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Decreto 149/2005, de 1 de diciembre , por el que se distribuyen las competencias sancionadoras en materia de infracciones en el orden social.

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Vincent
Sección2 - Autoridades y Personal
EmisorConsejo de Gobierno
Rango de LeyDecreto

Los Reales Decretos 1.900/1996, 1.901/1996 y 1.902/1996, todos de 2 de agosto, aprobaron los traspasos a la Comunidad Autónoma de Cantabria de las funciones y servicios en materia de trabajo, cooperativas, calificación y registro administrativo de sociedades anónimas laborales, programas de apoyo al empleo y seguridad e higiene en el trabajo. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 26.11 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, que atribuye a esta Comunidad Autónoma la competencia ejecutiva en materia laboral.

Por su parte, a través del Decreto 88/1996, de 3 de septiembre, se aceptaron y asumieron las citadas competencias y se atribuyeron a la entonces denominada Consejería de Turismo, Transportes y Comunicaciones e Industria. Finalmente, el Decreto 99/1996, de 26 de septiembre, asignó el ejercicio de las competencias a la Dirección Regional de Trabajo.

Todo ello aconsejó la aprobación de una norma de atribución de competencias sancionadoras en estas materias, a través del Decreto 109/1996, de 30 de octubre, por medio del cual se distribuyeron las competencias de esta naturaleza en materia de trabajo, seguridad e higiene y economía social y se determinó el órgano instructor.

Con posterioridad a estas disposiciones y a través del Real Decreto 1.418/2001, de 14 de diciembre, se traspasó a la Comunidad Autónoma de Cantabria la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación, asumiéndose por la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico las funciones y servicios transferidos por medio del Decreto 2/2002, de 23 de enero.

Además de la mencionada circunstancia y desde la entrada en vigor del antes citado Decreto 109/1996, de 30 de octubre, se sucedieron distintas modificaciones en varias de las disposiciones señaladas en el mismo, razones que justificaron la aprobación de una nueva norma a través del Decreto 64/2002, de 30 de mayo.

Más recientemente, la entrada en vigor de la Ley de Cantabria 1/2003, de 18 de marzo, de creación del Servicio Cántabro de Empleo, ha venido a incidir en esta situación, al atribuir al citado organismo la gestión de las políticas de empleo y formación de la Comunidad...

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