Ley de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura de Cantabria. (Ley 1/2021, de 4 de marzo)

1.  La Comunidad Autónoma de Cantabria podrá declarar en aguas interiores, zonas protegidas por su especial interés para la conservación y regeneración de los recursos marinos, limitando en ellas las actividades extractivas de la fauna y flora marina y, en general, las perturbadoras del medio.

2.  Dichas zonas podrán ser calificadas como:

a) Reservas marinas de interés pesquero: espacios marinos acotados en los que se limita la actividad extractiva para incentivar la regeneración de la flora y fauna marinas.

b) Zonas de acondicionamiento marino: espacios marinos en los que se trata de favorecer la protección y desarrollo de la flora y fauna marinas mediante la realización de obras o instalaciones, incluidos los arrecifes artificiales.

c) Zonas de repoblación marina: espacios marinos destinados a la liberación controlada de especies, en cualquier fase de su ciclo vital, con el fin de favorecer la recuperación de las poblaciones de especies de interés pesquero o marisquero.

1.  La declaración de las Reservas marinas de interés pesquero se realizará por Decreto del Gobierno, previo informe de la Administración del Estado cuando puedan verse afectados aspectos de su competencia.

2.  La declaración de las Zonas de acondicionamiento marino y Zonas de repoblación marina se realizará por orden de la consejería competente en materia de pesca, previo informe de la Administración del Estado y Administración autonómica cuando puedan verse afectados aspectos de su competencia.

3.  La declaración de la zona establecerá:

a) Su delimitación geográfica.

b) La justificación de su declaración y objetivos que se persiguen.

c) La vigencia y revisión temporal de la declaración.

d) Las limitaciones y prohibiciones a que, en su caso, se sujete la actividad pesquera y marisquera o cualquier otra actividad que pudiera afectar a los recursos y sus hábitats.

e) La descripción de las medidas necesarias para la conservación y regeneración de los recursos tales como la repoblación, la introducción de especies foráneas, o la instalación de arrecifes artificiales.

Aquellas actividades que puedan afectar a los recursos pesqueros, marisqueros y de acuicultura, así como al mantenimiento de la calidad de las aguas y el resto de los recursos de su ecosistema requerirán autorización de la Consejería competente en materia de pesca.

1.  El Plan de Recuperación es el instrumento de planificación que tiene como objeto determinar las acciones necesarias a ejecutar para que una o varias especies alcancen un estado de conservación favorable.

2.  El Plan de Recuperación deberá contener, al menos, las siguientes determinaciones:

   a) Definición del ámbito de aplicación.

   b) Determinación de las especies objeto de recuperación.

   c) Determinación de los objetivos de recuperación.

   d) Estado actual de las poblaciones y hábitat de la especie objeto de recuperación.

   e) Medidas de conservación.

   f) Plan de seguimiento en el que se incluyan los indicadores de ejecución y eficacia de las medidas de conservación previstas.

3.  El Plan de Recuperación será aprobado mediante orden de la consejería competente en materia de pesca.

4.  El Plan de Recuperación tendrá la vigencia que se determine en el propio plan, que incorporará, en su caso, las previsiones para su revisión.

1.  El Plan de Gestión es el instrumento de planificación que tiene como objeto la determinación de las condiciones de explotación de un recurso marino para obtener el redimiendo máximo sostenible, teniendo siempre presente el principio de precaución.

2.  El Plan de Gestión deberá contener, al menos, las siguientes determinaciones:

   a) Definición del ámbito de aplicación.

   b) Determinación de las especies objeto de gestión.

   c) Determinación de los periodos de hábiles de explotación.

   d) Determinación de los cupos de captura.

   e) Establecimiento de los métodos, artes y horarios permitidos para la explotación del recurso en el ámbito de aplicación del plan.

   f) Plan de seguimiento de las poblaciones de las especies objeto del plan.

   g) Requisitos para la participación en el Plan de gestión o en su caso inclusión en el censo correspondiente.

   h) Sistemas de control de las condiciones establecidas en el plan.

   i) Régimen sancionador.

3.  El Plan de Gestión será elaborado por la consejería competente en materia de pesca y será aprobado mediante orden de la consejería competente en materia de pesca.

4.  El Plan gestión tendrá la vigencia que se determine en el propio Plan, que incorporará, en su caso, las previsiones para su revisión.

1.  La consejería competente en materia de pesca debe determinar la ubicación y los límites de las Zonas de producción de moluscos bivalvos y otros invertebrados marinos de acuerdo a la normativa comunitaria que hace referencia a las normas específicas de higiene en los alimentos de origen animal.

2.  La declaración Zonas de producción de moluscos bivalvos y otros invertebrados marinos se realizará mediante Orden de la Consejería competente en materia de pesca y en ella se estable la delimitación y la clasificación sanitaria en función de la calidad de sus aguas.

3.  La clasificación sanitaria queda determinada por los resultados obtenidos en el Plan de Vigilancia de las Zonas de producción de moluscos bivalvos y otros invertebrados marinos.

Se adoptarán las medidas necesarias de prevención y control sanitario y medioambiental para la protección de los recursos marinos.

1.  La actividad extractiva en las zonas y los ámbitos materiales sobre las que se proyecta la competencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria únicamente podrá practicarse con artes, técnicas, modalidades y especies expresamente permitidas, quedando prohibidas todas las demás.

2.  Por orden de la consejería competente en materia de pesca y marisqueo, se fijarán las normas reguladoras de la actividad extractiva en zonas de competencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria, previa audiencia de las personas profesionales del sector a través de sus organizaciones representativas.

3.  La consejería competente en materia de pesca autorizará la pesca de recreo en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma de Cantabria garantizando la conservación, protección y recuperación de los recursos y sus hábitats, así como su compatibilidad con la actividad extractiva profesional.

1.  En el ámbito sobre el que se proyecta la competencia autonómica, corresponde a la consejería competente en materia de pesca y marisqueo establecer las condiciones a que se sujeta el ejercicio de la actividad extractiva de los recursos marinos en sus distintas modalidades.

2.  En concreto, la consejería podrá establecer normas relativas a:

a) Características de las artes y aparejos, instrumentos y equipos de pesca, marisqueo y otros recursos, limitaciones en su número y condiciones de uso, así como régimen de alternancia.

b) Zonas vedadas o prohibidas de carácter temporal o permanente, total o parcial.

c) Zonas exclusivas para la pesca o el marisqueo o la explotación de algas con determinados artes.

d) Fondos mínimos para el empleo de los artes.

e) Vedas estacionales y tallas mínimas, días, horario de la actividad y tiempo de calamento.

f) Especies cuya captura está prohibida.

g) Cupos de captura por embarcación, persona y, en su caso, grupo de embarcaciones o personas.

h) Limitaciones en el número de embarcaciones o personas con derechos de pesca.

9. (Suprimida).

j) Reglamentación de las competiciones deportivas, en aquellos aspectos directamente relacionados con el recurso pesquero.

k) Cualquier otro tipo de medida que contribuya a regular adecuadamente la actividad extractiva.

