Decreto 123/2002, de 17 de octubre, por el que se suprime la Comisión Regional de Precios de Cantabria y se distribuyen las competencias en materia de precios.

Sección:1 - Disposiciones Generales
Rango de Ley:Decreto
 
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PREÁMBULO

Mediante el Real Decreto 2.305/1982, de 24 de julio, fueron transferidas a la Comunidad Autónoma de Cantabria las competencias y funciones de ámbito provincial que correspondían al Estado en materia de intervención de precios.

Dichas competencias y funciones fueron asumidas por Decreto de Cantabria de 26 de noviembre de 1982, encomendando a la Comisión de Precios de Cantabria las reservadas a la Comisión Provincial de Precios de Santander y al Consejero de Economía, Hacienda y Comercio las atribuidas al Gobernador Civil de Santander.

El contexto socioeconómico del país en el momento de dicha transferencia difiere sustancialmente del existente en la actualidad al haberse pasado, paulatinamente, de una economía con una amplia intervención estatal a un modelo de liberalización económica que continúa en la actualidad. Este proceso liberalizador ha tenido una importante repercusión en materia de precios, y así se advierte en las diversas disposiciones legales que lo han ido regulando a lo largo de estos años, ya que ha ido excluyéndose del régimen de precios autorizados y comunicados la mayor parte de los productos y servicios que lo componían y que, de momento, ha tenido su última reducción en el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio.

Estas previsiones liberalizadoras ya tuvieron su plasmación en la que podríamos denominar «última disposición general» en materia de precios como fue el Real Decreto 2695/1977, de 28 de octubre, el cual en su exposición de motivos recoge que «la presente normativa deberá constituir un paso hacia el pleno funcionamiento de los mecanismos de la economía de mercado evitando, por otro lado, los riesgos que podrían derivarse de la brusca ausencia de la intervención de la Administración en la actual situación económica.

Como consecuencia de este proceso, unido a la mayor complejidad de las actividades económicas, por la Administración General del Estado se ha suprimido la Junta Superior de Precios mediante el citado Real Decreto-Ley, de 7 de junio de 1996, siendo asumidas sus funciones por diversos órganos administrativos competentes en la...

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