Ley de Vivienda Protegida de Cantabria. (Ley 5/2014, de 26 de diciembre)

La presente ley tiene por objeto fomentar el acceso a la vivienda en el ámbito territorial dela Comunidad Autónoma de Cantabria regulando el régimen jurídico, las actuaciones administrativas en materia de vivienda protegida y la emergencia habitacional.

1. Es vivienda protegida aquella que, cumpliendo los requisitos y condiciones de uso, destino, precio y superficie establecidos por la presente ley y en sus disposiciones de desarrollo,es calificada como tal por un acto administrativo dictado por el órgano competente en materiade vivienda.

2. Pueden ser además objeto de protección, en los términos que se establezcan por lasdisposiciones que desarrollen la presente ley:

   1. Los terrenos y obras de urbanización necesarias para llevar a cabo la construcción de lasviviendas protegidas, los locales comerciales, garajes, anejos, trasteros y otros elementos dela vivienda.

   2. Aquellos alojamientos que constituyan fórmulas intermedias entre la vivienda individualy la colectiva, como residencias de estudiantes, de deportistas, apartamentos tutelados o alojamientos asistidos para personas de la tercera edad, personas dependientes u otros colectivoscuyas características lo hagan aconsejable.

3. A efectos de la presente ley, la denominación de vivienda protegida incluye también elresto de los elementos protegidos vinculados a ella.

1. Podrán ser propietarios de las viviendas protegidas:

   1. Las personas físicas que las adquieran mortis causa o que en el momento de su adquisición, inter vivos, reúnan las condiciones para ser usuarias de ellas.

   2. Las Administraciones Públicas y cualesquiera organismos públicos y entidades de Derecho Público o Privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas.

   3. Las fundaciones y las asociaciones declaradas de utilidad pública.

   4. Las asociaciones, organizaciones no gubernamentales y demás entidades privadas, sin ánimo de lucro, inscritas en el registro de asociaciones de Cantabria, que desarrollen su actividad en ayuda a colectivos vulnerables que precisen de tutela especial.

   5. El resto de personas jurídicas privadas.

2. Únicamente las personas físicas podrán ser usuarias de las viviendas protegidas.

3. También podrán ser cesionarios, usufructuarios y arrendatarios los sujetos comprendidos en las letras b), c), d) y e) del apartado 1, para destinarlas al alojamiento de personas pertenecientes a colectivos vulnerables que precisen de tutela especial.

1. Los usuarios de las viviendas protegidas deberán cumplir además de los requisitos económicos y personales que se establezcan, los siguientes:

   1. Carecer de una vivienda en propiedad.

   2. No ostentar la titularidad de un derecho real de goce o disfrute vitalicio sobre una vivienda.

   3. Estar debidamente inscritos en el Registro de demandantes de viviendas protegidas de Cantabria.

2. Excepcionalmente podrán ser usuarios de las viviendas quienes no cumpliendo las condiciones establecidas en los apartados a) y b) anteriores, se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

   1. Haber sido privados del derecho a usar la vivienda como consecuencia de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial, siempre que se encuentren al corriente de pago de las pensiones alimenticias y compensatorias.

   2. Que la vivienda esté sujeta a expediente de expropiación forzosa.

   3. Que la vivienda esté afectada por actuaciones de emergencia o remodelaciones urbanas que hayan implicado la pérdida del uso de la vivienda.

   4. Que se encuentren en situación de emergencia habitacional o en cualquier otra situación de vulnerabilidad que precise de tutela especial.

3. El Gobierno mediante decreto establecerá los requisitos económicos de los usuarios de las viviendas, niveles de renta y, en su caso, los coeficientes de ponderación.

4. El Gobierno mediante decreto podrá regular otras situaciones excepcionales que justifi- quen exonerar a los usuarios de las viviendas del cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados 1.a) y 1.b) de este artículo.

5. Las normas que establezcan los requisitos económicos de los usuarios de las viviendas podrán determinar la ponderación de los ingresos familiares aplicando coeficientes en función del número de miembros de la unidad familiar, la edad, existencia de personas con discapacidad en la misma y otros factores que se estimen oportunos, teniendo en cuenta criterios de progresividad en su determinación.

1. Las viviendas protegidas deberán destinarse a domicilio habitual y permanente de sus propietarios o de los titulares de los negocios jurídicos que, habiendo sido autorizados, confi eren a su titular el derecho a establecer en la vivienda su domicilio habitual y permanente.

