
Se añade una Disposición Adicional Segunda a la Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de oc-
tubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria, con la siguiente redacción:
"Disposición adicional segunda. Quedan declarados Bienes de Interés Cultural por ministe-
rio de esta Ley las cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre".
Disposición adicional primera
Modi cación de disposiciones legales
Quedan modi cadas, en los términos contenidos en la presente Ley, las siguientes disposi-
ciones legales:
— Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Diputa-
ción Regional de Cantabria.
— Ley 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública.
Ley 5/1993, de 6 de mayo, de Presupuestos Generales de la Diputación Regional de
Cantabria para 1993.
— Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria.
— Ley de Cantabria 5/1999, de 24 de marzo, de Ordenación del Turismo de Cantabria.
— Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico
de Cantabria.
— Ley de Cantabria 5/2001, de 19 de noviembre, de Museos de Cantabria.
— Ley de Cantabria 1/2002, de 26 de febrero, del Comercio de Cantabria.
— Ley de Cantabria 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los Consumidores y Usuarios.
— Ley de Cantabria 3/2006, de 18 de abril, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
— Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
— Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria.
— Ley de Cantabria 15/2006, de 24 de octubre, de Juego de Cantabria.
— Ley De Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales.
Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
— Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de Instituciones
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
— Ley de Cantabria 2/2012, de 30 de mayo, de Medidas Administrativas, Económicas y
Financieras para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria.
— Ley de Cantabria 1/2014, de 17 de noviembre, de Transporte de Viajeros por Carretera.
— Ley de Cantabria 2/2014, de 26 de noviembre, de Abastecimiento y Saneamiento de
Aguas de la Comunidad Autónoma de Cantabria
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— Ley de Cantabria 5/2014, de 26 de diciembre, de Vivienda Protegida de Cantabria.
— Ley de Cantabria 6/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
Disposición adicional segunda
Modi cación de la Relación de Puestos de Trabajo a los efectos de creación del Cuerpo
de Técnicos Auxiliares de Seguridad y Vigilancia
Tras la entrada en vigor de la presente Ley, se procederá a llevar a cabo la tramitación co-
rrespondiente para las modi caciones de la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de
Presidencia y Justicia que requiera la creación del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Seguridad
y Vigilancia.
Disposición adicional tercera
Integración de funcionarios en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Seguridad y Vigilancia
1. Los funcionarios de carrera del Cuerpo de Agentes de Seguridad pertenecientes al Sub-
grupo C2, podrán acceder por promoción interna al Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Seguri-
dad y Vigilancia de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, siempre que
tengan una antigüedad de al menos dos años de servicio activo como funcionarios de carrera
en el Cuerpo de Agentes de Seguridad y cumplan el requisito de titulación exigido para el in-
greso en el Subgrupo de dicho Cuerpo, o en su caso, tengan una antigüedad de diez o más
años en Cuerpos del Subgrupo C2, o de cinco años y la superación de un curso especí co de
formación al que se accederá por criterios objetivos.
2. La titulación y demás requisitos que resultan exigibles habrán de poseerse en la fecha
de nalización del plazo de presentación de instancias de las convocatorias correspondientes
para el acceso al Cuerpo.
3. El acceso por promoción interna al Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Seguridad y Vigilan-
cia se efectuará por el sistema de concurso-oposición, con valoración en la fase de concurso
de los méritos relacionados con la carrera y los puestos desempeñados, el nivel de formación
y la antigüedad.
El sistema de acceso se determinará reglamentariamente, de acuerdo con lo previsto en
la legislación básica estatal y en la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de la Función
Pública.
4. Una vez realizado el proceso referido en el apartado anterior, el Cuerpo de Agentes de
Seguridad quedará "a extinguir". Asimismo los funcionarios de carrera del Cuerpo de Agentes
de Seguridad pertenecientes al Subgrupo C2 que no cumplan alguno de los requisitos recogi-
dos en el párrafo 1 o que no superen el proceso de promoción interna quedarán en sus puestos
del Cuerpo "a extinguir" de Agentes de Seguridad.
Disposición adicional cuarta
Creación del Consejo Cántabro de Cultura
1. Con el n de promover la participación de los ciudadanos en las políticas culturales de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, se crea el Consejo Cántabro de Cultura como órgano
colegiado de participación y consulta en el establecimiento, desarrollo y evaluación de dichas
políticas.
2. El Consejo Cántabro de Cultura se regirá por la normativa básica contenida en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como por lo previsto
en la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en la presente disposición legal y en
la normativa reglamentaria que se apruebe para su desarrollo.
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3. El Consejo Cántabro de Cultura estará adscrito a la Consejería competente en materia de
Cultura, sin participar en su estructura jerárquica, y desarrollará sus funciones de participación
y consulta con plena autonomía funcional.
4. La composición del Consejo Cántabro de Cultura, que se determinará reglamentaria-
mente, incluirá en todo caso representantes de los grupos políticos con representación parla-
mentaria, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de la Administración
Local, de la Universidad de Cantabria y de las Mesas Sectoriales de la Cultura reguladas en el
siguiente apartado.
5. Las Mesas Sectoriales de la Cultura se con guran como un instrumento de participación
de los agentes intervinientes en cada área cultural en Cantabria, a través del cual analizan la
situación de la misma y elevan al Consejo Cántabro de Cultura, a través de su representante,
sus propuestas de actuación.
Podrán participar en cada mesa sectorial las personas físicas o jurídicas que desarrollen su
actividad profesional en Cantabria en el área cultural correspondiente, así como las personas
jurídicas que lo hicieran a título a cionado.
Reglamentariamente se determinarán las áreas culturales en las que podrá constituirse una
mesa sectorial.
6. En el plazo máximo de seis meses deberá aprobarse un Decreto por el que se regule la
composición, nes y régimen de funcionamiento del Consejo Cántabro de Cultura, así como las
funciones y régimen de constitución, participación y funcionamiento de las Mesas Sectoriales
de la Cultura.