1.  Con el fin de gestionar la capacidad extractiva, se podrán crear censos de los buques y personas con derecho a practicar la actividad extractiva en sus diversas modalidades.

2.  En la elaboración de los censos se tendrá en cuenta la habitualidad e idoneidad de los buques y de las personas dedicadas a cada actividad.

3.  La pérdida de la habitualidad en la actividad extractiva será causa de baja en el censo correspondiente, en los términos que la normativa establezca.

1.  El ejercicio de la actividad extractiva en sus diferentes modalidades requerirá estar en posesión de una licencia otorgada por la consejería competente en materia de pesca y marisqueo.

2.  Las licencias se concederán por periodos determinados, su validez y posibilidad de renovación a solicitud de la persona interesada se establecerá en los términos que reglamentariamente se determinen.

3.  Para la renovación de las licencias profesionales será preciso acreditar la habitualidad en el ejercicio de la actividad extractiva en los términos que reglamentariamente se determinen.

Se entenderá desestimada la solicitud en los procedimientos sobre otorgamiento y renovación de las licencias, en caso de no notificarse la resolución en el plazo reglamentariamente previsto.

1.  Serán causas de revocación de la licencia:

   a) La pérdida sobrevenida de las condiciones y requisitos necesarios para su otorgamiento.

   b) El incumplimiento reiterado de las condiciones de ejercicio de la actividad extractiva o de las obligaciones que reglamentariamente se determinen.

2.  La revocación de la licencia impedirá su renovación y será causa de baja en el censo correspondiente.

1.  La Consejería competente en materia de pesca podrá autorizar temporalmente la práctica de la pesca o el marisqueo con un arte o modalidad diferente a la que indica la licencia, siempre que la situación de los recursos lo permita.

2.  Las autorizaciones temporales tendrán la duración que reglamentariamente se establezca. Estos períodos no se computarán a efectos de la pérdida de habitualidad a que se refiere el artículo anterior.

1.  El otorgamiento de la licencia, a la que se refiere el presente capítulo no exime a sus titulares del deber de obtener las restantes licencias, permisos y autorizaciones que sean exigibles de acuerdo con la normativa aplicable.

2.  En caso de que en la actividad extractiva profesional se empleen técnicas de buceo, será necesario estar en posesión de la titulación profesional de buceo adecuada a los medios empleados.

Las personas titulares de las licencias quedarán obligadas a facilitar a la Administración autonómica la información sobre su actividad que reglamentariamente se determine.

Se podrán autorizar la explotación de cetáreas, los centros de expedición y otros establecimientos marisqueros.

Se entiende por explotación de algas profesional, el ejercicio de la actividad extractiva, desarrollada a pie, desde embarcación o buceando, en la zona marítima o marítimo-terrestre, dirigida a la obtención de algas y argazos con fines de comercialización.

1.  Para la extracción y recogida de algas y argazos será preciso disponer de la oportuna licencia expedida por la consejería competente en explotación de algas, que fijará las condiciones para su obtención, garantizando la distribución equitativa de los derechos de explotación de los recursos entre las personas profesionales y entidades cualificadas para ello.

2.  Se establecen los siguientes tipos de licencias:

a) Licencia para extracción de algas y argazos desde embarcación.

b) Licencia para recogidas de algas y argazos a pie.

1.  La licencia que faculte para la práctica de la extracción de algas y argazos profesional desde embarcación será expedida a nombre de un buque pesquero incluido en el Censo de la Flota Pesquera Operativa en la modalidad de artes menores con puerto base en Cantabria y cubrirá legalmente la actividad de la tripulación que esté debidamente enrolada.

2.  Esta licencia será intransferible a terceros, salvo que se haga conjuntamente con la transferencia de la embarcación, que deberá ser comunicada a la consejería competente en materia de explotación de algas.

1.  La licencia que faculte para la práctica de la extracción profesional de algas y argazos a pie podrá ser expedido a personas físicas y a empresas u otras entidades con personalidad jurídica propia.

   Las licencias concedidas a personas físicas tendrán carácter personal, individual e intransferible.

   Las licencias concedidas a empresas u otras entidades con personalidad jurídica propia cubrirán legalmente la actividad del personal empleado perteneciente a las mismas.

2.  Para la obtención de la licencia que faculte para la recogida de algas y argazos a pie se deberán cumplir los siguientes requisitos:

   a) Personas físicas:

   1.  Ser mayor de dieciséis años.

   2.  Estar dado de alta como trabajador por cuenta propia en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar o en el Sistema Especial Agrario del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

   3.  Estar al corriente con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como del resto de las obligaciones con la Comunidad Autónoma de Cantabria.

      b) Empresas u otras entidades con personalidad jurídica propia.

   1.  Estar legalmente constituidas.

   2.  Que tengan entre sus fines la recolección de algas y argazos.

Se entiende por acuicultura, la cría o cultivo de organismos acuáticos con técnicas encaminadas a aumentar la producción de estos por encima de las capacidades naturales del medio. Dichos organismos son, a lo largo de toda la fase de cría o cultivo y hasta el momento de su recogida, propiedad de una persona física o jurídica.

La Administración autonómica fomentará la acuicultura mediante ayudas a proyectos destinados a mejorar las condiciones higiénicas y de sanidad de la producción, reducir la contaminación del medio ambiente, optimizar y modernizar de las instalaciones y el fomento de especies autóctonas o en peligro.

Corresponde a la consejería competente en materia de pesca la ordenación de la acuicultura, a cuyo efecto tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:

a) Otorgar los permisos necesarios para el ejercicio de la actividad.

b) Establecer las condiciones técnicas de las instalaciones principales y complementarias de acuicultura.

c) Dictar las normas para el desarrollo racional de las explotaciones.

d) Fijar las especies cuyo cultivo esté autorizado en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

e) Autorizar la utilización e inmersión de simientes, crías, huevos, esporas, esquejes e individuos tanto en el medio natural como en instalaciones de acuicultura.

f) Inspeccionar las instalaciones de acuicultura.

1.  Atendiendo al marco establecido para la ordenación del espacio marítimo, la consejería competente en materia de acuicultura, establecerá Zonas de Interés para la Acuicultura (ZIA) cuya declaración tiene como objetivo compatibilizar el crecimiento sostenible de los cultivos marinos con la protección de la biodiversidad.

2.  La declaración de la zona se realizará por Decreto del Gobierno, previo informe preceptivo y vinculante de la Administración del Estado, e informes de los distintos departamentos de la Administración autonómica en aspectos de su competencia.

3.  La declaración de la zona irá acompañada de las correspondientes medidas de planificación, protección y promoción de la acuicultura.

4.  La instalación de industrias o explotaciones que puedan afectar al estado físico, químico o biológico de las zonas de interés para la acuicultura requerirá en todo caso informe favorable de la Consejería competente en materia de acuicultura.