2. La ocupación de las viviendas protegidas deberá efectuarse en el plazo de seis meses a contar desde su adquisición salvo que medie autorización para no ocupar temporalmente la vivienda. Dicho plazo se contará a partir de la fecha de notificación de la calificación definitiva cuando se trate de viviendas promovidas para uso propio.

3. Es domicilio habitual aquel que es ocupado de forma efectiva por sus usuarios. Se entenderá que existe habitualidad cuando la vivienda permanezca ocupada más de seis meses seguidos en el término de un año, salvo que medie autorización para no ocupar temporalmente la vivienda.

4. Es domicilio permanente aquel que constituye la residencia de su usuario.

5. La vivienda no perderá el carácter de domicilio permanente por el hecho de que cualquier miembro de la familia o unidad de convivencia ejerza en ella una profesión u oficio, siempre que dicha actividad sea compatible con el uso residencial y se cumplan las condiciones y requisitos que se establezcan. El inicio del ejercicio de la actividad se comunicará en el plazo de un mes a la dirección general competente en materia de vivienda mediante una declaración responsable.

6. La declaración responsable a la que se refiere el apartado anterior no exime a la persona interesada de recabar los restantes permisos, licencias o autorizaciones contemplados en la normativa aplicable.

7. Las viviendas protegidas no pueden subarrendarse total o parcialmente, salvo en el supuesto previsto en el apartado 3 del artículo 3, ni destinarse a segunda residencia o a otros usos incompatibles con la vivienda.

1. El órgano competente en materia de vivienda podrá autorizar que una vivienda protegida no permanezca ocupada por un plazo máximo de dos años, por las siguientes causas debidamente acreditadas:

   1. Motivos laborales o de estudios.

   2. Enfermedad del legítimo ocupante de la vivienda que requiera ayuda para realizar los actos diarios de la vida cotidiana.

   3. Enfermedad grave de un familiar hasta el segundo grado de consaguinidad o afinidad que requiera ayuda para realizar los actos diarios de la vida cotidiana.

   El plazo podrá ampliarse como máximo un año más, de forma extraordinaria, cuando dentro del segundo año de no ocupación de la vivienda se ponga de manifiesto que por circunstancias que no pudieron ser previstas inicialmente, la causa que motivó la autorización persiste y que finalizará dentro de dicho plazo extraordinario de un año.

2. Las causas que motiven la solicitud de autorización administrativa para no ocupar temporalmente una vivienda protegida deben concurrir en la persona que la solicite con posterioridad a la fecha en que se hubiera formalizado el contrato de compraventa o arrendamiento de la vivienda.

3. Las solicitudes para no ocupar temporalmente una vivienda protegida deberán resolverse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa se entenderá estimada la solicitud de autorización.

4. No podrá otorgarse una nueva autorización hasta transcurridos tres años desde el fin del plazo máximo de desocupación, incluido el período extraordinario de prórroga.

5. Por acuerdo del Gobierno podrán establecerse causas extraordinarias que justifiquen la autorización para no ocupar temporalmente la vivienda o periodos distintos a los establecidos en los apartados anteriores. El acuerdo se publicará en el "Boletín Oficial de Cantabria?.

6. No será necesaria la autorización cuando el propietario de la vivienda ceda temporalmente el usufructo de ella a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria para que pase a formar parte del parque público de vivienda.

1. Los precios de venta y renta de las viviendas protegidas y demás elementos que se declaren protegidos se fijarán y revisarán por acuerdo del Gobierno.

2. La sujeción a un precio o valoración máximos afecta a todos los elementos protegidosestén o no vinculados a la vivienda.

3. Siempre que la presente ley haga referencia al precio máximo de las viviendas, habrá deentenderse que la expresión se refiere también a la valoración máxima y al precio y valoraciónmáximos de todos los elementos protegidos.

4. Durante la vigencia del régimen de protección cualquier acto de disposición de viviendasprotegidas o de derecho sobre ellas estará sujeto a un precio máximo.

5. Cuando por su naturaleza, el acto de disposición carezca de precio, estará sujeto a unavaloración máxima.

6. Queda prohibida la percepción de sobreprecios, cantidades o primas de cualquier especie, superiores a los precios máximos, incluso por mejoras, obras o instalaciones complementarias distintas a las que figuren en el proyecto de obra de la referida vivienda. Esta prohibiciónse extiende al mobiliario que se integre o se sitúe en la vivienda.