Disposición adicional quinta
Relativa a requisitos en materia de accesibilidad en inversiones con cargo a los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 2018
Todas las inversiones realizadas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para 2018 deberán tener en cuenta los requisitos correspondientes en
materia accesibilidad.
Disposición transitoria primera
Régimen de prestaciones de la Renta Social Básica
Las modi caciones de la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios
Sociales que afectan a la regulación de la renta social básica serán aplicables a las prestaciones
ya concedidas y a los expedientes que se encuentran en tramitación a la entrada en vigor de
esta Ley.
Disposición transitoria segunda
Fianzas de arrendamientos ya depositadas
La Comunidad Autónoma de Cantabria reintegrará las anzas correspondientes de arrenda-
mientos de ncas urbanas de Cantabria que, por aplicación de la normativa anterior, se hayan
depositado legalmente, conforme dichos contratos se vayan extinguiendo.
Disposición derogatoria
1. Quedan derogadas todas aquellas normas de igual o inferior rango en cuanto se opongan
a lo dispuesto en la presente Ley
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2. Queda derogada la Derogación Disposición Transitoria quinta de la Ley 2/2014, de 26 de
diciembre de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria que fue añadida en la Ley de Cantabria 6/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales
y Administrativas.
3. Queda derogado el artículo 64 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal esta-
tutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
4. Queda derogado el Título V de la Ley 5/1993 de 6 de mayo, de Presupuestos Generales
de la Diputación Regional de Cantabria para 1993, el todo cuanto se oponga a lo dispuesto en
la presente Ley.
Disposición nal primera
Elaboración del Texto Refundido de Medidas Fiscales en Materia de Tributos Cedidos por el
Estado e Impuestos Propios de la Comunidad Autónoma
No habiéndose podido llevar a cabo durante el año 2017 la elaboración de un texto refun-
dido de Medidas Fiscales en Materia de Tributos Cedidos por el Estado e Impuestos Propios
de la Comunidad Autónoma, conforme a la autorización concedida por la Disposición Adicional
Primera de la Ley de Cantabria 10/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Adminis-
trativas, se prorroga dicha autorización durante el año 2018.
Disposición nal segunda
Modi caciones Presupuestarias
La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo realizará las modi caciones presupuesta-
rias que sean precisas para el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.
Disposición nal tercera
Entrada en vigor
Lo dispuesto en la presente Ley entrará en vigor con efectos 1 de enero de 2018 excepto lo
dispuesto en el artículo 3. Dos, relativo al Tipo de gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio,
que entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Palacio del Gobierno de Cantabria, 26 de diciembre de 2017.
El presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla Roiz.
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ANEXO
DE TASAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA,
ORGANISMOS PÚBLICOS Y ENTES DE DERECHO PÚBLICO DEPENDIENTES
TASAS CON CARÁCTER GENERAL APLICABLES EN TODAS LAS CONSEJERÍAS,
ORGANISMOS PÚBLICOS Y ENTES DE DERECHO PÚBLICO DEPENDIENTES
1. Tasa por servicios administrativos.
Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación por los distintos
Órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, Organismos Públicos
y Entes de derecho público dependientes, de los servicios o actividades enumerados en las
tarifas, siempre que no estén gravados por una tasa especí ca.
Sujeto pasivo. Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las Entidades del
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten o a quienes se presten de o cio los
servicios o actividades referidas en el hecho imponible.
Exenciones. Están exentos del pago de la tasa:
— Los entes públicos territoriales e institucionales.
— El personal al servicio de la Comunidad Autónoma por los servicios relativos al desarrollo
de sus funciones.
— Las personas físicas y jurídicas por las certi caciones de encontrarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones con la Comunidad Autónoma de Cantabria, cuando sean
necesarias para la tramitación de los procedimientos de contratación y concesión y/o pago de
subvenciones o ayudas por parte del sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria
o de las Entidades Locales de la Región, y hayan autorizado expresamente al Órgano compe-
tente del procedimiento a consultar en su nombre el cumplimiento de sus obligaciones ante la
Administración de la Comunidad Autónoma.
Devengo. La tasa se devengará en el momento en que se solicite el servicio o actividad, o
cuando se preste si la actuación se produjera de o cio.
Tarifas: La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
Tarifa 1. Por expedición de certi cados (por certi cado): 4,81 euros.
Tarifa 2. Por compulsa de documentos (por página): 2,81 euros.
Tarifa 3. Por diligencias de libros y otros documentos (por libro o documento): 16,01 euros.
Tarifa 4. Por inscripción en Registro O cial de Asociaciones y Modi caciones de Estatutos
(por inscripción o modi cación): 20,02 euros.
Tarifa 5. Por copia o reproducción de expediente administrativo en formato A4 o tamaño
folio: 0,091 euros por página reproducida.
Tarifa 6. Por copia o reproducción de expediente administrativo en formato A3: 0,57 euros
por hoja de A3 reproducida.
Tarifa 7. Por copia o reproducción de expediente administrativo en formato A2: 2,36 euros
por hoja de A2 reproducida.
Tarifa 8. Por copia o reproducción de expediente administrativo en formato A1: 5,09 euros
por hoja de A1 reproducida.
Tarifa 9. Por copia o reproducción de expediente administrativo (cuando sea posible) en
formato CD: 3,84 euros por soporte.
2. Tasa por dirección e inspección de obras.
Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la presente tasa la prestación por la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, Organismos Públicos y Entes de
Derecho Público dependientes, de trabajos facultativos de replanteo, dirección, inspección y
liquidación de obras realizadas a instancia del Gobierno de Cantabria, ya lo sean mediante
subasta, concurso o adjudicación directa.