5.  En las zonas declaradas de interés para la acuicultura, el establecimiento de explotaciones o proyectos de investigación únicamente requerirá, en lo relativo a los aspectos sectoriales de la implantación de la actividad, la aprobación de la Consejería competente en materia de acuicultura.

1.  El ejercicio de actividades de la acuicultura por cualquier persona física o jurídica requiere el otorgamiento del correspondiente título administrativo habilitante. Los títulos administrativos habilitantes para el ejercicio de la acuicultura son:

   a) Autorización de actividad en dominio público.

   b) Autorización de actividad en terrenos privados.

   c) Autorización experimental.

2.  Cuando el ejercicio de la actividad requiera la ocupación de espacios demaniales con obras o instalaciones no desmontables, o aun siendo desmontables, por su naturaleza, finalidad u otras circunstancias requieran un plazo de ocupación superior a cuatro años, se requerirá concesión o autorización demanial.

3.  El otorgamiento de los títulos habilitantes a que se refiere el presente artículo no exime a sus titulares del deber de obtener las licencias, permisos y autorizaciones que sean exigibles de acuerdo con la legislación vigente.

4.  La resolución que otorgue el título habilitante expresará la persona titular de la misma, el plazo inicial de duración y las condiciones técnicas y administrativas que regirán el ejercicio de la actividad.

1.  Las instalaciones de acuicultura deberán ser puestas en funcionamiento en el plazo máximo de un año a partir de la fecha de publicación de la resolución de otorgamiento del título habilitante en el Boletín oficial de Cantabria.

2.  La consejería competente en materia de acuicultura podrá ampliar este plazo hasta un máximo de otro año más, previa solicitud de la persona interesada, cuando por causas no imputables al mismo no pueda cumplir el plazo establecido en el apartado anterior.

La modificación o reforma de la explotación y de las condiciones establecidas en el título administrativo que la ampara requerirá la autorización de la Administración de la Comunidad Autónoma en la forma que reglamentariamente se determine.

1.  Los establecimientos de acuicultura son en todo caso indivisibles y deberán conservar dicha unidad en el supuesto de solicitar a la Consejería competente en materia de acuicultura el cambio de titularidad del título habilitante, sin que dicha autorización exima del cumplimiento de las restantes normas aplicables, y en especial en lo referente al uso privativo del dominio público, a excepción de las autorizaciones experimentales que serán intransmisibles.

2.  El plazo para resolver y notificar la autorización a que se refiere este artículo será de un mes, debiendo entenderse desestimada la solicitud una vez transcurrido el citado plazo.

La Administración de la Comunidad Autónoma, previa audiencia de la persona titular, declarará la extinción del título habilitante para el ejercicio de la actividad de acuicultura en los siguientes casos:

a) Renuncia de la persona interesada.

b) Mutuo acuerdo entre la Administración y la persona titular.

c) Revocación por la Administración por la alteración de las condiciones naturales existentes que hagan imposible su continuidad.

d) El vencimiento del plazo máximo para la puesta en funcionamiento de las instalaciones sin mediar causa justificada.

e) El abandono o cese de la actividad por un período de doce meses consecutivos.

f) El incumplimiento de las condiciones establecidas en el título administrativo o en la legislación aplicable cuya inobservancia esté sancionada con la caducidad.

g) La producción de daños al medio natural, peligro para la salud pública, la navegación u otros riesgos análogos derivados del funcionamiento del establecimiento.

h) La transmisión de la explotación sin autorización de la consejería competente en materia de acuicultura

i) La caducidad de la concesión demanial, cuando esta sea necesaria.

Para el desarrollo de la acuicultura en terrenos pertenecientes al dominio público la Consejería competente en materia de acuicultura podrá otorgar una autorización de actividad a personas físicas o entidades públicas o privadas.

Las autorizaciones de actividad en dominio público se otorgarán a solicitud de la persona interesada o mediante concurso público convocado al efecto.

1.  La solicitud de autorizaciones de actividad en dominio público a presentar por la persona interesada, deberá acompañarse de un plan de explotación y viabilidad que garantice la explotación eficaz y racional y la autosuficiencia económica y la compatibilidad con la conservación de los hábitats y especies presentes.

2.  Recibida la solicitud, la consejería competente en materia de acuicultura abrirá un periodo de información pública mediante anuncio en el «Boletín Oficial de Cantabria» por plazo de un mes. En la publicación se indicará, al menos, la zona afectada y una breve referencia de la actividad que se pretende desarrollar.

3.  La Administración autonómica recabará de oficio y simultáneamente los informes que sean preceptivos.

4.  La Consejería ofertará al peticionario las condiciones bajo las cuales será otorgable la autorización de actividad en dominio público. Una vez aceptadas estás por la persona interesada, la persona titular de la Consejería dictará Resolución de otorgamiento de la autorización de actividad en dominio público.

5.  El plazo máximo para resolver este procedimiento será de seis meses. Una vez transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución expresa, la persona interesada podrá entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

6.  La resolución se publicará en el «Boletín Oficial de Cantabria».

1.  La convocatoria de concurso para la autorización de actividad en dominio público se realizará por la consejería competente en materia de acuicultura, bajo los principios de publicidad y libre concurrencia.

2.  La convocatoria del concurso para el otorgamiento de autorizaciones indicará, además del proyecto y la documentación necesaria para participar en el mismo, los criterios de preferencia y su baremación teniendo en cuenta, en todo caso:

   a) La cualificación profesional de los solicitantes y su experiencia en materia de cultivos marinos.

   b) La racionalidad y viabilidad de la explotación.

   c) La creación de empleo para el sector pesquero y marisquero.

3.  La Administración autonómica recabará de oficio y simultáneamente los informes que sean preceptivos.

4.  La consejería competente ofertará al adjudicatario las condiciones bajo las cuales será otorgable la autorización de actividad en dominio público. Una vez aceptadas éstas por la persona interesada, la persona titular de la consejería competente dictará resolución de otorgamiento de la autorización de actividad en dominio público.

5.  La Resolución se publicará en el «Boletín Oficial de Cantabria».

6.  El plazo máximo en que debe resolverse y notificarse el procedimiento es de seis meses, debiendo entenderse desestimada la solicitud y desierto el concurso de transcurrir el mencionado plazo.

7.  Si la convocatoria de un concurso afectara a procedimientos en tramitación iniciados a solicitud de persona interesada, se suspenderán éstos, teniendo la persona interesada derecho a reembolso de los gastos del proyecto en caso de no resultar adjudicatarias de la autorización de actividad en dominio público.

1.  La autorización de actividad en dominio público se otorgará por un período máximo inicial de diez años, prorrogables a petición de la persona interesada con una antelación mínima de seis meses al vencimiento de la autorización de actividad en dominio público, por períodos iguales hasta un máximo de treinta años.

2.  Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior sin que se haya solicitado ni haya sido concedida la prórroga correspondiente, las autorizaciones se entenderán extintas emitiéndose declaración administrativa expresa al efecto.