7. Son nulas las cláusulas y disposiciones que establezcan precios superiores a los máximos autorizados. En estos casos, se entiende que la transmisión se ha efectuado por el preciomáximo permitido. Si el adquirente, arrendatario o cesionario abona cantidades superiores alprecio máximo tiene derecho a reclamar su devolución.

8. A los únicos efectos previstos por esta ley, el precio máximo no incluye los impuestos quegraven el negocio jurídico que se celebre.

1. El módulo básico autonómico es la cuantía en euros por metro cuadrado de superficie útilque sirve de referencia para la determinación de los precios máximos.

2. El módulo básico autonómico se establece por acuerdo del Gobierno que podrá delimitarámbitos territoriales de precio máximo superior.

3. El acuerdo del Gobierno se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria.

El valor de los terrenos destinados a la promoción de vivienda protegida se determinarámediante decreto del Gobierno teniendo en cuenta el precio máximo de venta de las viviendasprotegidas y demás elementos protegidos y el coste de las obras de urbanización.

1. La superficie útil máxima de las viviendas protegidas es de noventa metros cuadrados.Dicha superficie no incluye la del resto de los elementos protegidos vinculados a ellas.

2. A los efectos de determinar el precio máximo de venta, la superficie útil máxima de losgarajes será de veinticinco metros cuadrados y la de los trasteros de ocho metros cuadrados.

3. Mediante decreto podrán establecerse superficies de vivienda superiores a la señaladaen el apartado 1 de este artículo, cuando lo demanden las medidas de protección de colectivosespecialmente protegidos o el desarrollo y ejecución de programas específicos de viviendaprotegida.

1. La duración del régimen de protección relativo al uso, conservación y aprovechamientode las viviendas protegidas será de treinta años a partir de la calificación definitiva como vivienda protegida, con las siguientes excepciones:

   1. Cuando el suelo sobre el que se sustente la promoción haya sido adquirido por cualquiertítulo, oneroso o gratuito, de una Administración pública y la promoción o las viviendas no hayan obtenido subvenciones públicas, el régimen de protección durará veinte años.

   2. Cuando el suelo sobre el que se sustente la promoción no haya sido adquirido por cualquier título, oneroso o gratuito, de una Administración pública y la promoción o las viviendasno hayan obtenido subvenciones públicas, el régimen de protección durará diez años.

2. Mediante decreto se podrán establecer períodos distintos de duración del régimen deprotección.

1. La calificación es el acto administrativo por el que se declara que una vivienda o un grupode viviendas satisfacen los requisitos exigidos para las viviendas protegidas establecidos porla presente ley y sus disposiciones de desarrollo. La calificación se otorga a los únicos efectosde comprobar el cumplimiento de la normativa específica en materia de vivienda protegida.

2. La calificación puede ser provisional o definitiva.

3. El órgano competente en materia de vivienda habrá de dictar resolución expresa sobrela calificación provisional o definitiva, y notificarla a la persona interesada en el plazo máximode tres meses, a contar desde la fecha en que la solicitud hubiera entrado en un registro dela consejería con competencia en materia de vivienda. Transcurrido el mismo plazo sin que sehaya notificado resolución expresa, la solicitud de calificación se entenderá desestimada.

4. La calificación establecerá el régimen de uso de las viviendas protegidas. Las viviendasprotegidas pueden calificarse para uso propio, venta o arrendamiento con o sin opción de compra u otras formas que permitan la cesión de uso.

5. El cambio de uso establecido en la calificación requiere autorización de la consejeríacompetente en materia de vivienda. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones para la modificación del uso establecido en la calificación.

6. La celebración de negocios jurídicos de los que se derive el cambio de titularidad de lacalificación de viviendas protegidas requiere la previa autorización de la consejería competenteen materia de vivienda.

7. Las autorizaciones a las que se refieren los dos apartados precedentes deberán resolverse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificadoresolución expresa, la solicitud de autorización se entenderá estimada.

La calificación provisional es la resolución administrativa que declara que una concreta promoción de viviendas tiene las características y cumple las condiciones exigibles, determinando,al menos, el número y tipo de viviendas y en su caso, los terrenos y obras de urbanización, loslocales comerciales, garajes, anejos, trasteros y otros elementos de la vivienda, el régimen deuso, el plazo de terminación de las obras y el precio máximo por metro cuadrado de superficieútil.

1. La calificación definitiva es la resolución administrativa en virtud de la cual las viviendasquedan sometidas al régimen de viviendas protegidas.