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No sujeción. No estarán sujetos a esta tasa los servicios que constituyen el hecho imponible
cuando se hallen gravados por una tasa especí ca de cualquier Consejería.
Sujeto pasivo. Serán sujetos pasivos los contratistas adjudicatarios de las subastas, con-
cursos o adjudicaciones directas a quienes se presten los servicios o actividades gravadas.
Devengo. La tasa se devengará en el momento en que sean realizados los trabajos a que
se re ere el hecho imponible.
Bases imponibles y tipos de gravamen. La base imponible de la tasa será el importe líquido
de las obras ejecutadas, incluyendo, en su caso, las revisiones de precios y las adquisiciones y
suministros especi cados en el proyecto, según las certi caciones expedidas por los servicios
correspondientes.
El tipo de gravamen será el 4,62 por 100 de la base imponible.
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
1. Tasa de inscripción en las pruebas de acceso a la Función Pública del Gobierno de Can-
tabria.
Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la inscripción en las convoca-
torias de selección de personal para acceder a la Función Pública del Gobierno de Cantabria.
Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos de la tasa quienes soliciten la inscripción para realizar
las pruebas de ingreso en la Función Pública del Gobierno de Cantabria.
Exenciones. Estarán exentos del pago de esta tasa:
— Quienes se encuentren en situación legal de desempleo, estando inscritos como deman-
dantes de empleo con al menos un mes de antelación a la fecha de publicación de la convoca-
toria del proceso selectivo.
— Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo
acompañar a la solicitud certi cado acreditativo de tal condición.
— Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido daños
físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante
sentencia judicial rme o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal
condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el
cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.
— Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus
hijos o hijas; para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de protección
a favor de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o cualquier
otra en el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas.
Devengo. La tasa se devengará en el momento de presentar la solicitud.
Tarifas. La tasa se exigirá de acuerdo con la siguiente tarifa:
— Por la inscripción en pruebas selectivas de acceso a plazas del subgrupo A1: 31,06 euros.
— Por la inscripción en pruebas selectivas de acceso a plazas del subgrupo A2: 31,06 euros.
— Por la inscripción en pruebas selectivas de acceso a plazas del subgrupo C1. 12,41 euros.
— Por la inscripción en pruebas selectivas de acceso a plazas del subgrupo C2: 12,41 euros.
— Por la inscripción en pruebas selectivas de acceso a plazas del grupo Agrupaciones Pro-
fesionales: 12,41 euros.
— Por la inscripción en pruebas selectivas de acceso a plazas del grupo 1 de personal labo-
ral: 12,41 euros.
— Por la inscripción en pruebas selectivas de acceso a plazas del grupo 2 de personal labo-
ral: 12,41 euros.
— Por la inscripción en pruebas selectivas de acceso a plazas del grupo 3 de personal labo-
ral: 12,41 euros."
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2. Tasa del Boletín O cial de Cantabria.
Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de esta tasa la inserción en el Boletín O -
cial de Cantabria de disposiciones generales y actos emanados de los poderes públicos que
legal o reglamentariamente tengan prevista su publicación en el mismo, así como aquellos
actos de los particulares que deban ser publicados para su e cacia jurídica y/o conocimiento.
Exenciones. Está exenta del pago de la tasa la inserción de los siguientes anuncios:
a. Las leyes, disposiciones, resoluciones y actos que deban publicarse en el B.O.C. en
cumplimiento de la legalidad vigente, que no sean consecuencia de procedimientos iniciados a
instancia de particulares para su provecho o bene cio o se re eran a procedimientos de con-
tratación administrativa. No se considerará a estos efectos que reportan un provecho o bene -
cio, las citaciones para ser noti cados por comparecencia ni los casos en los que, intentada la
noti cación al interesado o a su representante ésta no haya sido posible.
b. Los actos de adjudicación en procedimientos de contratación administrativa.
c. Los relacionados con procesos electorales, bien sean de la Unión Europea, del Estado, de
la Comunidad Autónoma de Cantabria o de las Entidades Locales.
d. Los solicitados a instancia de parte que cuenten con el derecho de justicia gratuita.
e. Edictos, noti caciones y resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales, salvo las
inserciones solicitadas a instancia de parte y aquellas practicadas en procedimientos judiciales
donde haya condena en costas.
f. Los referidos a actuaciones de los procedimientos criminales seguidos ante la jurisdicción
ordinaria.
g. Las correcciones de errores no imputables al solicitante.
Sujeto pasivo.
1. Serán sujetos pasivos, en calidad de contribuyente, las personas físicas o jurídicas, así
como herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que carentes de per-
sonalidad jurídica, constituyan unidad económica o un patrimonio separado susceptible de
imposición:
a. A las que afecte, bene cie o se re era en particular la inserción, tanto si son ellas mismas
quienes solicitan las inserciones, como si éstas se llevan a cabo a instancia de terceros, sean
o no administraciones públicas, en el seno de cualquier procedimiento, tanto si se ha iniciado
de o cio como a instancia de parte.
b. Adjudicatarias en los procedimientos de contratación administrativa.
c. Condenadas a costas por los órganos jurisdiccionales.
2. Serán sujetos pasivos en calidad de sustitutos del contribuyente:
a. Las entidades pertenecientes al sector público, tanto administrativo como empresarial,
en el caso de que sean éstas quienes insten las inserciones como consecuencia de actuaciones
a petición de parte en procedimientos administrativos, así como en el caso de anuncios relati-
vos a licitaciones en procedimientos de contratación administrativa.
b. Los procuradores que intervengan en los procedimientos judiciales.
Devengo y exigibilidad.
1. La tasa se devengará en las inserciones de anuncios, en el momento en que se efectúe
la correspondiente inserción en el B.O.C.