3.  En todo caso se considerarán extintas una vez transcurrido el plazo máximo de treinta años.

4.  Sin perjuicio de anterior, la consejería competente podrá proceder en cualquier momento a su rescate o expropiación si mediara causa de utilidad pública.

1.  Con una antelación de al menos doce meses al vencimiento del plazo máximo de treinta años, la consejería competente deberá comunicar a la persona titular de la autorización de actividad en dominio público que se ha iniciado el procedimiento para decidir motivadamente sobre el levantamiento del establecimiento o su mantenimiento para continuar la explotación. La misma decisión se adoptará una vez extinguida la autorización de actividad en dominio público por cualquier otra causa, sin que sea necesario iniciar un procedimiento específico para ello si se ha tomado en el marco de un procedimiento cuyo fin supusiera la continuación o finalización de dicha autorización de actividad en dominio público.

2.  La resolución a que se refiere el apartado anterior deberá adoptarse en el plazo de tres meses desde el inicio del procedimiento, debiendo entenderse denegado el mantenimiento si en el plazo indicado no se hubiera notificado la correspondiente resolución.

3.  No obstante, si la persona titular de la autorización de actividad en dominio público tuviese una concesión sobre dominio público por un periodo mayor al plazo máximo de treinta años establecido en el artículo anterior y estuviese la persona interesada en continuar ejerciendo la misma actividad, deberá presentar una nueva solicitud de autorización de actividad en dominio público un año antes de la finalización de dicho periodo máximo.

4.  Sea cual sea el motivo de la extinción de la autorización de actividad en dominio público, será obligación de la persona titular de la explotación el levantamiento y retirada de las instalaciones, así como la restauración necesaria de la zona a su estado natural anterior a la autorización, salvo en los supuestos de mantenimiento indicados en el apartado 1.

5.  Cuando la consejería competente decida mantener la explotación, ésta se podrá llevar a cabo a través de las fórmulas de gestión reguladas en esta ley o en la Ley 3/2006, de 18 de abril, del Patrimonio de la Co de patrimonio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sin perjuicio de las competencias que correspondan al Estado en el mantenimiento de las instalaciones. En todo caso, el otorgamiento de una autorización de actividad en dominio público deberá hacerse mediante convocatoria pública.

Para el desarrollo de la actividad de acuicultura en terrenos de propiedad privada la Consejería competente en materia de acuicultura podrá otorgar una autorización de actividad a personas físicas o entidades públicas o privadas.

1.  El procedimiento para otorgar una autorización de actividad en terrenos privados se iniciará mediante la presentación de una solicitud por la persona interesada.

2.  La solicitud de autorización deberá acompañarse de un plan de explotación y viabilidad que garantice la explotación eficaz y racional, así como la autosuficiencia económica y la compatibilidad con la conservación de los hábitats y especies presentes.

3.  La Administración autonómica recabará de oficio y simultáneamente los informes que sean preceptivos.

4.  La consejería competente ofertará al peticionario las condiciones bajo las cuales será otorgable la autorización de actividad en terrenos privados. Una vez aceptadas éstas por la persona interesada, la persona titular de la consejería competente dictará resolución de otorgamiento de la autorización de actividad en terrenos privados.

5.  El plazo máximo para resolver este procedimiento será de seis meses. Una vez transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución expresa, la persona interesada podrá entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

6.  La resolución se publicará en el «Boletín Oficial de Cantabria».

La autorización de actividad en terrenos privados tendrá carácter indefinido, siempre que no se produzcan alguna de las causas de extinción reguladas en los artículos 52 y 53.

Para el desarrollo de la actividad de acuicultura con carácter experimental en el marco de un proyecto de investigación, la consejería competente en acuicultura podrá otorgar una autorización experimental a entidades en cuyo objeto social figure la investigación.

1.  El procedimiento para otorgar una autorización experimental se iniciará mediante la presentación de una solicitud por la persona interesada.

2.  La solicitud de autorización experimental deberá acompañarse de un proyecto de investigación.

3.  La Administración autonómica recabará de oficio y simultáneamente los informes que sean preceptivos.

4.  La consejería ofertará al peticionario las condiciones bajo las cuales será otorgable la autorización experimental. Una vez aceptadas estás por la persona interesada, la persona titular de la consejería dictará resolución de otorgamiento del permiso de actividad.

5.  El plazo máximo para resolver este procedimiento será de seis meses. Una vez transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución expresa, la persona interesada podrá entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

6.  La resolución se publicará en el «Boletín Oficial de Cantabria».

1.  La autorización indicará su plazo de duración, que no podrá exceder de cinco años, prorrogables por otros cinco, a solicitud de la persona interesada, cuando la Administración de la Comunidad Autónoma aprecie que existen razones justificadas de interés general que lo aconsejen.

2.  La solicitud de prórroga deberá realizarse entre los doce y los seis meses anteriores a la finalización del primer plazo, entendiéndose concedida si no se da respuesta en el plazo de tres meses.

No podrán ser objeto de venta los productos resultantes de la actividad de acuicultura de naturaleza experimental.

La persona titular de la autorización experimental vendrá obligada a informar anualmente a la Administración autonómica de los resultados de las experiencias realizadas.

1.  Los buques pesqueros que deseen establecer su puerto base en la Comunidad Autónoma de Cantabria deberán contar con una autorización expedida al efecto por la consejería competente en materia de pesca, previo informe de la cofradía y de la autoridad competente de la que dependa dicho puerto. La autorización se tramitará conjuntamente con la de construcción del buque, de acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se determine.

2.  El cambio de base de los buques entre puertos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, tanto temporales como definitivos, será autorizado por la consejería, previo informe de la autoridad competente de la que dependa dicho puerto y las cofradías afectadas, de acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se determine.

3.  La resolución que se dicte sobre el establecimiento y cambio de base de los buques deberá atender a las características y particularidades del puerto de destino, a las posibilidades de comercialización, la vinculación socio-económica y prestación de servicios en la zona y a la situación de los recursos en aguas de competencia de la Comunidad Autónoma.

1.  De conformidad con lo establecido en la legislación básica de ordenación del sector, la construcción de nuevos buques pesqueros, que vayan a tener su puerto base en la Comunidad Autónoma de Cantabria, requerirá autorización de la consejería competente en materia de pesca.

2.  El plazo máximo para la resolución de los procedimientos a que se refiere el presente artículo es de seis meses, entendiéndose desestimada la solicitud en caso de no haberse notificado la resolución en el plazo indicado.

1.  De conformidad con lo establecido en la legislación básica del sector pesquero, la modificación de las características y condiciones técnicas de las embarcaciones pesqueras que tengan establecido su puerto base en la Comunidad Autónoma de Cantabria, deberá ser autorizada previamente por la consejería competente en materia de pesca.

2.  El otorgamiento de la autorización se realizará, previa solicitud de la persona interesada, de conformidad con el procedimiento y los criterios que reglamentariamente se determinen, de acuerdo con la legislación básica del Estado y la normativa comunitaria.