2. Una vez otorgada la calificación definitiva no podrán ejecutarse obras que infrinjan lasordenanzas técnicas y normas constructivas exigidas para otorgar la calificación.

3. En la calificación definitiva constará el precio máximo de las viviendas protegidas.

4. La calificación definitiva se hará constar en el registro de la propiedad por nota marginalde la inscripción de la obra nueva, con expresión de sus circunstancias esenciales, especialmente el plazo de duración del régimen de protección.

5. Los notarios no podrán autorizar escrituras públicas que documenten la transmisión deviviendas protegidas con anterioridad al otorgamiento de la calificación definitiva.

6. No se podrán ocupar las viviendas ni contratar definitivamente los suministros de agua,gas o electricidad sin haber obtenido previamente la calificación definitiva.

1. La denegación de la calificación definitiva determinará que los adquirentes de las viviendas puedan optar entre:

   1. Ejecutar la garantía otorgada conforme a la legislación sobre percepción de cantidadesanticipadas en la construcción y venta de viviendas.

   2. Solicitar a la dirección general competente en materia de vivienda, en el plazo de tresmeses desde la denegación de la calificación definitiva, la rehabilitación del expediente a sufavor, siempre que medie contrato de compraventa o cantidades entregadas a cuenta. Cuandola causa de denegación haya sido la falta de terminación de las obras o la existencia de deficiencias en la construcción, todos los adquirentes se comprometerán a terminar las obras o asubsanar las deficiencias que impidieron la obtención de la calificación definitiva.

2. La solicitud de rehabilitación del procedimiento no supone renuncia a las acciones judiciales que pudieran corresponder a los adquirentes de las viviendas, ni eximen de la responsabilidad administrativa que deberá ser exigida en cualquiera de los casos.

1. Las viviendas protegidas solo pueden descalificarse, de oficio o a instancia de parte, por razones de interés público vinculadas a las necesidades de la política de vivienda apreciadas por el órgano competente.

2. La descalificación de las viviendas protegidas comportará el previo reintegro de las ayudas económicas percibidas y del importe de las exenciones y bonificaciones tributarias, incrementadas con los intereses legales procedentes.

3. El procedimiento de descalificación se resolverá en el plazo de tres meses. Una vez transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, la solicitud de descalificación se entenderá desestimada.

4. La resolución de descalificación será presentada en el Registro de la Propiedad para la cancelación de las notas marginales relativas al régimen de protección.

5. Las viviendas calificadas como viviendas protegidas de promoción pública no pueden ser objeto de descalificación.

1. Pueden ser promotores de viviendas protegidas las Administraciones públicas o sus entidades de Derecho público o privado vinculadas o dependientes de ellas y las personas físicas o jurídicas privadas que no se encuentren incursas en inhabilitación para promover viviendas protegidas.

2. Las viviendas protegidas pueden ser de promoción pública o privada.

3. Son de promoción pública aquellas viviendas que sean promovidas sin ánimo de lucro por una administración pública o por entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ella.

4. Son de promoción privada las viviendas promovidas por una persona física o jurídica distinta de las señaladas en el apartado anterior.

5. La promoción de viviendas protegidas conlleva la obligación del promotor de ejecutar las obras que se ordenen por el órgano competente en materia de vivienda para la reparación de los vicios o defectos de la construcción que se manifiesten en los cinco años siguientes a la calificación definitiva, sin perjuicio de lo previsto en la legislación civil aplicable.

Son promotores de viviendas protegidas para uso propio las personas físicas individualmente consideradas o agrupadas en cooperativas de vivienda, comunidades de propietarios ocualquier otra entidad cuyos estatutos determinen que sus socios o partícipes resulten adjudicatarios o arrendatarios de las viviendas, que decidan, impulsen, programen y financien, conmedios propios o ajenos, la construcción de viviendas protegidas destinadas a satisfacer sunecesidad de vivienda o la de sus socios o partícipes.

1. Los promotores de viviendas expondrán en la finca en que tenga lugar su construcción,en sitio visible desde la vía pública y durante todo el período en que se informe o publicite suconstrucción, su venta o su alquiler un cartel informativo de la sujeción de las viviendas alrégimen de viviendas protegidas, indicando, al menos, el número de calificación provisional odefinitiva.

2. En la publicidad de las viviendas protegidas en las que se pretenda la percepción decantidades a cuenta con anterioridad a la iniciación de las obras o durante el período de construcción, se hará constar la entidad garante y las bancarias en las que habrán de ingresarselas cantidades anticipadas en cuenta especial.

