Decreto 19/2006, de 23 de febrero, sobre aplicación de la condicionalidad a las ayudas directas de la PAC en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
| Sección | 6 - Subvenciones y Ayudas |
| Emisor | Consejo de Gobierno |
| Rango de Ley | Decreto |
La entrada en vigor del Reglamento (CE)1.782/2003, del Consejo, de 29 de septiembre, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común, introduce nuevas obligaciones en materia de condicionalidad para todos los agricultores que reciban pagos directos, obligándoles a cumplir los requisitos legales de gestión citados en el Anexo III y las buenas condiciones agrarias y medioambientales que los estados miembros definan a partir del marco establecido en el Anexo IV del citado Reglamento.
El control de la observancia de las diferentes obligaciones en materia de condicionalidad, incluidas las reducciones y exclusiones, ha sido fijado por el Reglamento (CE) 796/204, de la Comisión, de 21 de abril, que establece las disposiciones de aplicación de la condicionalidad, modulación y sistema integrado de gestión y control.
Por otra parte, en el marco establecido por el Anexo IV del Reglamento (CE) 1.782/2003, el Real Decreto 2352/2004, de 23 de diciembre, sobre la aplicación de la condicionalidad en relación con las ayudas directas en el marco de la política agrícola común, define los requisitos mínimos de las buenas condiciones agrarias y medioambientales en el ámbito estatal, desarrollando un sistema de control común que persigue evitar distorsiones entre explotaciones y orientaciones productivas pero que permite su adaptación a las diversas condiciones locales.
Por todo lo expuesto, considerando necesario adaptar la aplicación de las buenas condiciones agrarias y medioambientales del real decreto al ámbito de la comunidad autónoma de Cantabria, y debiendo ser asignado su control y el de los requisitos legales de gestión a los organismos de control especializados de las Consejerías competentes en la materia, tal como exige la aplicación del artículo 42 del Reglamento (CE) 796/2004, de la Comisión, en virtud de las competencias establecidas en los artículos 24.9 y 25.3 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, aprobado por la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, a propuesta conjunta del Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca y de la Consejera de Sanidad y Servicios Sociales y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del 23 de febrero de 2006,
DISPONGO
El presente Decreto tiene por objeto asignar las funciones de control de la condicionalidad definidas en los Anexos III y IV del Reglamento (CE) 1782/2003 a los organismos especializados con competencia en la materia que se detallan en el capítulo II, de conformidad con el Reglamento (CE) 1782/2003 del Consejo de 29 de septiembre de 2003, el Reglamento (CE) nº 796/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004 y el Real Decreto 2352/2004, de 23 de diciembre.
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Los Organismos especializados que se relacionan en el Capítulo II serán la autoridad de control competente encargada de realizar los controles sobre el cumplimiento de los requisitos y normas en materia de condicionalidad, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 42.1 del Reglamento (CE) 796/2004 de la Comisión, de 21 de abril.
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El Organismo Pagador, constituido por el Decreto 103/96 para los gastos correspondientes a la política agraria común en la comunidad autónoma de Cantabria, será la autoridad competente para el cálculo y pago de las ayudas directas objeto de condicionalidad, así como de las reducciones y exclusiones. Igualmente, será competencia del Organismo Pagador el control de subvencionalidad de las ayudas directas sujetas al requisito de la condicionalidad.
COMPETENCIAS DE LOS ORGANISMOS
ESPECIALIZADOS DE CONTROL
Será de su competencia el control de los siguientes requisitos en materia de condicionalidad:
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Las buenas condiciones agrarias y medioambientales relacionadas con la comprobación del laboreo, cobertura mínima del suelo, mantenimiento de las terrazas de retención, gestión de rastrojeras y restos de poda, utilización de maquinaria adecuada, protección de pastos permanentes, prevención de la vegetación invasora, deterioro de los hábitats, uso del agua y vertido de residuos.
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Los requisitos legales de gestión relativos a los artículos 4 y 5 de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos, transpuesta por el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero.
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Los requisitos legales de gestión comprendidos en el artículo 3 de la Directiva 86/278/CEE, de 12 de junio, relativa a la protección del medio ambiente y, en particular, los suelos, en la utilización de los lodos de depuradora en la agricultura, transpuesta por el Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre.
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Los requisitos legales de gestión relativos a la aplicación del artículo 3 de la Directiva 91/414/CEE sobre comercialización de productos fitosanitarios, transpuesta por el Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre.
Será de su competencia el control de los siguientes requisitos en materia de condicionalidad:
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Las buenas condiciones agrarias y medioambientales relacionadas con la comprobación del almacenamiento de estiércoles ganaderos.
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Los requisitos...
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