3.  El plazo máximo para la resolución de los procedimientos a que se refiere el presente artículo es de seis meses, entendiéndose desestimada la solicitud en caso de no haberse notificado la resolución en el plazo indicado.

Corresponde a la consejería competente en materia de pesca fijar, para todos los buques con puerto base en la Comunidad Autónoma de Cantabria, los días y horarios del periodo de descanso semanal cuya extensión es fijada por el ministerio con competencia en la ordenación del sector pesquero.

El presente título tiene como objeto regular el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de protección y conservación de los recursos marinos, actividades extractivas de productos pesqueros, acuicultura, ordenación del sector pesquero, así como los relativos al buceo y a la formación náutico-pesquera y náutico-deportiva.

La potestad sancionadora en las materias objeto de la presente ley corresponde a la administración competente, que la ejercerá de acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con el resto de disposiciones que sean aplicables.

1.  Son sujetos responsables de la infracción las personas físicas o jurídicas que por acción u omisión realicen las conductas tipificadas en la presente ley.

2.  Serán responsables de las infracciones cometidas por los menores de edad no emancipados o las personas declaradas judicialmente incapaces, las persona que ejerzan la patria potestad o la tutela.

3.  Cuando la infracción sea imputable a varias personas y no sea posible determinar el grado de participación de cada uno, responderán solidariamente:

a) Los propietarios de los buques, armadores, fletadores y patrones o quienes dirijan las actividades respecto de las infracciones cometidas durante el desarrollo de la actividad pesquera y marisquera a flote.

b) Los propietarios de las empresas y el personal responsable de su actividad en lo relativo a acuicultura, comercialización y transformación de productos.

c) Los propietarios de la empresa de trasporte y quienes participen en el transporte, en el caso de las infracciones cometidas en el ejercicio de esta actividad.

d) Las personas titulares y las entidades gestoras de las lonjas y de los centros de venta, así como el personal responsable de su actividad, en caso de infracciones que afecten a la comercialización de productos de la pesca, el marisqueo o la acuicultura.

e) Las personas titulares de empresas de hostelería y comercio en el caso de infracciones cometidas en la oferta de productos pesqueros que no cumpla los requisitos legales para su tenencia y comercialización.

1.  La responsabilidad por las acciones u omisiones tipificadas en la presente ley es de naturaleza administrativa y no excluye las de otro orden a que haya lugar.

2.  Las sanciones que se impongan a distintos sujetos como consecuencia de una misma infracción tendrán entre sí carácter independiente.

3.  No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.

4.  Cuando la conducta infractora pueda ser constitutiva de delito o falta, se dará traslado del tanto de culpa al Ministerio Fiscal, suspendiéndose la tramitación del procedimiento sancionador hasta que el fiscal archive la denuncia o la autoridad judicial dicte resolución firme que ponga fin al procedimiento.

De no haberse apreciado la existencia de delito o falta, el órgano administrativo competente continuará el expediente sancionador. Los hechos declarados probados en la resolución judicial firme vincularán al órgano administrativo.

La responsabilidad derivada de la comisión de infracciones de la presente ley se extinguirá:

a) Por el fallecimiento de la persona física sancionada.

b) Por cumplimiento de la sanción impuesta.

c) Por la prescripción de la infracción.

d) Por prescripción de la sanción.

1.  Las infracciones previstas en la presente ley prescriben a los tres años las muy graves, a los dos años las graves y a los seis meses las leves.

2.  Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves prescribirán a los seis meses.

3.  En los supuestos de infracciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará a contar desde el momento de la finalización de la actividad o desde el último acto con que la infracción se consuma.

4.  Cuando los hechos o actividades constitutivos de infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, el plazo de prescripción se computará desde que éstos se manifiesten.

1.  Dependiente de la Consejería competente en materia de pesca, se crea el Registro Autonómico de Infractores de Pesca y Actividades Marítimas, en el que se deberán inscribir de oficio todas las personas que hayan sido sancionadas por resolución firme, como consecuencia del ejercicio del procedimiento de la potestad sancionadora prevista en la presente ley.

2.  En el registro deberán figurar los datos del sancionado, el tipo de infracción y su calificación, fecha de la resolución sancionadora, las sanciones impuestas y otras medidas adoptadas.

3.  Las personas infractoras que hayan extinguido su responsabilidad tendrán derecho a la cancelación de sus antecedentes y a ser dados de baja de oficio en dicho Registro, una vez transcurrido el plazo de un año.

4.  La consejería competente puede acordar mecanismos de coordinación con otras Comunidades Autónomas para la efectividad del Registro, en términos de reciprocidad.

Las infracciones administrativas incluidas en esta Ley se clasifican en leves, graves y muy graves, y las mismas serán de aplicación sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera derivarse de otras previsiones incluidas en la legislación vigente.

Se consideran infracciones leves:

a) El ejercicio de la actividad sin llevar consigo la correspondiente licencia o cualquier otro documento exigido por la normativa vigente.

b) El cumplimiento defectuoso de las preceptivas obligaciones de información a las Administraciones públicas.

c) El cumplimiento defectuoso de las normas de señalización e identificación cuando no impidan las labores de inspección.

d) Las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación pesquera comunitaria o previstas en convenios, acuerdos o tratados internacionales en materia de pesca y marisqueo en aguas interiores y que no constituyan infracción grave o muy grave.

e) El uso para la práctica de la pesca marítima recreativa de más utensilios de los permitidos.

f) La cumplimentación incorrecta del libro registro de la actividad pesquera, así como los documentos de captura y desembarco, que no supongan una alteración de los datos relativos a capturas o esfuerzo pesquero.

7. (Suprimida).

h) El incumplimiento de las normas sobre esfuerzo pesquero o cupos de capturas, en lo referente a la extracción de especies de cebo con licencia de pesca marítima de recreo.

i) La realización de la actividad en épocas, fondos o zonas vedadas o prohibidas, en lo referente a la extracción de especies de cebo con licencia de pesca marítima de recreo.

j) El ejercicio de la actividad extractiva profesional sin llevar puesto el chaleco reglamentariamente previsto, impedir su visibilidad o manipularlo dificultando el ejercicio de la actividad inspectora.

Serán infracciones graves:

1. Con carácter general:

   1. El ejercicio de la actividad careciendo de la licencia, autorización o título administrativo habilitante.

   2. El incumplimiento de normas o condiciones establecidas por la administración competente para la concesión de la licencia, autorización o título administrativo habilitante.

   3. La alteración de los datos y circunstancias que figuren en la licencia, autorización o título administrativo habilitante.

   4. La transmisión, cesión o préstamo de la licencia, autorización o título administrativo habilitante en los casos en los que, conforme a esta ley, sea intransmisible o cuando, siéndolo, no se comunique a la administración.