3. La publicidad para la venta o arrendamiento de las viviendas protegidas contendrá lainformación relativa a su naturaleza de viviendas protegidas y el número de calificación provisional o definitiva.

4. Los edificios de viviendas protegidas ostentarán en lugar visible y próximo al dintel de lapuerta o puertas de acceso del edificio una placa metálica que identifique las viviendas comoprotegidas, e informe, al menos, del número de expediente de calificación definitiva, segúnmodelo aprobado por orden del consejero con competencia en materia de vivienda.

1. La consejería con competencia en materia de vivienda podrá establecer los procedimientos necesarios para la adjudicación de las viviendas protegidas con el fin de garantizar que elacceso a las mismas sea a favor de aquellas personas que cumpliendo los requisitos exigidos,más lo necesiten.

2. Los procedimientos de adjudicación estarán presididos por los principios de concurrenciay publicidad.

3. Asimismo se podrán establecer los criterios de valoración necesarios para regular el acceso a las viviendas protegidas atendiendo a la situación socio-familiar.

4. En cada procedimiento de adjudicación podrán reservarse viviendas para ser adjudicadasa quienes formen parte de alguno de los colectivos de especial protección que reglamentariamente se determinen.

5. A los efectos anteriores, se crea el registro de demandantes de vivienda protegida deCantabria. Mediante decreto se regularán al menos su contenido y actualización, el órganoresponsable del registro y el acceso al mismo.

1. Las viviendas protegidas pueden ser objeto de compraventa, arrendamiento, o cualesquiera otros negocios jurídicos que permitan su ocupación o uso, en los términos previstos enla presente ley.

2. Los contratos de compraventa, arrendamiento o cualesquiera otros por los que se transmita la propiedad o el uso de las viviendas protegidas deberán formalizarse por escrito. Losdocumentos en los que se formalicen y las escrituras públicas que los recojan deberán contener las cláusulas que al efecto se establezcan por la consejería con competencia en materiade vivienda.

3. Los negocios jurídicos por los que se transmita la propiedad o el uso de las viviendas protegidas no podrán imponer la exigencia de adquisición de un anexo no vinculado a la viviendao de una superficie que no esté sujeta a la calificación.

4. Mediante decreto del Gobierno se regulará el registro de viviendas protegidas de Cantabria en el que constarán al menos la situación de ocupación y uso de las viviendas protegidas.

1. Las escrituras públicas, los contratos privados de compraventa, arrendamiento o cualesquiera otros negocios jurídicos que permitan la ocupación o uso de las viviendas protegidas,deben someterse a la autorización o visado de la consejería con competencia en materia devivienda, en los términos y condiciones que establezcan sus disposiciones de desarrollo.

2. Los documentos a los que se refiere el apartado anterior una vez formalizados deberánser presentados ante la consejería con competencia en materia de vivienda en el plazo de unmes desde su celebración.

3. No podrán formalizarse en escritura pública los contratos privados de compraventa,arrendamiento o cualesquiera otros negocios jurídicos que permitan la ocupación efectiva ouso de las viviendas protegidas, que no hayan obtenido la autorización o el visado de la consejería con competencia en materia de vivienda.

4. Los registradores de la propiedad no podrán inscribir en el Registro de la Propiedad ninguna escritura pública que no haya obtenido la autorización o el visado referidos en el apartadoanterior.

5. El incumplimiento de estas normas se pondrá en conocimiento del colegio correspondiente y de la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia a losefectos oportunos.

6. El órgano competente en materia de vivienda deberá resolver las solicitudes de autorización o visado y notificar a los interesados en el plazo de dos meses. Transcurrido dicho plazosin que se haya notificado resolución expresa, ésta se entenderá favorable.

7. Serán nulos los negocios jurídicos que no hayan obtenido la autorización o visado de laconsejería con competencia en materia de vivienda.

1. Los promotores o gestores de la promoción de viviendas protegidas que pretendan obtener de los adquirentes, adjudicatarios o cesionarios por cualquier título, entregas de dineroantes de iniciar la construcción o durante la misma, deberán solicitar la previa autorización delórgano competente en materia de vivienda.

2. La autorización habrá de otorgarse en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente en materia de vivienda. Transcurrido dicho plazosin que haya sido notificada la resolución, se entenderá denegada por silencio administrativo.

1. La compraventa de viviendas protegidas de nueva construcción será elevada a escriturapública en el plazo máximo de tres meses desde el requerimiento de cualquiera de las partescontratantes. El promotor formulará el requerimiento para la firma de las escrituras en el plazode un mes desde la notificación de la calificación definitiva.