2. La tasa será exigible:
a. En los anuncios de pago previo, en el momento en que se solicite la inserción.
b. En los anuncios de pago diferido, desde el momento en el que las Consejerías u orga-
nismos o ciales comuniquen a la Dirección General competente en materia de dirección del
Boletín el nombre y apellidos o razón social, domicilio y N.I.F o C.I.F de los sujetos pasivos.
Tarifas: La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
Tarifas por anuncios e inserciones en el Boletín O cial de Cantabria:
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— Por palabra: 0,0990 euros.
— Por plana entera: 77,56 euros.
Cuando no se sobrepase el 50 por ciento de ocupación de una plana la tarifa será el 50 por
ciento de la correspondiente por plana entera. En los restantes casos la tarifa será la de la
plana entera.
Cuando se solicite la publicación urgente en el B.O.C., ésta tendrá preferencia conforme
a lo dispuesto en el Decreto que regula el Boletín O cial de Cantabria, aplicándose a la tarifa
establecida un incremento del 50 por ciento.
3. Tasa por servicios administrativos de ordenación del juego.
Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación por la Adminis-
tración del Gobierno de Cantabria, de servicios o la realización de actuaciones, en interés del
ciudadano o peticionario, que lleva consigo el control administrativo del juego, en los casos y
conforme se especi ca en las tarifas.
Devengo. La tasa se devengará en el momento del inicio de las actuaciones administrativas
constitutivas del hecho imponible.
Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa las personas físicas o jurídicas
que soliciten, a quienes se presten o en cuyo interés se realicen las actuaciones administrati-
vas que constituyen el hecho imponible.
Tarifas: La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
1. Autorizaciones:
— De casinos: 5.200,34 euros.
— De salas de bingo: 1.200,09 euros.
— De salones de juego: 574,17 euros.
— De salones recreativos: 240,02 euros.
— De locales de apuestas: 203,00 euros
— De zonas de apuestas: 152,25 euros
— De otros locales de juego: 40,00 euros.
— De rifas y tómbolas: 80,01 euros.
— De empresas gestoras de casinos de juego y su inscripción: 158,42 euros.
— De empresas gestoras de salas de bingo y su inscripción: 158,42 euros.
— De empresas fabricantes, distribuidoras y técnicas de máquinas y fabricantes de otro
material de juego y su inscripción: 158,42 euros.
— De empresas operadoras de máquinas y su inscripción: 158,42 euros.
— De empresas de salones y su inscripción: 158,42 euros.
— De empresas organizadoras de rifas y tómbolas y su inscripción: 158,42 euros.
— De empresas gestoras de apuestas y su inscripción: 158,42 euros.
— Modi caciones de las anteriores autorizaciones: 50 por ciento de la tarifa.
— Renovaciones de las anteriores autorizaciones: 50 por ciento de la tarifa.
— Homologación e inscripción de modelos de máquinas tipos B y C: 80,01 euros.
— Homologación e inscripción de modelos de máquinas tipo D: 40,00 euros
— Homologación e inscripción de otro material de juego: 79,22 euros.
— Autorizaciones de explotación de máquinas tipos B y C: 80,01 euros.
— Autorización de explotación de máquinas de tipo D: 40,00 euros
— Autorizaciones de instalación de máquinas tipos B y C: 23,99 euros.
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2. Expedición de documentos y otros trámites:
— Transmisión de autorizaciones de explotación de máquinas: 23,99 euros.
— Cambios de establecimiento y canjes de máquinas: 23,99 euros.
— Expedición de duplicados: 50 por ciento de la tarifa.
4. Tasa por servicios administrativos de ordenación de espectáculos.
Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación por la Adminis-
tración del Gobierno de Cantabria, de servicios o la realización de actuaciones, que lleva con-
sigo el control administrativo de los espectáculos públicos o actividades recreativas sometidas
a autorización administrativa o comunicación previa, en los casos y conforme se especi ca en
las tarifas.
Devengo. La tasa se devengará en el momento del inicio de las actuaciones administrativas
constitutivas del hecho imponible.
Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa las personas físicas o jurídicas
que soliciten, a quienes se presten o en cuyo interés se realicen las actuaciones administra-
tivas que constituyen el hecho imponible. Serán responsables solidarios los titulares de los
establecimientos donde se hayan de celebrar los espectáculos o las actividades recreativas.
Exenciones. Quedan exentas del pago de la tasa, aunque no de la autorización o comunica-
ción, los espectáculos públicos y actividades recreativas organizadas por la Comunidad Autó-
noma, sus organismos y empresas, y aquellos cuya recaudación esté destinada totalmente a
bene cio de Cruz Roja, Cáritas, Asociación Española contra el Cáncer, UNICEF, Manos Unidas,
Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a tareas de cooperación al desarrollo y otras
asociaciones o cialmente reconocidas dedicadas a nalidades bené cas o asistenciales, y así
lo acrediten.
Tarifas: La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
1. Espectáculos taurinos en plazas jas:
— Corridas de toros: 80,01 euros.
— Corridas de rejones: 64,00 euros.
— Novilladas con picadores: 64,00 euros.
— Novilladas sin picadores: 48,01 euros.
— Becerradas: 23,99 euros.
— Festivales: 64,00 euros.
— Toreo cómico: 23,99 euros.
— Encierros: 40,00 euros.
— Suelta de vaquillas: 23,99 euros.
2. Inspecciones periódicas en plazas de toros y tentaderos: 80,01 euros.
3. Autorización y controles:
— De actos recreativos, estas, bailes y verbenas: 23,99 euros.
— De espectáculos públicos en general: 23,99 euros.
— De apertura, reapertura y traspasos de locales: 48,01 euros.
— De actos deportivos: 40,60 euros.
5. Tasa por servicios de extinción de incendios, rescate y salvamento, dentro del ámbito de
protección civil.
Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de esta tasa la actuación de los equipos
de intervención y de espeleosocorro de Protección Civil y de los agentes de emergencias del
Gobierno de Cantabria, a requerimiento de los interesados o bien de o cio por razones de se-
guridad pública y siempre que la prestación del servicio redunde en bene cio del sujeto pasivo,
en la prestación de los siguientes servicios:
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— Servicios de prevención y extinción de incendios urbanos y rurales o forestales.
— Servicios de rastreo, salvamento y rescate de personas en di cultades como consecuen-
cia de emergencias o accidentes de trá co, atención en cuevas y cavidades (espeleosocorro y
rescate vertical), hundimiento o derrumbes de edi cios y obras civiles e inundaciones.
— Servicios de atención de primeros auxilios hasta la llegada del personal sanitario cuali-
cado.
— Servicios de asistencia en accidentes de trá co o de ferrocarril en los que intervengan
mercancías peligrosas.
— Servicios de atención de emergencias en los establecimientos industriales, especial-
mente cuando estén presentes sustancias peligrosas para las personas, los bienes y el medio
ambiente.
— Servicio de rescate de animales con dueño identi cable.
— En general, servicios de asistencia y atención a los ciudadanos en emergencias genéricas
en materia de Protección Civil.
Sujetos pasivos. Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a que
se re ere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, cuyas propiedades o, en su caso, pose-
siones, cualquiera que sea el título por el que las detenten, sean bene ciarias de la prestación
de los servicios que constituyen el hecho imponible, con independencia de que existiera o no
solicitud por su parte, dadas las circunstancias de emergencia en que se suelen realizar.
Devengo. Con carácter general, la tasa se devengará y nacerá la obligación de contribuir
en el momento en que se produzca la salida de los equipos de intervención o espeleosocorro,
o de los agentes de emergencias de cualesquiera de los parques de emergencia de la Comu-
nidad Autónoma, salvo que el servicio efectivo no llegara a realizarse por causa no imputable
al interesado.
No obstante lo anterior, en el caso de que la salida se produzca a iniciativa propia de la Ad-
ministración, sin mediar requerimiento expreso por parte del interesado, la tasa se devengará
y nacerá la obligación de contribuir en el momento en que los trabajos de que se trate sean
realizados de forma efectiva, siempre que estos trabajos sean distintos de la simple salida o
movimiento de la brigada o equipo.
Exenciones. Están exentos del pago de la tasa por la prestación del servicio de prevención
y extinción de incendios todos los sujetos pasivos, personas físicas o jurídicas, que sean ciuda-
danos de derecho, incluidos en el censo correspondiente de los Ayuntamientos de la Comuni-
dad Autónoma que cuenten con una población censada inferior a 20.000 habitantes.
También estarán exentos del pago de la tasa por la prestación del servicio de rescate de
animales, todos los sujetos pasivos, cuando la intervención sea necesaria por causas sanitarias
y de seguridad de las personas.
Asimismo, están exentos del pago de la tasa por la prestación del servicio de prevención y
extinción de incendios todos los sujetos pasivos que sean ciudadanos de derecho, incluidos en
el censo correspondiente de los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Cantabria que
cuenten con una población censada superior a 20.000 habitantes, cuando los respectivos Ayun-
tamientos hayan suscrito con el Gobierno de Cantabria un convenio de colaboración, donde se
prevea la prestación del servicio de que se trate con medios del Gobierno de Cantabria.
Con respecto al resto de los servicios, excepto el servicio de rescate de animales, están
exentas de pago de la tasa todas aquellas intervenciones provocadas como consecuencia de
emergencias y accidentes ocurridos por caso fortuito y causa de fuerza mayor y, en general,
cuando no hayan ocurrido por causa de dolo o negligencia imputable a los interesados o afec-
tados. En ningún caso están exentas aquellas intervenciones realizadas en situación de avisos
a la población de fenómenos meteorológicos adversos, en actividades que puedan conllevar un
incremento de riesgo derivado de esa meteorología adversa.
Sin perjuicio de lo anterior, no estarán exentos los sujetos pasivos que no hayan cumplido
con todos los trámites legales previos de obtención de autorizaciones o permisos para la rea-
lización de la actividad que provoque el accidente, en los casos en que ello sea preceptivo.
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Tarifas: Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
Tarifa 1. Personal y medios técnicos de los servicios:
— Por derechos de salida de la dotación completa de un parque de emergencias para la
prestación de un servicio, durante la primera hora: 374,54 euros.
— Por la segunda hora o fracción de hora de trabajo de la dotación completa de un parque
de emergencias que acuda a la prestación de un servicio: 374,54 euros.
Tarifa 2. Servicios prestados por el helicóptero del Gobierno de Cantabria:
— Por derechos de salida del helicóptero del Gobierno de Cantabria para la prestación de un
servicio, durante la primera hora: 1.872,70 euros.
— Por la segunda hora o fracción de hora de trabajo del helicóptero del Gobierno de Canta-
bria para la prestación de un servicio: 1.872,70 euros.
Tarifa 3. Servicios prestados por el personal de intervención del Gobierno de Cantabria o
del Servicio de Emergencias de Cantabria en operaciones de rastreo, salvamento o rescate:
— Por establecimiento del dispositivo de rastreo o búsqueda: 111,97 euros.
— Por cada hora adicional: 56,00 euros la hora.
Tarifa 4. Servicio prestado por el equipo de espeleosocorro contratado por el Gobierno de
Cantabria:
— Por derechos de salida de un equipo de espeleosocorro, hasta las seis primeras horas:
559,89 euros.
— Por cada hora adicional de intervención para el equipo de espeleosocorro (hasta el nal
de la intervención): 111,97 euros la hora.
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
1. Tasa por ordenación de los transportes por carretera.
Hecho imponible. Constituye el hecho imponible la prestación de los servicios o la reali-
zación de las actividades enumeradas en las tarifas de esta tasa cuando se efectúen por la
Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria, siempre
que sean de solicitud o recepción obligatoria para los administrados y no puedan prestarse por
el sector privado.