   5. La presentación de información o documentos falsos para cualquiera de los procedimientos cuya materia esté incluida en la presente ley, así como no proporcionar determinados datos que tuviese la obligación de aportar y que pudieran llevar a la Consejería competente a otorgar un beneficio a la persona interesada que, en caso contrario, no podría obtener.

   6. La falta de colaboración, por acción u omisión, en las actuaciones de investigación, inspección, vigilancia o control de las Administraciones públicas competentes en relación con el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y sus normas de desarrollo, sin llegar a impedir su ejercicio.

   7. Atentar verbalmente contra los inspectores en el ejercicio de sus funciones.

   8. Negarse, al ser requerido por los inspectores, a devolver las capturas al mar, o a entregárselas en el caso de que la devolución a su ecosistema sea inviable.

   9. Deshacerse de las capturas o artes con el objeto de impedir la labor inspectora, con independencia de que se recuperen posteriormente.

   10. El empleo de embarcaciones que no cumplan los requisitos exigidos por la normativa reguladora de la actividad, o para realizar una actividad distinta de la autorizada.

   11. La realización de actividades no permitidas en las zonas de protección declaradas de acuerdo a lo dispuesto en esta ley.

   12. La realización de actividades que provoquen una alteración o destrucción de los recursos marisqueros y pesqueros.

   13. La captura o recolección de cualquier especie en el medio marino que no esté considerada como permitida en la normativa reguladora de la materia.

2. En lo relativo a actividades extractivas:

   1. La realización de actividades extractivas en zonas cerradas por motivos higiénico-sanitarios.

   2. El incumplimiento de las normas de identificación y señalización.

   3. Dificultar el ejercicio de la actividad inspectora impidiendo la visibilidad del folio y la matrícula del buque o procediendo a su manipulación.

   4. El incumplimiento de las normas sobre esfuerzo pesquero o cupos de capturas, a excepción de las tipificadas como infracciones leves.

   5. La cesión del excedente de la pesca capturada.

   6. El incumplimiento de los horarios establecidos reglamentariamente.

   7. El empleo o tenencia de aparejos, artes, utensilios o medios no autorizados o con malla antirreglamentaria.

   8. El empleo o tenencia a bordo de cualquier artefacto o dispositivo que reduzca la selectividad de las artes, aparejos o útiles.

   9. La realización de la actividad en épocas, fondos o zonas vedadas o prohibidas, a excepción de las tipificadas como infracciones leves.

   10. La realización de la actividad incumpliendo las distancias o profundidades reglamentarias.

   11. Salvo las excepciones contempladas en la normativa vigente, la captura, conservación a bordo, utilización como cebo, transbordo, desembarco, almacenamiento y transporte, así como la tenencia, cesión a terceros, exposición a la venta y venta de:

       1. Ejemplares por debajo de las tallas mínimas establecidas.

       2. Hembras ovadas de crustáceos.

       3. Especies prohibidas.

       4. Especies sujetas a vedas con carácter general o para la modalidad autorizada, durante el período de vigencia de la misma.

       5. Cantidades de pesca superiores a las autorizadas.

   12. La tenencia, antes de su primera venta, de especies capturadas sin contar con la autorización necesaria o en condiciones distintas a las establecidas en la autorización.

   13. El desembarco o descarga de productos fuera de los puertos o de las zonas autorizadas para ello, así como fuera del horario establecido.

   14. La venta o intercambio de las capturas obtenidas en el ejercicio de la pesca marítima recreativa.

       ñ) (Suprimida).

   15. La ausencia a bordo, la falta de cumplimentación, así como la cumplimentación incorrecta de los documentos de captura y desembarco exigidos reglamentariamente.

   16. No llevar instalados a bordo los sistemas de control y localización exigibles por la normativa vigente, así como manipularlos, alterarlos, dañarlos o interferir sus comunicaciones.

   17. (Suprimida).

   18. La captura de productos pesqueros mediante buceo salvo que se autorice expresamente.

   19. (Suprimida).

   20. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en virtud de convenios, acuerdos, tratados internacionales o normas establecidas en el seno de las organizaciones regionales de pesca u otras organizaciones internacionales, cuando suponga una vulneración de las medidas de conservación y gestión de los recursos pesqueros.

   21. Utilizar equipos de buceo autónomo o semiautónomo o propulsión subacuática para la práctica de la pesca submarina.

   22. Cargar o mantener cargado el fusil de pesca submarina fuera del agua o dentro de la zona de protección establecida mediante distancias mínimas.

   23. Organizar concursos de pesca de recreo sin autorización o incumpliendo lo establecido en la misma.

3. En lo relativo a la acuicultura:

   1. El cambio de especies en establecimientos de acuicultura sin la debida autorización.

   2. El incumplimiento de las normas de control de producción de los establecimientos de acuicultura.

   3. (Suprimida).

   4. La inmersión o siembra de especies autorizadas, cuando se incumplan las condiciones establecidas en la autorización.

   5. La tenencia, utilización, tráfico e inmersión de especies no autorizadas en establecimientos de acuicultura.

   6. La liberación de organismos al medio sin autorización.

4. En lo relativo a formación:

   1. Impartir enseñanzas en centros no autorizados.

   2. El incumplimiento en las condiciones por las cuales se ha concedido la autorización administrativa para impartir enseñanzas en estas materias.

   3. El incumplimiento de las normas reglamentarias previstas sobre la enseñanza y formación de estas materias.

   4. La presentación de documentos o información falsa para la tramitación de títulos o tarjetas de identificación deportiva.

5. En lo relativo a actividades de buceo:

   1. (Suprimida).

   2. El incumplimiento en las condiciones establecidas en las autorizaciones de los trabajos subacuáticos.

   3. (Suprimida).

   4. (Suprimida).

   5. La posesión de un título deportivo o tarjeta de identificación falso.

Se considera infracción muy grave a los efectos de la presente ley:

1. Con carácter general:

   1. La obtención de un beneficio al que en condiciones normales no hubiese tenido derecho, especialmente en los supuestos de autorización o licencia regulados en la presente Ley, cuando para ello se haya empleado información o documentos falsos.

   2. El uso o tenencia de documentación o elementos identificativos falsificados para el ejercicio de las actividades reguladas por esta norma.

   3. La falta de colaboración u obstrucción, por acción u omisión, de las actuaciones de investigación, inspección, vigilancia o control de las Administraciones públicas competentes, en relación con el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y sus normas de desarrollo impidiendo su ejercicio.

   4. El empleo de violencia contra los inspectores en el ejercicio de sus funciones.

2. En lo relativo a actividades extractivas:

   1. La realización de actividades dirigidas a impedir el derecho al ejercicio de la actividad extractiva de terceros.

   2. El uso de artes o métodos de arrastre en aguas interiores.

   3. El uso o tenencia de explosivos, armas, sustancias tóxicas, venenosas, soporíferas o contaminantes durante el ejercicio de la actividad.

   4. La destrucción o deterioro del entorno marino durante el ejercicio de la actividad extractiva cuando conlleve graves daños para la flora o la fauna.