2. La obligación prevista en el apartado anterior no será exigible cuando quede acreditadoque están pendientes de resolver ante la jurisdicción ordinaria u organismos de arbitraje omediación, controversias entre las partes relacionadas con las obligaciones derivadas del contrato.

1. Podrán establecerse limitaciones y prohibiciones a la facultad de disposición de las viviendas y alojamientos protegidos en las normas que establezcan medidas fomento, ayudas osubvenciones para su promoción o adquisición.

2. Las limitaciones y prohibiciones de disponer constarán en los títulos que documenten lacompraventa, la adjudicación o la obra nueva en el supuesto de promoción individual para usopropio. Las limitaciones y prohibiciones de disponer constarán en el registro de la propiedadmediante nota marginal.

1. La Comunidad Autónoma de Cantabria ostenta un derecho de tanteo y retracto sobretodas las viviendas protegidas, en segundas y posteriores transmisiones, ejercitable mientrasse mantenga el régimen de protección.

2. No se podrán ejercer los derechos de tanteo y retracto en los supuestos de que la transmisión se produzca entre personas con parentesco por consanguinidad hasta el tercer grado, oentre cónyuges o miembros de parejas de hecho legalmente constituidas. Tampoco se podránejercer en las transmisiones a título gratuito entre ascendientes o descendientes en cualquiergrado, incluidos pactos sucesorios.

3. El precio del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto sobre las viviendas no podráser superior al precio máximo legalmente aplicable.

4. Los titulares de viviendas protegidas deberán comunicar al órgano competente en materia de vivienda la decisión de transmitirlas, expresando el precio y forma de pago proyectados,las condiciones esenciales de la transmisión, los datos del interesado en la adquisición y elconsentimiento expreso de éste para que el órgano competente en materia de vivienda compruebe el cumplimiento de las condiciones exigidas para acceder a la vivienda.

5. El plazo del ejercicio del derecho de tanteo es de cuatro meses desde que el órganocompetente en materia de vivienda notifique al vendedor su intención de ejercitarlo y en todocaso en el plazo de seis meses desde que se solicite la autorización de transmisión o se tengaconocimiento fehaciente de la realización de la transmisión de la vivienda.

6. La Comunidad Autónoma de Cantabria puede ejercer el derecho de retracto siempre queno se hubiese comunicado la decisión de transmitir la vivienda, que se omitiera en ella algunode los requisitos exigidos por la legislación aplicable, o que el precio efectivo de la transmisiónde la vivienda sea inferior al comunicado.

7. El plazo del ejercicio del derecho de retracto es de cuatro meses desde que el órganocompetente en materia de vivienda tenga conocimiento fehaciente de la realización de latransmisión de la vivienda.

8. Corresponderá a la consejería competente en materia de vivienda el ejercicio de losderechos de adquisición preferente, que se atribuyen en esta ley a la Administración de laComunidad Autónoma de Cantabria sobre viviendas protegidas.

9. La competencia para la firma de los documentos, públicos o privados, que hayan deotorgarse en ejercicio de las anteriores facultades, se atribuye al consejero competente enmateria de vivienda.

10. El procedimiento de ejercicio de los derechos de tanteo y retracto será establecido porlas disposiciones que desarrollen la presente ley.

La programación pública en materia de vivienda tendrá por objeto crear las condicionesnecesarias para que todos los ciudadanos, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, puedan disfrutar de una vivienda digna y adecuada, sea en el medio urbano o en elmedio rural, especialmente los que más dificultades tengan para ello, contribuyendo a corregir los desequilibrios existentes en el mercado y ampliar la oferta de viviendas destinadas alarrendamiento.

La consejería competente en materia de vivienda elaborará un Plan de Vivienda de Cantabria, cuya aprobación corresponderá al Gobierno.

1. Para la elaboración del Plan se recabarán los informes, estudios y consultas que se estimen convenientes.

2. En el procedimiento de elaboración del Plan se recabará la participación de los agenteseconómicos y sociales más representativos. Igualmente, será oída la asociación de municipiosde mayor implantación en la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como otras organizaciones cuyos fines guarden relación directa con el objeto del Plan.