Sujeto pasivo. Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a que
se re ere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a las que se presten los servicios o para
las que se realicen las actividades objeto de esta tasa.
Devengo. La tasa se devengará en el momento de solicitar el servicio o la actuación admi-
nistrativa. Si no fuera preciso formular solicitud, el devengo se producirá al prestarse el servi-
cio o ejecutarse la actividad administrativa.
Tarifas: La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
Tarifa 1. Servicios públicos de transporte por carretera sujetos a concesión administrativa o
en su caso a contrato de gestión de servicio público:
A) Inauguración de servicios públicos regulares de transporte por carretera: 75,99 euros.
B) Tramitación de modi caciones de las condiciones concesionales referidas a itinerarios,
horarios, calendarios u otros cambios sustanciales en las líneas: 25,20 euros.
C) Aprobación de nuevos cuadros tarifarios: 25,20 euros.
Tarifa 2. Servicios de transporte por carretera sujetos a autorización administrativa:
A) Expedición de alta, rehabilitación, modi cación o visado anual de las tarjetas de trans-
porte, así como de las actividades auxiliares y complementarias del transporte, de conformidad
con las siguientes cuantías:
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— Autorizaciones para transporte de viajeros. Por cada tarjeta o en su caso copia certi -
cada: 23,50 euros.
— Autorización para transporte de mercancías. Por cada tarjeta o en su caso copia certi -
cada: 23,50 euros.
B) Expedición de duplicados de tarjetas de transporte: 2,39 euros.
C) Expedición de autorizaciones especiales necesarias por no estar amparadas por la tarjeta
del vehículo:
C.1 Autorización de tránsito, por cada vehículo y mes o fracción: 5,21 euros.
C.2 Autorizaciones de transporte regular de uso especial para reiterar itinerario. Por cada
itinerario: 25,20 euros.
C.3 Autorizaciones de transporte de personas en vehículo de mercancías, por cada autori-
zación: 25,20 euros.
Tarifa 3. Actuaciones administrativas. Reconocimiento de locales, instalaciones y levanta-
miento de actas de inauguración de servicios: 75,99 euros.
Tarifa 4. Expedición de Tarjetas precisas para el tacógrafo digital: 38,39 euros.
Tarifa 5. La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
1. Capacitación o competencia profesional de empresas transportistas:
a) Derechos de examen capacitación o competencia profesional transportista: 20,77 euros.
b) Expedición certi cado capacitación o competencia profesional de transportista: 20,77
euros.
c) Derechos de Examen consejero de seguridad: 20,77 euros.
d) Expedición y renovación de certi cado consejero de seguridad: 20,77 euros.
2. Cuali cación de conductores:
a) Autorización de centros para impartir formación y cuali cación de conductores: 346,08
euros.
b) Visado, ampliación, o modi cación de autorización de centros para impartir formación y
cuali cación de conductores: 173,04 euros.
c) Homologación o renovación de cursos para la formación, cuali cación o aptitud profesio-
nal de conductor: 115,35 euros.
d) Derechos de examen para certi cado de aptitud profesional de conductor: 20,77 euros.
e) Expedición de certi cado de aptitud profesional de conductor: 20,77 euros.
f ) Expedición de tarjeta de cuali cación de conductor: 23,07 euros.
g) Renovación de tarjeta de cuali cación de conductor: 23,07 euros.
2. Tasa por ordenación de los transportes de personas por cable.
Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la presente tasa la prestación de los
servicios o la realización de las actividades enumeradas en las tarifas cuando se efectúen por
la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria con ca-
rácter exclusivo, y sean de solicitud o recepción obligatoria para los administrados.
Sujeto pasivo. Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que
se re ere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a las que se presten los servicios o para
las que se realicen las actividades objeto de esta tasa.
Devengo. La tasa se devengará en el momento de solicitar el servicio o la actuación ad-
ministrativa. Si la solicitud no fuera precisa, el devengo se producirá al prestarse el servicio o
ejecutarse la actividad administrativa sometida a gravamen.
Tarifas: La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
Tarifa 1: tramitación de proyectos de nuevas instalaciones de transporte de personas por
cable: 1.683,25 euros.
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Tarifa 2: tramitación de las modi caciones de un proyecto de una nueva instalación de
transporte de personas por cable autorizado: 841,63 euros
Tarifa 3: expedición de la autorización administrativa requerida por la legislación vigente
para la explotación de remontapendientes, telesillas, telecabinas, teleféricos o cualquier otra
instalación de transporte de personas por cable: 5.456,80 euros.
Tarifa 4: tramitación de modi cación de las condiciones de prestación del servicio referidas
a horarios, calendarios u otros cambios sustanciales: 625,05 euros.
Tarifa 5: aprobación de nuevos cuadros tarifarios.
1. Con informe: 404,35 euros
2. Sin informe: 206,29 euros
Tarifa 6: expedición de cualquier otra autorización requerida por la legislación vigente para
la instalación o explotación de remontapendientes, telesillas, telecabinas, teleféricos o cual-
quier otra instalación de transporte de personas por cable: 404,35 euros.
3. Tasa por inspección técnica de instalaciones de transporte de personas por cable.
Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por la Consejería
de Innovación, Industria, Turismo y Comercio de los servicios relativos al reconocimiento de
las instalaciones de transporte de personas por cable, cuando las disposiciones normativas
impongan dicho reconocimiento o éste sea condición indispensable para la adquisición de de-
rechos, y siempre que el servicio solo pueda prestarse por la Consejería.
Sujeto pasivo. Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las Entidades del
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria propietarias de las instalaciones de transporte por
cable, siempre que su explotación no se halle cedida. En otros casos serán sujetos pasivos los
cesionarios, arrendatarios, concesionarios y en general los que por cualquier título distinto del
de propiedad exploten las instalaciones de transporte de personas por cable.