3. En lo relativo a la acuicultura:

   1. La instalación de establecimientos de acuicultura sin contar el título habilitante que autorice la actividad.

   2. La tenencia, utilización, tráfico e inmersión de especies no autorizadas en establecimientos de acuicultura cuando conlleve graves daños para la flora o la fauna.

4. En lo relativo a formación:

   1. La presentación de documentos o información falsa para la tramitación de títulos o tarjetas de identificación profesional.

   2. El incumplimiento de las medidas de seguridad o de alguno de los requisitos exigidos para la autorización de las actividades de formación.

5. En lo relativo a actividades de buceo:

   1. La realización de trabajos subacuáticos profesionales sin la preceptiva autorización administrativa.

   2. La posesión de un título o tarjeta de identificación profesional falso.

1.  Por la comisión de las infracciones tipificada en esta ley podrán imponerse las siguientes sanciones:

   a) Multa.

   b) Asignación de puntos.

   c) Inmovilización temporal del buque.

   d) Incautación del buque.

   e) Clausura temporal de las instalaciones.

   f) Decomiso de artes, aparejos o útiles de la pesca.

   g) Decomiso de las capturas pesqueras o los productos de la pesca o de los productos o bienes obtenidos en la comisión de las infracciones.

   h) Inhabilitación para el ejercicio de las actividades reguladas en la presente ley.

   i) Suspensión, retirada o no renovación de los títulos habilitantes previstos en la presente ley.

   j) Imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas

2.  Las sanciones recogidas en el apartado anterior podrán ser acumulables.

3.  La imposición de dichas sanciones se realizará de acuerdo con los siguientes requisitos:

   a) Las multas podrán imponerse de acuerdo con las reglas previstas en el artículo 113.

   b) La asignación de puntos se realizará de acuerdo con la normativa en vigor.

   c) La inmovilización temporal del buque no podrá ser superior a un periodo de un año en caso de infracciones graves ni de tres en caso de infracciones muy graves. No cabrá en el caso de infracciones leves.

   d) La incautación del buque sólo podrá imponerse en caso de infracciones muy graves.

   e) La clausura temporal de las instalaciones no podrá ser superior a un periodo de un año en caso de infracciones graves ni de tres en caso de infracciones muy graves. No cabrá en el caso de infracciones leves.

   f) El decomiso de las capturas pesqueras o los productos de la pesca o los productos o bienes obtenidos en la comisión de las infracciones podrá imponerse con independencia de la calificación de la infracción.

   g) La inhabilitación para el ejercicio de las actividades reguladas en la presente ley no podrá ser superior a un periodo de tres años en caso de infracciones graves y de cinco años en caso de infracciones muy graves. No cabrá en el caso de infracciones leves.

   h) La imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas no podrá ser superior a un periodo de tres años en caso de infracciones graves ni de cinco en caso de infracciones muy graves. No cabrá en el caso de infracciones leves.

4.  Con independencia de las multas que puedan corresponder como sanción, el órgano sancionador podrá acordar la imposición de multas coercitivas con arreglo a lo dispuesto en la legislación básica estatal en materia de procedimiento administrativo común, una vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento correspondiente. La cuantía de cada una de dichas multas no superará el veinte por ciento de la multa fijada por la infracción correspondiente.

1.  Para la determinación de las sanciones se tendrán en consideración las siguientes circunstancias:

   a) La naturaleza de los perjuicios causados y daños producidos a los recursos y el medio natural.

   b) Los perjuicios causados al sector profesional.

   c) La puesta en peligro de la salud pública con la comisión de la infracción.

   d) El volumen de capturas o extracciones, su talla y peso.

   e) El beneficio que se pudiese obtener con la comisión de la infracción.

   f) El precio en lonja o de mercado de las especies capturadas, cultivadas, transportadas o comercializadas.

   g) La intencionalidad o negligencia.

   h) La reincidencia, existiendo esta cuando en el plazo de un año se cometa más de una infracción del mismo tipo y calificación, siempre que se haya sido declarado por resolución firme.

   i) La reiteración, existiendo esta cuando se dé el supuesto reglado para la reincidencia y no exista resolución firme.

   j) El grado de colaboración con los inspectores.

   k) Otros criterios o circunstancias debidamente motivados.

2.  En ningún caso la comisión de una infracción de la normativa pesquera puede ser más beneficioso para la persona infractora que el cumplimiento de las normas infringidas. En consecuencia, el importe de las sanciones deberá incrementarse hasta alcanzar como mínimo la totalidad del rendimiento económico estimado o del daño producido atribuido a la actividad sancionada, y hasta el límite máximo de las multas establecidas en el artículo anterior. Si el rendimiento o el daño producido superasen estos límites, se determinará mediante una indemnización diferenciada de la sanción, preferentemente en el mismo procedimiento.

Las infracciones administrativas tipificadas en la presente ley serán sancionadas con multas de acuerdo con la siguiente escala:

a) Las infracciones leves con multa de 100 a 600 euros.

b) Las infracciones graves con multa de 601 a 60.000 euros.

c) Las infracciones muy graves con multa de 60.001 a 100.000 euros.

1.  La cuantía de las multas por las infracciones reguladas en la presente ley se reducirán de conformidad con lo estipulado en el artículo 85 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.  Estas reducciones también se aplicarán en las indemnizaciones si se efectúa el pago en el mismo acto que la multa.

3.  El pago voluntario realizado bajo las condiciones y plazos fijados en la presente Ley, conllevará las siguientes consecuencias:

   a) La terminación del procedimiento sancionador sin necesidad de resolución expresa.

   b) El agotamiento de la vía administrativa, siendo recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

   c) El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo se iniciará el día siguiente a aquél en que tenga lugar el pago voluntario.

   d) La firmeza de la sanción en vía administrativa desde el momento del pago, produciendo plenos efectos desde el día siguiente.

4.  La reducción de la multa por pago voluntario en ningún caso afectará al resto de sanciones accesorias que hayan podido ser impuestas.

1.  La competencia para acordar la iniciación del procedimiento sancionador corresponderá a la persona titular de la dirección general con competencia en la materia.

2.  Son órganos competentes para resolver los expedientes sancionadores:

a) Para infracciones leves y graves la persona titular de la dirección general competente en materia de pesca marítima, marisqueo y acuicultura.

b) Para las infracciones muy graves la persona titular de la consejería competente en materia de pesca marítima, marisqueo y acuicultura.

1.  El plazo máximo para tramitar, dictar y notificar la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador será de seis meses a contar desde la fecha del acuerdo de incoación.

2.  El transcurso de este plazo podrá interrumpirse por causas imputables a las personas interesadas o suspenderse en los supuestos legalmente previstos.

3.  Una vez transcurrido del plazo máximo de seis meses se declarará la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de la posible apertura de un nuevo expediente sancionador en el caso de que no haya prescrito la infracción.