1. El Plan tendrá los siguientes contenidos mínimos:

   1. Análisis y evolución del sector y, en su caso, resultados procedentes de los planes anteriores.

   2. Objetivos y prioridades, así como su distribución territorial.

   3. Definición de las distintas actuaciones públicas protegibles.

   4. Previsión de financiación, modalidades de ayudas autonómicas así como gestión de lasayudas estatales.

   5. Condiciones de acceso a las actuaciones protegidas recogidas en el Plan.

   6. Medidas complementarias necesarias para alcanzar los objetivos fijados.

   7. Periodo de aplicación del Plan y programación anual.

   8. Medidas para el seguimiento, aplicación y evaluación del Plan.

2. En cumplimiento de las políticas de inclusión social, el Plan podrá establecer programasde actuación y líneas de colaboración con otras administraciones públicas o con entidades sinánimo de lucro que lleven a cabo actividades y programas de carácter social para que puedandisponer de viviendas y destinarlas a personas que requieran especial atención por sus circunstancias personales, económicas o sociales.

La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria podrá exigir a los usuarios porcualquier título de las viviendas de su propiedad, la formalización a su cargo de una pólizade seguro que cubra los desperfectos a la vivienda y a sus anejos, y los daños por lesiones ydeterioros que se puedan ocasionar.

La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria podrá resolver los contratos,cualquiera que sea su naturaleza jurídica, sobre bienes integrantes del patrimonio en materiade vivienda protegida y suelo por las siguientes causas:

1. La falta de pago de las cantidades pactadas en los contratos o negocios jurídicos, asícomo de las cantidades que sean exigibles por servicios, gastos comunes o cualesquiera otrasestablecidas en la legislación vigente.

2. El incumplimiento del destino de la vivienda a domicilio habitual y permanente o la ocupación de la misma por personas ajenas a la unidad familiar sin haber obtenido la preceptivaautorización administrativa.

3. El destino a un uso indebido o no autorizado.

1. Una vez llegue a conocimiento de la consejería competente en materia de vivienda laexistencia de hechos que pudieran dar lugar a la resolución del contrato, ésta llevará a cabolas actuaciones previas necesarias para determinar la procedencia de inicio del procedimientopara declarar la resolución del contrato.

2. El acuerdo de inicio del procedimiento se notificará al titular del contrato para que en elplazo de quince días formule alegaciones. Si la causa de resolución fuese la falta de pago de lascantidades a las que viniera obligado en virtud del contrato, se le otorgará un plazo de un mespara que regularice la situación. En este caso, la notificación del acuerdo de inicio suspenderáel plazo para resolver el procedimiento por un tiempo igual al otorgado para la regularizacióndel pago.

3. En el procedimiento para la resolución del contrato se tendrán en cuenta la gravedad delimpago y las circunstancias personales y familiares del titular del contrato.

4. Se otorgará audiencia al interesado acerca de la propuesta de resolución que se dicte.

5. El vencimiento del plazo de un año desde el inicio del procedimiento sin que se haya notificado su resolución determina la caducidad del mismo, que se declarará de oficio.

Excepcionalmente, a petición de la persona interesada, en los casos de imposibilidad objetivamente acreditada de pago de las cantidades previstas en el contrato, se podrán concederaplazamientos y fraccionamientos conforme a las condiciones que reglamentariamente se determinen.

1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria podrá ejercer la potestad dedesahucio administrativo frente a los ocupantes de los bienes integrantes del patrimonio enmateria de vivienda protegida y suelo cuyo contrato haya sido declarado resuelto, y frente alos ocupantes que carezcan de título legal para ello.

2. La resolución por la que se acuerde el ejercicio de la potestad de desahucio otorgará elplazo de un mes para proceder a la desocupación voluntaria y la entrega del bien. Dicho plazopodrá prorrogarse, excepcionalmente, por un mes más.

3. El ejercicio de la potestad de desahucio se llevará a cabo con las garantías establecidasen las normas procesales.

1. La Comunidad Autónoma de Cantabria creará un parque público de vivienda destinado preferentemente al arrendamiento para personas con dificultades de acceso a una vivienda, a las que exigirá una renta en función de su nivel de ingresos. Dicho parque se constituirá:

   1. Con las viviendas obtenidas en virtud del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, y como consecuencia de la resolución de contratos conforme a las disposiciones de esta ley.

   2. Con las viviendas que pueda adquirir o promover la Comunidad Autónoma de Cantabria con esta finalidad.

   3. Con las viviendas cuya titularidad o cuyo uso corresponda a la Comunidad Autónoma de Cantabria por cualquier causa y no tengan otro destino.