Devengo. La tasa se devengará en el momento de la prestación del servicio.
Tarifas. Las cantidades a pagar por cada clase de instalación y según el tipo de inspección
realizada, son las siguientes:
Tarifa 1: Remontapendientes:
a) Inspección completa antes de la puesta en servicio de una nueva instalación: 1.069,84
euros.
b) Inspección rutinaria completa (revisión periódica): 939,31 euros.
c) Inspección parcial (ocasional): 880,54 euros.
Tarifa 2: Telesillas:
a) Inspección completa antes de la puesta en servicio de una nueva instalación: 1.207,47
euros.
b) Inspección rutinaria completa (revisión periódica): 1.069,84 euros.
c) Inspección parcial (ocasional): 939,31 euros.
Tarifa 3: Telecabinas:
a) Inspección completa antes de la puesta en servicio de una nueva instalación: 1.484,77
euros.
b) Inspección rutinaria completa (revisión periódica): 1.374,43 euros.
c) Inspección parcial (ocasional): 1.178,13 euros.
Tarifa 4: Teleféricos:
a) Inspección completa antes de la puesta en servicio de una nueva instalación: 1.611,49
euros.
b) Inspección rutinaria completa (revisión periódica): 1.471,80 euros.
c) Inspección parcial (ocasional): 1.266,25 euros.
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4. Tasa por ordenación de industrias artesanas.
Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios
o la realización de actividades enumeradas en las tarifas señaladas seguidamente cuando se
efectúen con carácter exclusivo por la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio
y sean de solicitud o recepción obligatoria para los administrados.
Sujeto pasivo. Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades del artí-
culo 35.4 de la Ley General Tributaria, titulares de industrias artesanas. Se presumen titulares
las personas o entidades bajo cuyo nombre guran en el IAE.
Devengo. La tasa se devengará en el momento de solicitar el servicio o la actuación admi-
nistrativa, o en el momento de efectuarse ésta si no fuera precisa solicitud alguna.
Tarifas: La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
Tarifa 1. Inscripción en el Registro de Industrias Artesanas: 15,36 euros.
Tarifa 2. Tramitación de expedientes por ampliación de maquinaria o sustitución de la exis-
tente: 6,39 euros.
Tarifa 3. Cambios de titularidad en el Registro de Industrias Artesanas: 3,84 euros.
Exenciones:
Están exentos de la presente tasa los artesanos protegidos que hayan sido declarados como
tales por el Gobierno de Cantabria.
5. Tasa por ordenación de instalaciones de aguas minerales.
Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la presente tasa la prestación de los
servicios o la realización de las actividades enumeradas en las tarifas cuando sean efectuadas
por la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio con carácter exclusivo por no
poder realizarlos el sector privado, y además ser de solicitud o recepción obligatoria para los
administrados.
Sujeto pasivo. Serán sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades del ar-
tículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten la actuación o el servicio administrativo,
y las que, sin instarlo, estén obligadas a recibirlo o aceptarlo.
Devengo. La tasa se devengará en el momento de solicitar el servicio o la actuación admi-
nistrativa, o en el momento de efectuarse éstos si no fuera precisa solicitud alguna.
Tarifas: La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
Tarifa 1. Prestación de servicios de laboratorio:
1.1 Toma de muestras de agua. Por cada toma de muestras: 23,99 euros.
1.2 Análisis de agua. Por cada análisis completo: 88,01 euros.
1.3 Análisis de agua. Por cada análisis bacteriológico: 48,01 euros.
Tarifa 2. Visitas de revisión. Por cada visita: 32,01 euros.
Tarifa 3. Tramitación de expedientes para la declaración de agua mineromedicinal: 160,00 euros.
Tarifa 4. Autorización de cambio de titularidad de derechos mineros: 83,85 euros.
Tarifa 5. Tramitación de expediente para otorgar perímetro de protección: 80,01 euros.
Tarifa 6. Autorización de obras dentro del perímetro de protección: 48,01 euros.
Tarifa 7. Autorización y aprobación de proyecto de aprovechamiento: 80,01 euros.
Tarifa 8. Autorización de puesta en marcha del proyecto de aprovechamiento:
— Hasta 30.050,61 de euros: 69,33 euros.
— De 30.050,62 a 60.101,21 de euros: 103,99 euros.
— De 60.101,22 a 120.202,42 de euros: 138,67 euros.
— De 120.202,43 a 300.506,05 de euros: 124,457766 + 3,790199 por cada 6.010,12 eu-
ros o fracción.
— Más de 300.506,05 euros: 6,279353 euros por cada 6.010,12 euros o fracción.
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Tarifa 9. Informe geológico incluyendo visitas: 64,00 euros.
6. Tasa por ordenación de actividades industriales, energéticas, mineras y venta de bienes.
Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios o
la realización de las siguientes actividades cuando sean ejecutadas por la Consejería de Inno-
vación, Industria, Turismo y Comercio con exclusión del sector privado, y resulten de solicitud
o recepción obligatoria para los administrados.
Están sujetas a gravamen las siguientes actuaciones:
— La autorización de funcionamiento, inscripción y control de instalaciones industriales,
empresas de servicio a la actividad industrial y agentes autorizados para colaborar con las
Administraciones públicas en materia de seguridad y calidad industrial.
— Las inspecciones técnicas reglamentarias.
— Las funciones de veri cación y contrastación.
— La autorización de funcionamiento, inscripción y control de instalaciones eléctricas de
generación, transporte, transformación, distribución y utilización de energía eléctrica.
— Las pruebas de presión en aparatos y recipientes que contienen uidos.
— Concesiones administrativas y autorizaciones de instalaciones de gases combustibles.
— Autorización de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente.
— Autorización de instalaciones de combustibles líquidos, agua.