1.  Para asegurar el buen fin del procedimiento y la eficacia de la resolución que definitivamente se dicte, podrán adoptarse motivadamente las siguientes medidas provisionales:

   a) Decomiso de los productos de la pesca, el marisqueo y la acuicultura, o de los bienes obtenidos, incluidos a estos efectos el importe económico de la venta de los bienes o productos decomisados.

   b) Incautación de artes, aparejos, enseres de pesca y marisqueo, vehículos, embarcaciones, equipos u otros accesorios que hayan sido empleados en la comisión de infracciones tipificadas en esta ley como graves o muy graves.

   c) Constitución de fianza. En el supuesto de exigencia de garantía, esta no tiene que superar el importe de la sanción que como máximo podría corresponder por la infracción o las infracciones cometidas.

   d) Cierre temporal de las instalaciones y de los establecimientos.

   e) Suspensión temporal de la licencia o título administrativo habilitante para el ejercicio de la actividad, así como la retención de cualquier medio oficial que identifiquen al infractor como persona autorizada para realizar la actividad.

   f) Retención temporal de la tarjeta profesional náutico-pesquera que habilita para el ejercicio de la profesión de capitán, o patrón, en un barco pesquero.

   g) Suspensión temporal de la actividad o de la actuación que suponga una infracción en materia de conservación del medio marino hasta que se adopten las medidas que garanticen su cese.

   h) Retención o apresamiento del buque.

   i) Retorno a puerto del buque.

   j) Retención temporal de la tarjeta de buceo profesional.

2.  En todo caso se incautarán los aparejos, artes, instrumentos y equipos prohibidos o antirreglamentarios y se procederá al decomiso de los productos obtenidos ilegalmente.

3.  Las medidas provisionales podrán ser adoptadas por los agentes encargados de las funciones de inspección y vigilancia, desde que tengan conocimiento de la comisión de la presunta infracción o por el órgano competente para instruir el expediente administrativo una vez iniciado este.

4.  Las medidas provisionales adoptadas por los agentes encargados de la inspección podrán ser comunicadas de forma verbal, sin perjuicio del deber de reflejar el acuerdo y su motivación de manera inmediata por escrito, dando traslado del mismo a la persona interesada en un plazo máximo de cinco días desde que fueron adoptadas.

5.  El órgano competente para iniciar el procedimiento deberá confirmar, modificar o levantar la medida provisional en el plazo máximo de quince días, acordando el inicio del expediente sancionador, quedando en caso contrario sin efecto la medida provisional.

6.  La adopción de estas medidas se realizará mediante acuerdo motivado, poniendo de relieve en cada caso concreto su necesidad en función de los objetivos que se pretendan garantizar, así como su intensidad y proporcionalidad en relación, entre otras, con las siguientes circunstancias:

   a) Naturaleza del posible perjuicio causado.

   b) Necesidad de garantizar la efectividad de la resolución sancionadora.

   e) Necesidad de evitar la continuidad de los efectos de los hechos denunciados.

   d) Cualquier otra circunstancia de específica gravedad que justifique la adopción de dichas medidas.

7.  Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.

8.  Las medidas provisionales adoptadas se extinguirán al dictarse la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento sancionador. No obstante, en la resolución se adoptarán, en su caso, las disposiciones cautelares precisas para garantizar la eficacia de la misma en tanto no sean ejecutiva.

1.  Los buques, artes o medios de transporte aprehendidos o retenidos cautelarmente podrán ser devueltos previa constitución de la fianza o garantía financiera que fije el órgano competente, no pudiendo exceder del importe de la sanción que pudiera corresponder por la infracción o infracciones cometidas. El plazo para la prestación de la fianza será de un mes desde su fijación, pudiendo ser prorrogado por idéntico tiempo y por causas justificadas. De no prestarse fianza en el plazo establecido, el bien decomisado quedará a disposición de la dirección general competente en razón de la materia, que podrá decidir sobre su ubicación y destino de acuerdo con la legislación vigente.

2.  Los artes, aparejos o útiles, equipos y otros accesorios antirreglamentarios reglamentarios serán destruidos.

3.  El destino de las capturas y/o productos pesqueros decomisados será el siguiente:

   a) Cuando las capturas decomisadas tuviesen posibilidades de sobrevivir, el agente de la autoridad instará a su devolución al medio del cual han sido extraídos.

   b) Cuando las capturas decomisadas sean aptas para el consumo, el órgano competente para la iniciación dispondrá alguno de los siguientes destinos:

   1.  Distribuirse entre entidades benéficas y otras instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro.

   2.  Venderse en lonja o lugar autorizado, quedando el importe de dicha venta en depósito a disposición del órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador.

   3.  Como última opción, y únicamente en los casos en que ninguna de las opciones anteriores sea posible, se categorizarán como subproductos animales no destinados al consumo humano, y se tratarán conforme a la normativa que les sea de aplicación, salvo que en todo caso proceda su destrucción.

   c) En el supuesto de capturas decomisadas no aptas para el consumo, se procederá a su clasificación y tratamiento como subproductos animales no destinados al consumo humano, conforme a la normativa que les sea de aplicación, salvo que en todo caso proceda su destrucción.

4.  Si en la resolución del procedimiento sancionador se aprecia la comisión de una infracción, los objetos decomisados que no sean susceptibles de un uso lícito deben ser destruidos. Si son de uso lícito y la resolución sancionadora no ha establecido su decomiso como sanción accesoria o medida cautelar, se resolverá su devolución.

5.  El importe de los gastos derivados de la adopción de las medidas anteriormente descritas, y especialmente las de destrucción, conservación, mantenimiento y custodia que conlleven las medidas provisionales y las sanciones accesorias, serán de cuenta del imputado si en la resolución del expediente se apreciara la comisión de la infracción.

6.  Si la persona interesada no se hiciera cargo de los bienes decomisados en el plazo de seis meses desde que hubiera sido requerida fehacientemente para ello, haya finalizado el plazo para que pague la fianza sin que haya depositado la misma, o no haya podido ser identificada, se presumirá su abandono, procediendo la consejería competente a determinar su destino, que podrá consistir en su inclusión como bien de la Administración pública, su venta en subasta pública, su entrega a entidades sin ánimo de lucro o de carácter benéfico o en su destrucción.

7.  De todas estas actuaciones se dejará constancia en acta.

1.  Sin perjuicio de la sanción penal o administrativa que en cada caso proceda, la persona infractora está obligada a realizar a su costa las medidas restauradoras que se establezcan en la resolución del expediente con la finalidad de reponer a su estado originario la situación alterada por la infracción.

2.  Si no llevase a cabo estas medidas en el plazo previsto, la Administración pública podrá proceder a la ejecución subsidiaria de las mismas a su costa.

3.  En cualquier caso, el causante deberá indemnizar los daños y perjuicios causados, de conformidad con la valoración realizada por la consejería competente, salvo tasación contradictoria.

En todo lo no previsto por esta ley en materia de infracciones y sanciones, se estará a lo establecido en las normas básicas dictadas por el Estado.