   4. Con cualesquiera otras viviendas de titularidad pública o privada provenientes de acuerdos, contratos o convenios con particulares y entidades públicas o privadas que cedan el usufructo de ellas a la Comunidad Autónoma de Cantabria para que ésta las destine al arrendamiento.

2. Mediante orden del titular de la Consejería con competencia en materia de vivienda podrán establecerse porcentajes de reserva de viviendas, integrantes del parque público, para la atención de colectivos en riesgo de exclusión social.

1. A los efectos de esta ley, se consideran en situación de emergencia habitacional las personas y unidades familiares que tengan su domicilio fiscal en Cantabria y se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

   1. Sobreendeudadas de buena fe que carezcan de recursos suficientes para hacer frente al pago de sus deudas y hayan sido lanzadas de su vivienda o se encuentran en riesgo inminente de serlo, en virtud de una orden judicial o venta extrajudicial.

   2. Que estén habitando en infraviviendas o en inmuebles no destinados a vivienda o que carezcan de cédula de habitabilidad y no reúnan las condiciones mínimas para su obtención.

   3. Que hayan perdido su vivienda por circunstancias anormales sobrevenidas e involuntarias, tales como incendios no intencionados, declaración de ruina inminente, o fenómenos naturales o metereológicos adversos.

2. La consideración en situación de emergencia habitacional exige que las personas o unidades familiares afectadas carezcan de otra vivienda en propiedad o que, teniéndola, no dispongan del uso y disfrute de ella.

3. Además de los supuestos previstos en el apartado 1, el Gobierno mediante Decreto podrá regular otras situaciones de emergencia habitacional.

La Comunidad Autónoma de Cantabria se dotará de un Fondo de Emergencia Habitacional con cargo a sus Presupuestos Generales con objeto de establecer mecanismos destinados a resolver las situaciones de emergencia habitacional que se pudieran producir en Cantabria.

Para hacer frente a las situaciones de emergencia habitacional se establecerán medidas con cargo al Fondo de Emergencia Habitacional que podrán consistir en:

1. La creación, dotación y mantenimiento de una Oficina de Intermediación Hipotecaria y de Emergencia Habitacional de ámbito autonómico, destinada a intermediar en la búsqueda de soluciones para las familias en situación de emergencia habitacional.

2. La concesión de ayudas para personas, familias o unidades de convivencia en situación de emergencia habitacional en Cantabria.

3. La promoción, adquisición, gestión y mantenimiento de las viviendas que integren el parque público de viviendas en alquiler.

1. La Oficina de Intermediación Hipotecaria y Emergencia de Habitacional será dependiente de la Consejería competente en materia de vivienda y se conforma como un servicio gratuito de información, asesoramiento y soporte a las personas que tienen dificultades para hacer frente a los pagos de los préstamos hipotecarios o de la renta de alquiler que han perdido o están en riesgo de perder su vivienda habitual por este motivo, así como a las que se encuentren o se puedan encontrar en situación de emergencia habitacional.

2. Son objetivos de la Oficina de Intermediación Hipotecaria y de Emergencia Habitacional los siguientes:

1. Plantear medidas correctoras que permitan mantener el pago de las cuotas y eviten los procesos de ejecución hipotecaria.

2. Negociar medidas que faciliten que las personas afectadas puedan conservar la propiedad o el uso de la vivienda.

3. Evitar, siempre que sea posible, los lanzamientos derivados de la falta de pago facilitando, en su caso, la consecución de acuerdos de compensación o dación en pago de la vivienda habitual y su arrendamiento al usuario mediante el pago de un alquiler social.

4. Orientar, asesorar y dar soporte en la tramitación de las ayudas previstas en el artículo siguiente.

La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria establecerá ayudas directas de carácter urgente para personas, familias o unidades de convivencia para paliar situaciones de emergencia habitacional que tendrán las siguientes características:

1. Las bases reguladoras de las subvenciones se establecerán mediante Orden aprobada por el Consejero competente en materia de vivienda.

2. Se concederán de forma directa.

3. El procedimiento para su concesión será el de tramitación de urgencia.

4. Serán compatibles con otras subvenciones o ayudas siempre que el importe total no supere el coste de la actividad subvencionada. Cuando la suma de todas las ayudas o subvenciones supere el coste de la actividad subvencionada, la ayuda de emergencia habitacional será complementaria y su importe se minorará hasta llegar al coste total de la actividad subvencionada.

5. Las bases reguladoras podrán exceptuar a los beneficiarios, del cumplimiento de las letras b), e), g) y h) del apartado segundo del artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.