— Fraudes y calidad en los servicios públicos de suministros de energía eléctrica, agua y gas.
— La expedición de certi cados y documentos que acrediten la aptitud para el ejercicio de
actividades reglamentarias.
— La expropiación forzosa de bienes y la imposición de servidumbre de paso.
— La expedición de autorizaciones de explotación y aprovechamiento de recursos minera-
les.
— El otorgamiento de permisos de exploración, permisos de investigación y concesiones
mineras de explotación; sus cambios de titularidad y otras incidencias relacionadas.
— La confrontación y autorización de proyectos de exploración, investigación, planes de
labores mineras y grandes voladuras con explosivos.
— Control de uso de explosivos.
— El otorgamiento de la condición de productor de energía eléctrica en régimen especial y
su inscripción en el registro correspondiente.
— Derechos de examen para la obtención del carnet de instalador, mantenedor u operador
autorizado.
— El acceso a los datos del Registro Industrial.
— Las actuaciones de las ENICRES y Organismos de control.
— La venta de placas, libros de Registro y Mantenimiento e impresos.
Sujeto pasivo:
1. Serán sujetos pasivos de las tasas por ordenación de actividades industriales, energéti-
cas, mineras y venta de bienes, las personas físicas o jurídicas a quienes afecten o bene cien,
personalmente o en sus bienes, los servicios o actividades públicas que constituyen su hecho
imponible.
2. En su caso, tendrán la consideración de sujetos pasivos las herencias yacentes, comu-
nidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una
unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición.
Responsables:
1. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley General Tributaria en materia de responsabilidad
y garantía de la deuda tributaria, responderán solidariamente de las tasas las entidades o
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sociedades aseguradoras de riesgos que motiven actuaciones o servicios administrativos que
constituyan el hecho imponible de la tasa.
2. En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que bene cien a los usua-
rios ocupantes de viviendas, naves o locales o, en general, de inmuebles, serán responsables
subsidiarios los propietarios de dichos inmuebles.
Devengo. Las tasas por ordenación de actividades industriales, energéticas y mineras se
devengarán:
1. Según la naturaleza del hecho imponible, bien cuando se inicie la prestación del servicio
o se realice la actividad, sin perjuicio de la posibilidad de exigir su depósito previo.
2. Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se reali-
zará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
Tarifas: La tasa se exigirá conforme a las siguientes tarifas:
Tarifa 1. Control administrativo de actividades industriales:
a. Inscripción en el Registro Industrial de nuevas instalaciones, ampliaciones y traslados.
(N = el número que se obtiene al dividir la inversión en maquinaria y equipos industriales entre
6.010,12 euros).
1.1 Nuevas industrias y ampliaciones.
1.1.1 Inversión en maquinaria y equipo, hasta 6.010,12 euros: 34,66 euros.
1.1.2 Hasta 30.050,61 euros: 103,99 euros.
1.1.3 Hasta 150.253,03 euros: 207,99 euros.
1.1.4 Hasta 1.502.530,26 euros: 145,763810 + (2,489155 x N) euros.
1.1.5 Hasta 3.005.060,52 euros: 280,029975 + (1,866866 x N) euros.
1.1.6 Hasta 6.010.121,04 euros: 591,174392 + (1,244577 x N) euros.
1.1.7 Más de 6.010.121,04 euros: 1.213,463226 + (0,622288 x N) euros.
1.2 Traslados de industrias: Se aplica el 75 por 100 de la tarifa básica 1.1
1.3 Cambios de titularidad de industrias y variación de la inscripción anterior: Se aplica el
25 por 100 de la tarifa básica 1.1.
1.4 Reconocimientos periódicos reglamentarios de industrias: Se aplica el 30 por 100 de la
tarifa básica 1.1, con un máximo de 80,01 euros.
1.5 Regularización administrativa de instalaciones clandestinas: Se aplica el 200 por 100
de la tarifa básica 1.1.
1.6 Inscripción en el Registro Industrial de instalaciones de almacenamiento, distribución y
venta al por menor de combustibles líquidos: Según tarifa básica1.1.
1.7 Autorización de puesta en servicio de instalaciones frigorí cas: Según tarifa básica 1.1.
1.8 Aparatos elevadores:
1.8.1 Inscripción en el Registro de Aparatos Elevadores (RAE) de un aparato: 40,00 euros.
1.8.2 Inspección de un aparato elevador: 80,01 euros.
1.9 Aparatos a presión: Según tarifa básica 1.1.
1.10 Otras instalaciones industriales: Según tarifa básica 1.1.
1.11 Instalaciones de rayos X:
1.11.1 Autorizaciones segunda categoría: 160,00 euros.
1.11.2 Autorizaciones tercera categoría: 119,99 euros.
1.11.3 Autorizaciones de tipo médico: 119,99 euros.
1.12 Patentes y modelos de utilidad. Certi cado de puesta en práctica: 39,20 euros.
Tarifa 2. Control administrativo de actividades energéticas:
2.1 Instalaciones eléctricas de alta tensión.
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2.1.1 Autorización de líneas eléctricas centros de transformación subestaciones y demás
instalaciones de alta tensión: Se aplicará el 200 por 100 de la tarifa básica 1.1.
2.1.2 Declaración de utilidad pública: Se aplicará el 20 por 100 de la tarifa básica 1.1.
2.1.3 Cambio de titularidad de la instalación: 12,79 euros.
2.1.4 Instalaciones de energías alternativas: Se aplicará el 100 por 100 de la tarifa básica
1.1.
2.1.5 Inspección a instancia de parte: 76,76 euros.
2.1.6 Instalaciones temporales 76,76 euros.
2.2 Instalaciones eléctricas en baja tensión.
2.2.1 Instalaciones en viviendas ya existentes, por ampliaciones de potencias, cambios de
titular, cambios de tensión, etc.: 12,79 euros.